El Gobierno reconoce que al elevarse el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) «se ha producido la exclusión de determinados núcleos familiares del beneficio de justicia gratuita». Informa que el acuerdo entre el Ejecutivo y los agentes sociales abre la puerta a una posible revalorización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en 2022, pero que hay que esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para actualizar este índice de referencia.

La Constitución Española reconoce a los ciudadanos sin recursos el acceso a la justicia gratuita, lo que se traduce en el derecho a disponer de un abogado y procurador sin costes, pero además se hace extensivo a los gastos derivados de un juicio, como son los informes periciales que se precisen, o el pago de fianzas, entre otras cuestiones. En Galicia, las competencias en esta materia recaen en la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) denuncia que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha incumplido la enmienda a los presupuestos que aprobó la Asamblea de Madrid, en virtud de la cual concedía 2 millones de euros a los colegios de abogados de Madrid y Alcalá de Henares para garantizar la justicia gratuita y los servicios de orientación jurídica. De esos 2 millones sólo les han asignado 500.000 euros.

Los letrados de oficio se ha quedado sin los dos millones de euros adicionales que había presupuestado la Comunidad de Madrid para la Justicia Gratuita, según denuncia Asociación Libre de Abogados (ALA), que explica que de dicha partida 1,5 millones de euros irán a parar a los abogados y solo medio millón a los abogados. Un dinero que era muy necesario, según ALA, dado que “los servicios del SOJ, ahora precarizado, se viene sufragando con las cuotas de los Colegios de abogados desde que la Comunidad de Madrid decidiera dejar de costearlo en...

Cerca de un centenar de abogados del turno de oficio de Zaragoza se han concentrado este jueves en la Ciudad de la Justicia en protesta por la reducción del 40% en la previsión presupuestaria de la DGA para cubrir el servicio de Justicia Gratuita. Los abogados denuncian que llevan 11 meses sin cobrar y no descartan ir a la huelga. Eva Escanero ha alertado de que las peticiones de Justicia Gratuita han aumentado, así como las denegaciones. Por ello, recomiendan que "todas las justicias gratuitas denegadas se recurran" y van a elaborar un modelo.

El Partido Popular se ha opuesto hoy en el Senado a aprobar una enmienda presentada por la oposición (PSOE, IU y Entesa) al Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil para que las ONG medioambientales tengan acceso a justicia gratuita en su labor de defensa de la naturaleza. Como ha explicado el senador socialista Antonio Rodríguez en su defensa de la enmienda, la iniciativa parte de la base de que el incremento de las tasas y cotas de los juicios han tornado “impracticable” el acceso a la justicia para estas ONG, con arcas muy modestas.

En sólo dos años se han recaudado 600 millones por tasas judiciales que tenían que haber financiado la justicia gratuita. Pero ni ha sido ni será así, según afirma el Gobierno. Andalucía y Valencia piden financiación y en Madrid se rebela el turno de oficio.

Un grupo de procuradores de Ferrol adscritos al turno de oficio –asistencia jurídica gratuita– hizo público ayer su malestar por el hecho de que llevan dos años sin cobrar sus retribuciones. El problema afecta a una veintena de profesionales, a los que se adeuda una media de 3000 € por año, principalmente a los más jóvenes, que todavía no tienen clientes fuera de la justicia gratuita y, sin embargo, deben seguir haciendo frente a las cuotas de su colegio profesional y demás gastos, unos 400€ mensuales. Seis ya se han dado de baja del turno.

El Gobierno ha anunciado este jueves que el Estado cofinanciará el futuro aumento de beneficiarios de la justicia gratuita con las comunidades autónomas, a las que ha prometido también el mantenimiento del empleo de todos los trabajadores del Registro Civil.

Yousseff T., natural de Marruecos, explica que le pidieron "150 euros y que si no los ingresaba no me podían dar un abogado. "Una responsable del servicio reconoce que, en ocasiones, se pide una cantidad previa pero que luego "se devuelve". Tras ser contactado por eldiario.es, el colegio concede finalmente un letrado de oficio al inmigrante a pesar de que no presentó ninguna documentación

Decanos y miembros de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados se concentrarán este jueves ante la sede de la Abogacía en Madrid para mostrar su rechazo al proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita del ministro Alberto Ruiz-Gallardón

El Gobierno de Ignacio González ha vuelto a exigir al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, parte del dinero que los madrileños pagan en las tasas judiciales para destinarlo a financiar la justicia gratuita como estipula la ley. Para ello, el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha remitido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, una carta en la que le solicita que cumpla la Ley de Tasas Judiciales en lo relativo a que parte de lo recaudado se revierta en la financiación.

