El equipo de Gobierno del PP incrementó hasta en un 26% el pago a las compañías a las que había contratado apenas seis meses antes para atender a personas dependientes y mayores en los pueblos de la provincia, aduciendo que en el contrato se había estimado mal el tiempo de atención, con un desorbitado desfase de más de 100.000 horas al año de diferencia.
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