El Ayuntamiento de Madrid dio luz verde a un proyecto que el consistorio había rechazado con los mismos términos en 2018, durante la época de Manuela Carmena como alcaldesa. El pleno aprobó esta iniciativa privada con los votos de PP y Vox. La denuncia contencioso-administrativa acaba de ser admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM),

La Fundación Amancio Ortega ha dado un paso significativo en el ámbito de la asistencia social en Galicia con la entrega de la primera de las residencias públicas.La sorpresa llegó con el anuncio del señor Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, sobre la gestión privada de estas residencias. Esta decisión ha generado un debate considerable, ya que la expectativa inicial era que estas instalaciones, aunque construidas por una entidad privada, mantendrían una gestión pública.

El Tribunal Supremo establece en sentencia que la titularidad privada de una residencia de mayores, donde trabaja personal dedicado expresamente al cuidado de la salud, como pueden ser enfermeras o fisioterapeutas, no excluye que este tipo de centros deban considerarse institución sanitaria a efectos de méritos por servicios prestados en una oferta de empleo público.

Carmen, María Jesús, María, Ana Cristina, Lola, Alejandra y Carmen han contado todas las veces que ha sido necesario a los eurodiputados que han querido escuchar el relato de sus familiares en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. No ha sido nada fácil porque Carmen perdió a su madre, María Jesús a su padre, María a ambos, Ana Cristina a su tía, Lola a su suegro, Alejandra a su abuela y la madre de Carmen sobrevivió pero ella denuncia las secuelas que han tenido muchos mayores tras aquella primera ola del virus en las residencia

El centro, explotado por Residencia Salvatierra S.L. se encuentra intervenido por la Xunta tras la proliferación de casos de COVID entre usuarios y trabajadores

Unos 61 vecinos de los apartamentos municipales para mayores San Francisco, ubicados en el barrio madrileño de La Latina, serán expulsados de sus casas durante 14 meses para que el Ayuntamiento de Madrid acometa obras. Durante el tiempo que duren los trabajos las personas afectadas serán repartidas por distintas residencias. Los vecinos de los apartamentos municipales para mayores San Francisco han reclamado escalonar los trabajos por plantas para evitar los desalojos, pero desde la Junta de Centro aseguran que "es imposible".

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, compareció este miércoles en la rueda de prensa habitual tras la reunión del Consejo de Gobierno regional para desmentir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien cargó contra el modelo sanitario madrileño y aseguró que en esta región “se han derivado mil millones de euros a la sanidad privada”. Matute lamentó que Sánchez haya utilizado un acto público “para ir en contra de la Comunidad de Madrid y de la Sanidad”.

Algunos expertos en fusión nuclear, como Moisés Weber, que es doctor en ingeniería industrial e investigador del CIEMAT y ejerce como Adjunto al Director de IFMIF-DONES España, sostienen que la entrada del sector privado en el terreno de la energía de fusión es una gran noticia.

Tenía tres días para abandonar el asilo a menos que realizara un pago de US$110.000. Se sorprendió debido a que firmó un contrato vitalicio para poder vivir en el hogar de ancianos. En su momento, realizó un pago de US$250.000 y, además, pagó un alquiler mensual de US$5.000. No obstante sus ahorros se agotaron, y la compañía que gestionaba el hogar se declaró en quiebra y vendió sus instalaciones a otra. Esta ahora le está exigiendo el pago si quiere permanecer en el lugar, a pesar de afirmar que respetarían los contratos anteriores.

Hay otra investigación en la Audiencia Nacional sobre supuesta “prevaricación” en la inscripción de la Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima, según Rede. La Justicia ha archivado la investigación abierta por la muerte de 17 residentes durante la pandemia en la residencia Nuestra Señora de Fátima de O Barco. Así se lo ha confirmado hoy fuentes oficiales del TSXG a Galiciapress. En la causa llegó a haber tres imputados por un delito de “homicio por imprudencia”, según figura en varios recursos de la Audiencia Provincial de Ourense .

Un informe elaborado por CC OO, UGT y la Plataforma PLADIGMARE incide en que las gerocultoras son uno de los colectivos que encabezan el ranking de siniestralidad laboral por la sobrecarga de trabajo.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sanción de 38.000 euros impuesta por la Xunta a una fundación benéfica que cometió un total de seis infracciones en la gestión de una residencia de mayores ubicada en Ourense, una de las cuales fue catalogada como muy grave.

Residencias y habitaciones para estudiantes: el suculento negocio inmobiliario que crece en Barcelona

En la Comunidad de Madrid, el exceso de mortalidad durante la primera ola de la pandemia (primavera de 2020) fue el mayor de las 17 comunidades autónomas. Y en Madrid la mortalidad dentro de las residencias fue con diferencia la mayor de todas. Según los datos oficiales, esa primavera murió una de cada cinco personas que vivía en una residencia.

La Xunta de Galicia sancionó con 38.000 € a la Residencia Nuestra Señora de Fátima por, entre otras cosas, insuficiente comida y sujeción ilegal de un anciano. El alma máter del asilo tuvo relación con un "bar de señoritas" hace décadas en O Barco, según dijo al juez Carlos Moner, el ex-administrador judicial impuesto en su día a la Fundación, cuando su creador fue arrestado por malversación y fraude. Esta redacción contactó con la Consellería para que explicase por qué sigue pagando con dinero público plazas en un centro con tales antecedentes

Las residencias de mayores comenzaron a sufrir un triaje que ha sido tachado de discriminatorio por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras. El estudio concluye que el primero de los protocolos de hospitalización enviado el 18 de marzo a los geriatras que tomaban las decisiones de ingreso sancionó por escrito lo que ya estaba ocurriendo.

Una enfermera de la residencia gaditana Cruz Roja San Fernando organizaba carreras de sillas de ruedas en plena pandemia del coronavirus. Concretamente, en abril de 2020. Además, las subía a sus cuentas personales de TikTok y de Instagram. La profesional sanitaria perdió su trabajo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado el despido disciplinario. En su carta de despido, la empresa le trasladó que esta actitud era absolutamente improcedente y destacó el daño a la imagen de la residencia.

El auge de los centros privados no concertados se apoya en los ciclos formativos a distancia, cuyos estudiantes crecen un 3.000% y suponen más de la mitad de su matrícula.

Los extranjeros podrán obtener un permiso de residencia temporal (permiso de residencia) por tres meses fuera de la cuota y sin necesidad de acreditar conocimiento del idioma ruso, conocimiento de la historia y legislación rusas, si no están de acuerdo con el rumbo ideológico del país. autoridades de sus países. El correspondiente decreto del presidente Vladimir Putin fue publicado en el portal de información jurídica.

La plataforma ciudadana achaca, en parte, al inicio de la oferta por parte de las compañías aéreas de vuelos de bajo coste, el comienzo de la masificación turística en Ibiza, allá por el año 2000. «Todos querían -y quieren- vuelos baratos ¿pero a qué coste? ¿los que vienen en vuelos low cost aportan algo a la isla?», critican desde Prou! en el comunicado, en referencia al turismo de baja calidad que apenas deja dinero en la isla. «Es un problema que no solo afecta a los residentes de la isla, sino que nuestra juventud se verá exiliada»