Son Aragón, Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, mientras que en el resto está permitida y no se hace mención expresa. Al no existir una norma estatal, cada autonomía tiene competencia de prohibir las mutilaciones o permitirlas. En Madrid, las sanciones son especialmente severas en cuanto a maltrato a los animales domésticos, pero las legislaciones no son homogéneas
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