Según las conclusiones del informe de Ecologistas en Acción, con la entrada en vigor del TTIP municipios y comunidades perderán gran parte de su capacidad para gestionar materias de vivienda, sanidad, medio ambiente, servicios sociales, educación o alimentación. “Los ayuntamientos se encontrarán ante una realidad en la que estará prohibido cualquier intento de aplicar criterios de proximidad, desarrollo sostenible local a las contrataciones públicas, aplicación de moratorias sobre prácticas peligrosas en zonas de alta sensibilidad medioambienta
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