A partir del lunes comenzarán las reuniones de Junta, Gobierno y sectores afectados por la situación que vive el Parque Nacional; los ayuntamientos de la zona celebran la llegada de recursos mientras que los regantes ilegales son escépticos con el acuerdo. Los ecologistas piden que el acuerdo de 2014 (por el que se legalizaron ya entonces muchos regadios) sea el marco legal al que referirse en las actuaciones. Piden que las inversiones vayan destinadas a un cambio del modelo productivo en la zona, en vez de a indemnizaciones.
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