La maquinaria del Estado se ha puesto en acción para evitar que, por primera vez en la historia, un miembro de la familia real española se siente en el banquillo de los acusados. La estrategia es discreta pero implacable, no está impresa en documento alguno, afecta a los ministerios de Interior, Justicia y Hacienda, además de la Fiscalía del Estado, y cuenta con el respaldo del principal partido de la oposición. Ha existido una coordinación que ha permitido eliminar obstáculos y respaldar la actuación de un hombre, el fiscal Pedro Horrach.
