Colectivos en defensa de los derechos de las personas migrantes preparan una Iniciativa Legislativa Popular para llevar al Congreso. “La irregularidad supone estar en una situación de vulneración de derechos permanente: no contar con derechos laborales, la explotación laboral, la trata de personas, la explotación sexual, la exclusión de servicios públicos básicos y esenciales como la educación, la sanidad y la vivienda”. También hay unos 150.000 niñas, niños y adolescentes en esta situación.
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