El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha activado un plan para tapar con publicidad el gran fraude del ibérico. En lugar de reforzar el cumplimiento de la normativa con más controles y multas, el nuevo ministerio ha propuesto una sorprendente medida: impulsar una campaña publicitaria para limpiar la imagen negativa que los consumidores tienen del sector. A partir de ahora, “el ministerio se encargará de la estrategia de comunicación sectorial para revertir la opinión pública que se ha generado sobre un incumplimiento generalizado de la Ley"

El Ministerio de Sanidad no desplegará inspectores sobre el sector del jamón a lo largo de 2018. Así lo explica la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición en el documento al que ha tenido acceso El Confidencial a pesar de los escándalos que han salpicado al mundo del jamón últimamente. Ni la investigación policial ni las denuncias, sin embargo, parecen llamar la atención del Ministerio de Sanidad, que prefiere mirar para otro lado y dejar al margen de su labor inspectora al sector del porcino.

La industria del jamón, que vive semanas acumulando escándalos, no será objeto durante el año 2018, de ninguna inspección coordinada por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad. En medio de la marejada, la Aecosan tiene ya planificadas con las CCAA multitud de inspecciones en otros sectores como los del aceite, el chocolate, la bollería y los juguetes, pero no contempla ninguna acción a nivel nacional para detectar posibles fraudes en la industria del porcino.

El ministerio dirigido por Isabel García Tejerina ha decidido condonar al menos durante un mes el cese de actividades de Certicalidad, una de las empresas líderes en las actividades de inspección y certificación que fue suspendida por la Entidad Nacional de Certificación, Enac, el pasado mes de noviembre por irregularidades en su actividad de inspección. Certicalidad es la empresa que ha certificado los polémicos jamones ibéricos de bellota que distribuye la empresa Comapa y que Carrefour ha comercializado durante toda la campaña de Navidad.

El diputado de Ciudadanos Toni Cantó ha sido, hasta ahora, el único en entrar en el tema que preocupa a ganaderos, productores y vendedores que producen con calidad y bajo la manera tradicional. Ha pedido explicaciones al Ministerio y ahora exige a Agricultura una nueva normativa para reducir el fraude en el jamón ibérico, y evitar así que se vendan como ibéricos jamones que no lo son.

El escándalo del jamón ibérico ha traspasado fronteras. La prensa inglesa y alemana se han hecho eco de las malas prácticas de un sector que intenta extender la denominación de jamón ibérico a productos más baratos y a cerdos que no cuentan con los controles genéticos que garanticen la pureza de la raza. El diario alemán Süddeutsche Zeitung fue pionero en destapar el escándalo a nivel internacional y ahora el escándalo ha visto la luz en el Reino Unido. The Economist acaba de publicar un artículo bajo el título "DE LAS PEQUEÑAS BELLOTAS".

En la industria del producto español por excelencia, el cerdo ibérico, nada es lo que parece. Si usted ha comido menos de diez veces en su vida un jamón que compró como ibérico, es estadísticamente probable que nunca haya probado un jamón ibérico real. Sólo el 10% del jamón que se vende como ibérico realmente está certificado como un producto que procede del cruce entre un padre y una madre de la raza autóctona.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso exclusivo La Tribuna del País Vasco, el R. D. 4/2014, de 10 de enero, que aprueba la Norma de Calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, “vulnera toda la legislación de la Unión Europea sobre normas zootécnicas aplicables a los ejemplares híbridos de la especie porcina". Porque autoriza denominar como cerdo de raza ibérica a un animal híbrido (ibérico x duroc), que no se encuentra censado, contabilizado y reconocido en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España.

Si hace unos meses fue el alemán Süddeutsche Zeitung, ahora es The Economist, otro grande de la prensa europea, el que a través de su suplemento dedicado a la cultura, el ocio y la gastronomía, publica un artículo en el que investiga cómo y de qué manera en el mercado de los productos ibéricos están comenzando a parecer “versiones baratas” de jamones que dicen ser de bellota. El autor del artículo, el periodista Paul Richardson, explica cómo el auténtico cerdo ibérico criado al aire libre sigue una dieta de bellotas, pastos y raíces.

