El problema viene de lejos y los ejemplos abundan. Entidades poderosas, con enormes recursos financieros, demandan sin fundamento a medios de comunicación independientes, ONG o incluso académicos y les exigen sumas astronómicas de dinero con el único fin de amedrentarles. El acuerdo obliga a España a legislar contra la utilización de los tribunales para callar a la prensa, pero sólo si son transfronterizas. Queda en manos de cada país aplicar el mismo principio sin salir de sus fronteras para salvaguardar la crítica y la participación activa.
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