Las multas, por infracción grave, han tenido un importe de 30.000 euros. La Agencia Catalana de Consumo ha abierto 141 expedientes sancionadores a grandes tenedores de viviendas, de los que 57 han sido resoluciones confirmadas, por no ofrecer alquiler social a personas vulnerables que se iban a desahuciar, como recoge la ley catalana.
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