El origen de este caso fue el informe que una organización privada denominada The National Center for Missing and Exploited Children (Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados) radicada en Estados Unidos remitió a la Policía Nacional a través de la embajada de EE UU en Madrid.Practicada la entrada y registro en la vivienda del acusado no se halló en los dispositivos informáticos allí localizados ni el archivo supuestamente publicado ni ningún otro que contuviera pornografía infantil, ni "nada de interés" en el historial de navegación
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