Traficaban con cientos de datos personales y laborales de carácter reservado de desempleados de toda España y cobraban cada informe a precios de 10 a 25 euros.el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año y 9 meses de cárcel para ese intermediario que hacía gestiones de cobro. Lo consideraron un cooperador necesario. Fue absuelto de cohecho (soborno).
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