A punto de tramitarse la reforma del acceso a la justicia gratuita, cada vez más ciudadanos necesitan ese servicio público. En los primeros tres meses del año han crecido un 2,3% los asuntos que han entrado en los juzgados, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y con ello la demanda de letrados de oficio.

Artículo de Carlos Carnicer (presidente del Consejo General de la Abogacía Española). -La inversión en Justicia Gratuita disminuye más de 43 millones de euros en cuatro años -La principal causa de la caída de la inversión en Justicia Gratuita es la continuada reducción de las indemnizaciones que perciben los abogados adscritos al Turno de Oficio, que en 2013 bajó entre el 5 y el 10% -Las tasas judiciales provocan que los Colegios de Abogados reciban 951.000 solicitudes de justicia gratuita de ciudadanos, un 18% más que en 2012.

Carta de Carlos-Carnicer en nombre de los 83 Colegios de Abogados y de los 250.000 abogados colegiados Sobre la ley de Asistencia Jurídica Gratuita. me he dirigido con carácter urgente trasladándole nuestro malestar y queja con respecto a la redacción actual del proyecto, pidiéndole su implicación personal y un diálogo “concreto, urgente, reflexivo, abierto y sincero” sobre los aspectos aún no resueltos de la Ley, que ponen en riesgo un servicio fundamental para garantizar el derecho de defensa de los más vulnerables.

El proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita perjudica al ciudadano, al reducir el umbral económico de acceso a la justicia gratuita para las personas no integradas en una unidad familiar, al valorar la situación económica y patrimonial no sólo del interesado sino también de los integrantes de su unidad familiar, al establecer una presunción de abuso por parte de los que soliciten tres veces al año este derecho y al suprimir la obligación de residencia o establecimiento del abogado del turno de oficio.

El Estado recauda un 85% más en 2013 gracias a las tasas judiciales pero el presupuesto destinado a la Justicia Gratuita se incrementó en 0 euros.

Los letrados han iniciado esta mañana un encierro en la sede del Colegio de Abogados de Madrid y se prolongará hasta las 24:00 horas....

Denuncian que Gallardón convierte en restrictivo este servicio público, al elevar el límite para el acceso a la defensa gratuita, no garantizar un presupuesto suficiente y vincularlo a la Ley de tasas, recurrida ante el TC.

La bancarrota del Consell afecta a casi todos, incluidos los abogados que asisten a los ciudadanos sin dinero a través del turno de oficio. Lo hacen a cambio de las retribuciones más bajas de España, costeando las fotocopias de los asuntos de su bolsillo y aguantando la morosidad de la administración valenciana, que no les paga desde el tercer trimestre de 2013.

El PP ha rechazado hoy en el Pleno del Congreso las seis enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita,

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) determina que la libertad de movimiento de la mujer es clave a la hora de valorar si existe trata de personas. Ello, a pesar de que la mujer emigrara desde un país extranjero y acabara ejerciendo la prostitución en el negocio de su prima, responsable del traslado.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado los recursos de apelación contra la inadmisión del Juzgado de Instrucción número 21 de la querella presentada por ocho mujeres contra un policía infiltrado en el movimiento okupa y anticapitalista de la ciudad condal acusado de mantener relaciones con al menos ocho jóvenes sin que conocieran su verdadera identidad.

Polonia presentó una solicitud para intervenir en el caso "Ucrania contra Rusia" ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre acusaciones de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En su solicitud de autorización para intervenir, Polonia afirma que “como parte de la Convención sobre el Genocidio, la República de Polonia tiene un interés jurídico, en que otros Estados apliquen correctamente la Convención. Consciente de su propia obligación de impedir la violación de la Convención”

Se pide a los jóvenes que tengan más criterio propio y piensen por sí mismos mientras las humanidades sufren una silenciosa merma en la enseñanza. El conocimiento no puede ser esclavo del sistema productivo. Una educación que sólo enseña lo útil sólo sirve para servir sin pensar. Carlos Javier González Serrano Profesor de Filosofía y Psicología

El nuevo pleno se reúne el martes de la semana que viene mientras Pilar Teso y Ana Ferrer se alzan como las candidatas más fuertes del sector progresista y Antonio del Moral es el mejor considerado de la facción conservadora.

Al parecer, la decisión de la Audicencia Provincial de Alicante se ha tomado tras aceptar pericialmente el recurso de apelación presentado después de que la autopsia confirmara que la muerte del vecino de Gata de Gorgos, de 38 años, se produjo por una parada cardiaca y no por los golpes recibidos por el acusado, de origen marroquí y 39 años. Mohamed H., por tanto, solo ha permanecido un mes en la cárcel de Fontcalent, donde ingresó por orden del juzgado de Instrucción número 2 de Dénia. Algo que ha despertado la indignación entre los residente