Un sabroso bien común que hace Marca España y que genera productividad pero sobre el que ha caído la sombra del fraude: ¿es cierto que el 90% del jamón ibérico que consumimos no es de verdad de la raza porcina ibérica?.

En los últimos años, el sector del cerdo ibérico ha sido “intervenido” por las huestes del Ministerio de Agricultura y sus fieles escuderos de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, ASICI, que han unido sus fuerzas para forzar la traumática desaparición del autóctono cerdo ibérico. El sólido y prioritario colaboracionismo que mantiene ASICI con el Ministerio de García Tejerina para boicotear el desarrollo de la cabaña porcina ibérica e incentivar su relevo mediante cochinos híbridos, resulta del todo inconcebible.

Cuanto más se indaga en torno al maquiavélico entramado formado por el Ministerio de Agricultura y ASICI, –erigidos en perfecta comunión, como el verdadero poder fáctico del ibérico–, más evidencias afloran de que el prevalente Ordenamiento Jurídico de la Unión Europea en materia de procedimientos zootécnicos aplicables a los porcino híbridos, –fruto de un planificado cruce reproductivo entre ejemplares de la raza duroc y reproductoras de la autóctona raza ibérica–, ha sido vulnerado de manera flagrante y con plena conciencia de su ilicitud.

El 90% de los jamones etiquetados como ibéricos, son engañosas imitaciones legalizadas por Agricultura. La que debería ser una de las razas más defendida, protegida y estable del mundo, –como lo es el afamado buey de Kobe–, lleva década y media sufriendo las implacables embestidas de los gobiernos del Partido Popular, que además de estar liquidando aceleradamente su cabaña, están patrocinando y respaldando un descomunal fraude a los consumidores.

Todo empezó con el real decreto que aprobaba la “Norma de calidad para la carne, el Jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico”. Según la denuncia presentada el 12 de Julio ante la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, la legislación aprobada en 2014 vulnera la legislación europea sobre normas zootécnicas aplicables a los porcinos híbridos. También, las normas sobre el etiquetado.

Francisco Julián Ramos Manzano ha formulado como es preceptivo su declaración de bienes en las Cortes de Castilla León. En ella, figuran participaciones en tres entidades mercantiles: Naverama Salamanca, Biorama Guijuelo y la ya citada Certiberico Charro. Sin embargo, el Boletín del Registro Mercantil (BORME) da cuenta de otras dos presencias mercantiles: Gestión Municipal de Servicios de Guijuelo – entidad en la que figura el alcalde desde 2011, esta es una sociedad municipal de la que el accionista es el Ayuntamiento.

La polémica abierta sobre el presunto fraude en el jamón ibérico va a pasar de los medios de comunicación al Congreso de los Diputados, ya que Ciudadanos, a través de su parlamentario Toni Cantó, ha reclamado la presencia de la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que explique “la situación del sector del ibérico tras las informaciones que denuncian un supuesto fraude“.

Nos dan gato por liebre con el jamón ibérico desde el cambio de normativa llevada a cabo en 2001 por el ex ministro Miguel Arias Cañete. Los españoles llevamos en los genes cromosomas piratas de nuestros antepasados. Por eso, cuando hacemos algo inigualable, inimitable, terminamos prostituyéndolo por dinero. ¿Se imaginan una botella de champán francés que indique en su etiqueta que lleva un 50% de cava catalán? Pues esto que no sucede con ninguna exquisitez en el mundo es lo que hemos hecho con el jamón ibérico.

