Se jubila Manuel García Castellón, el magistrado al que los gobiernos de Aznar y Rajoy regalaron diecisiete años de exilio dorado en París y Roma y que volvió a la Audiencia Nacional a ocuparse de que los rivales del PP lamentaran pasar por su juzgado. Desde meter en prisión preventiva a Mario Conde –presidente de uno de los grandes bancos, inversor y amiguete de Pedro J. Ramírez y prestamista del rey Juan Carlos, nada menos– a acabar su carrera judicial cometiendo un error de principiante y viéndose obligado a dar carpetazo al caso Tsunami.

La guerra de patentes entre las farmacéuticas Teva y Bristol Myers Squibb (MBS) por el apixabán, un anticoagualante oral -el tercero con mayor gasto para la sanidad pública entre los medicamentos de venta en farmacias- vuelve a dar un giro de guion. Una sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona el día 18 de julio obliga a retirar del mercado español la presentación genérica del fármaco lanzado por Teva sólo cuatro meses después de su lanzamiento.

Se difunden al menos dos vídeos donde algunos usuarios supuestamente “miden” la radiación electromagnética emitida por coches eléctricos asegurando que son niveles muy peligrosos para la salud. Están desinformando. Los medidores utilizados registran campos electromagnéticos de distintas frecuencias a la vez, muchas de ellas mayores y diferentes a las que podría producir un coche eléctrico, como las que emiten la radio o el mismo teléfono móvil con el que graban el vídeo, según las propias webs de compra de los aparatos y un experto.

La Audiencia Nacional acaba de condenar el Ministerio de Transportes a indemnizar con 740.000 euros a un motorista por el choque que sufrió en abril de 2017 con un madero tirado en un carril de la carretera N-120, a su paso por Quiroga (Lugo). La víctima tuvo que someterse a 27 intervenciones quirúrgicas y quedó con importantes secuelas

Emitir en televisión grandes acontecimientos deportivos requiere grandes inversiones. Tal es así que los grupos privados audiovisuales españoles han renunciado en los últimos años a poner sobre la mesa las cantidades que reclamaban los tenedores de los derechos, dado que hacían imposible rentabilizarlos. Esta situación la ha aprovechado RTVE, que se financia mayoritariamente con fondos públicos y que este verano ha destinado más de 100 millones de euros a los Juegos Olímpicos y a la Eurocopa de fútbol.

La Audiencia Nacional ha rechazado la apelación presentada por el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, contra la investigación liderada por el juez Santiago Pedraz. Esta causa se inició tras la denuncia de Podemos contra la anterior cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, en relación con investigaciones irregulares y sin supervisión judicial sobre miembros de dicha organización política. Así se detalla en un auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal.

La defensa de Gómez presenta un recurso de súplica para que se resuelvan antes del 30 de septiembre su petición y la de la Fiscalía y en el escrito enumera la "grave vulneración de derechos" en la que incurre el magistrado

La Sección 17 da por buenos los argumentos de la jueza de instrucción, que aprecia indicios de delito en algunas informaciones publicadas cuando el querellante, ahora en prisión, maquinó contra la magistrada Victoria Rosell.

La audiencia ha vuelto a dar la espalda a TVE. La 1 se ha llevado un duro revés con uno de sus principales estrenos: Los Iglesias: hermanos a la obra. El programa hundió el prime time de La 1 con un 5,5% de share, 500.000 espectadores, muy por debajo de la media del canal, ya muy discreta (8%). La situación es más sangrante si tenemos en cuenta que TVE decidi mantener en prime time Los Iglesias y estrenar la última temporada de HIT después. La ficción, que costó 4,8 millones, está marginada en una franja minoritaria y registró un raquítico 3,2%

La final de la Eurcoopa fue vista por una media de 13.587.000 espectadores de audiencia media y el 78.7% de cuota de pantalla

Una investigación lleva a una magistrada de la Audiencia Nacional a proponer que se juzgue a la mafia del atún, una "organización criminal" que se aprovechaba de la pesca furtiva para generar, y posteriormente blanquear, "cuantiosos" beneficios. El estado de las instalaciones donde se criaban y almacenaban los atunes era tan "pésimo" que su consumo representaba un "grave peligro para la salud pública de los consumidores". La magistrada María Tardón propone juzgar a 8 personas y 12 empresas, entre ellas el principal grupo exportador mundial.

El tribunal especial anula toda la investigación de Tsunami Democràtic desde julio de 2021 por un error del instructor y deja tocada de muerte la causa