La iniciativa aprobada por el Consejo de Ministros (que deberá ser debatida en el Congreso), pretende modificar todos los contratos de préstamo hipotecario en vigor, sustituyendo cláusulas declaradas nulas ya y que por tanto no pueden ser aplicadas, por nuevas fórmulas a la medida del sector bancario, como en el caso del vencimiento anticipado.
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