Cuando la formación naranja (Ciudadanos) insistió al inicio de esta legislatura había en el sector del ibérico quien pensaba que con un desayuno y un poco de coba se podía cerrar esta cuestión. Sin embargo, este mismo lunes 12, en espejo Público de Antena 3, la secretaria técnica de Aeceriber reconocía que hay “un engaño a los consumidores”. Qué lejos queda aquel tiempo en el que señalaban casi con orgullo y como justificación que la Sección Aneja del Libro genealógico permite la incorporación de hembras “con alguna genealogía desconocida"

El sector porcino ha sufrido un revés en los últimos días, con la polémica desatada por el diario alemán Süeddeutsche Zeitung, que acusa de "fraude masivo" la venta de jamón ibérico español, en un artículo titulado "Obscenidad con el ibérico", firmado por Thomas Urban.

El Süeddeutsche Zeitung precisa, “que en los últimos años el número de hembras inscritas sin ascendientes conocidos ha superado con creces la totalidad de las reproductoras anotadas en la sección principal. Se calcula que cuatro quintas partes de las hembras calificadas como de raza pura (4 de cada 5) pasan al Libro Genealógico a través de la sección auxiliar y además se cree que no son genéticamente puras”.

En realidad, esta vez, la culpa no es de Toni Cantó. Aunque lo cierto es que sus dudas sobre la pureza genética de la cabaña ganadera y sus iniciativas parlamentarias han puesto en el disparadero la joya de la Marca España: no es ibérico todo lo que reluce

El diputado de la formación naranja, en su escrito parlamentario acusaba al Mapama de haber remitido a Bruselas un proyecto-borrador que acomodaba y relacionaba fielmente los regulados procesos zootécnicos configurados en materia de hibridaciones porcinas, (traspuestos a nuestro Derecho interno mediante el R.D. 1108/1991) pero que tras lograr el positivo veredicto de las instituciones comunitarias, de un modo unilateral y a espaldas de la propia Unión Europea estos fueron desestimados y reemplazados

En un nuevo giro en el caso federal de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump, el abogado especial Jack Smith ha presentado un documento misterioso, oculto tanto al público como a los abogados de Trump. La presentación se hizo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde la jueza Tanya Chutkan supervisa el caso. Una notificación judicial del miércoles muestra que Smith presentó un documento titulado "Government's Classified, Ex Parte, In Camera, and Under Seal Notice Regarding C.”

La jueza María Inmaculada Iglesias rechaza que la causa por delito fiscal que instruye contra la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por delitos fiscales, acabe complicándose y derivando en una investigación más compleja por posible corrupción en los negocios, administración desleal y delito contable.

"Es una locura que mis encuestas suban. Quien oyera que te acusan de interferir en unas elecciones presidenciales, en las que tienes todo el derecho a hacerlo, te acusan y tus números en las encuestas suben. Cuando la gente es acusada tus números de tirada bajan", dijo Trump en una entrevista en el programa "Life, Liberty and Levin" de Fox News. Trump también dijo que la fiscal del condado de Fulton, Ga. El fiscal de distrito Fani Willis "ideó este loco plan y mucha gente resultó herida", en referencia a los coacusados acusados junto a él

Los cheques, tickets o tarjetas de restaurante o de guardería consisten en que las empresas le den al trabajador X euros mensuales en forma de esos tickets, para que se los gaste en comer en restaurantes o en dejar a los hijos en una guardería. El problema es cuando los llaman “beneficios sociales” para no llamarlos salario y no pagar su cotización a la Seguridad Social ni contarlos para calcular las indemnizaciones por despido. Pero en muchas ocasiones sí que son salario y la empresa le debe dinero a la SS.

Los trabajadores electorales de Georgia lanzan una oferta para embargar los bienes de Giuliani mientras intentan cobrar un veredicto de difamación de 148 millones de dólares Ruby Freeman y Shaye Moss quieren embargar bienes inmuebles, dinero en efectivo y joyas. También le demandaron ante un tribunal federal, alegando que trató de proteger la propiedad de Florida de sus acreedores declarándola falsamente como su residencia para poder darle el estatus de "homestead" según la ley de ese estado.

La jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan ha fijado una audiencia para el 5 de septiembre para decidir cómo debe proceder el caso

La respuesta no es sencilla ni unívoca puesto que existen interpretaciones judiciales diversas de la ley trans, como explican a EFE magistradas expertas en violencia de género.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, Carmen Martínez Perza, ha defendido este jueves que la Ley 4/2023 de garantía de los derechos de las personas LGTBI incluye "mecanismos legales para evitar el fraude" denunciado en el caso del hombre que se cambió de sexo tras agredir a su mujer. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla se ha inhibido en favor de los juzgados de Instrucción, al alegar el inculpado una rectificación de su inscripción registral para aplazar su entrada a prisión.

Un prominente grupo de defensa de los latinos pidió el lunes al Departamento de Justicia de EE.UU. que investigue al fiscal general de Texas, Ken Paxton, después de que su oficina lanzara una serie de redadas que, según el grupo, se llevaron a cabo en los domicilios de activistas y líderes demócratas la semana pasada por acusaciones vinculadas al fraude electoral.

Una de las tentaciones que pueden tener aquellos padres que quieren donar una propiedad inmobiliaria a sus hijos evitando la tributación por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es la de “venderle” la propiedad por un precio simbólico. Hacienda ha puesto su punto de mira en esas operaciones y puede imponer sanciones de hasta 100.000 euros por vender una propiedad por un precio demasiado bajo.

La acusación de 36 páginas, asegurada el martes por el abogado especial, es un intento de recalibrar el caso tras la decisión de inmunidad del Tribunal Supremo. "La acusación sustitutiva, que se presentó ante un nuevo gran jurado que no había oído previamente pruebas en este caso, refleja los esfuerzos del Gobierno para respetar y aplicar las sentencias del Tribunal Supremo y las instrucciones de devolución", escribió el equipo de Smith en una presentación judicial adjunta.

Desde que llegó la ley trans, han sido varios los maltratadores de violencia machista se han cambiado de sexo en el Registro Civil para figurar legalmente como mujeres en su documentación y tratar así eludir su ingreso en prisión. Publicidad Este goteo de casos lleva meses sucediéndose, según denuncian las expertas en violencia de género. Otra cuestión es cuánto tiempo conseguirán dilatar sus procesos judiciales o con qué rapidez se le pondrá freno a estas maniobras desde el Poder Judicial y desde las Administraciones, ya que...

Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se pronunciaron tras la decisión de la justicia chavista que otorgó la victoria al dictador

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este viernes en el Senado el cese de dos altos cargos de su departamento imputados en el denominado 'caso Koldo' y ha avanzado que la auditoría que anunció en febrero ha detectado irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia a empresas de la trama del ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos.

El fraude electoral cometido en Venezuela no es una mera hipótesis, sino una evidencia demostrada. Un atentado brutal contra la democracia en su forma más elemental, cual es el respeto a las decisiones de la ciudadanía.

La certificación de Maduro como ganador de las elecciones es una deriva autoritaria intolerable que confirma los peores augurios

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recordó este jueves que un cambio de sexo no puede eludir la aplicación de la ley y que aquellos que cometen fraude de ley abusando los derechos de las personas trans y LGTBI para eludir una condena por violencia de género se enfrentan a dos delitos. A preguntas de los periodistas durante un acto en Palencia, Redondo insistió en que “el fraude de ley no está permitido en nuestra legislación ni en nuestro ordenamiento jurídico, ni con respecto a esta ley ni con respecto a ninguna otra”.

Giuliani se enfrenta a docenas de acreedores y a una serie de pleitos de gran repercusión, entre ellos una demanda por acoso sexual de 10 millones de dólares y un caso de difamación de la máquina electoral de 1.300 millones de dólares. Giuliani se declaró en bancarrota en diciembre del año pasado después de que un jurado concediera 148 millones de dólares a dos trabajadores electorales de Georgia que ganaron una demanda por difamación contra él. Como abogado de Donald Trump en 2020, Giuliani acusó falsamente a madre e hija Ruby Freeman y Shaye