Desde 2015, los miembros del órgano judicial deberían notificar sus bienes previa actualización del reglamento interno de la institución, pero ese paso nunca se ha dado. Dos años antes, el gobierno de M. Rajoy había eliminado la cláusula de la ley del Poder Judicial, que impedía compaginar la pertenencia al consejo con trabajos privados.
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