El gobierno autonómico ordenó ayer a la Abogacía de la Comunidad Autónoma que interponga una denuncia en Fiscalía para que emprenda acciones por delitos de odio cometidos contra la profesora del colegio de Palma.El centro sostiene que los alumnos no fueron expulsados por colgar la bandera sino por una cuestión disciplinaria al desobedecer de forma contumaz y desafiante la norma.
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