2 de diciembre de 2014. Un alto ejecutivo de la Banca Privada d’Andorra (BPA) expone ante el consejo de administración que, tras analizar la mitad de las cuentas, la institución acumula 662 clientes “de riesgo”. Políticos, exdirigentes, altos funcionarios, procesados judiciales y clientes con más de un millón de euros. cuyos depósitos suman 2.000 millones, lo cual es un peligro para el banco. Tres meses después de la advertencia, el Gobierno del Principado pirenaico interviene el banco por un presunto delito de blanqueo de capitales.
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