La trama, integrada por abogados dedicados a asesorar a deportistas, actuó en connivencia con una alta funcionaria de la Agencia Tributaria, quien les facilitaba los datos fiscales de deportistas que habían dejado sus equipos en España y habían regresado a sus países sin solicitar la devolución del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para no residentes. La red logró estafar 6,3 millones de euros de devoluciones fiscales ante la ignorancia de los auténticos beneficiarios.
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