Según este estudio, los funcionarios, empleados y periodistas que denuncian delitos u otras infracciones de interés público pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel en Alemania y siete en España. En cambio, los denunciantes estarían ampliamente protegidos en otros países europeos como Francia, Italia y el Reino Unido. En España, aún está pendiente la trasposición de gran parte de la conocida como directiva whistleblowing (Directiva 2019/1937).
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