Los investigadores del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo de la Universidad de Maryland, o START, y su Centro de Salud y Seguridad Nacional examinaron casos penales federales entre 2014 y 2019 que se presentaron contra personas radicalizadas en los Estados Unidos que perseguían objetivos políticos, sociales, económicos o religiosos.
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