Las tres federaciones del archipiélago se unen contra “la enmienda a la incoherencia” que ha anunciado el PP en su decreto de simplificación administrativa para salvar la actividad del alquiler vacacional

El exministro de Justicia y magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, ha presentado un escrito al presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, en el cual comunica su abstención del conocimiento de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la sala de lo penal del Tribunal Supremo contra la ley de amnistía del procés, según ha anunciado el órgano de garantías este martes. Su petición se debatirá en el pleno del TC de la próxima semana.

Alerta Solidària ha lanzado los datos de amnistiados en su seguimiento de la aplicación de la Ley, dándose una sorpresiva diferencia en la aplicación de la misma según quien la solicitase en las causas pendientes. Según los datos aportados, la totalidad de los policías que han solicitado beneficiarse de la amnistía lo han obtenido, mientras que solo una minoría de políticos se han beneficiado, y en medio, los manifestantes los cuales a unos sí se les ha aplicado y otros, en cambio, se les ha denegado o derivado a otros tribunales.

olicías y Guardia Civiles, sí; políticos y cargos públicos, no. Manifestantes, puede que sí, puede que no. Este es el resumen que puede extraerse de los datos facilitados el domingo por la plataforma antirrepresiva Alerta Solidària: todos los agentes (51) que han solicitado la aplicación de la Ley de Amnistía la han recibido, frente a solo nueve políticos o cargos políticos de los 88 que la han pedido (el 10,2%). De ellos, 56 recursos han sido derivados a instancias superiores —Constitucional y Unión Europea— y 16 peticiones han sido denegadas

El perdón tiene lugar 24 horas después de la toma de posesión de la hija del controvertido magnate como nueva jefa del Gobierno. Thaksin, de 75 años, regresó a Tailandia en agosto pasado después de 15 años de autoexilio, tras haber violado la fianza y huido del país en el 2008, en medio de numerosas investigaciones denunciadas por el exmandatario como una persecución política, alimentada por el Ejército del país, con el que siempre ha estado enfrentado.

Compañías de beneficiarios de la amnistía como Almirall, Meliá, la petrolera de Cañete o un Borbón, en el ránking de mayores ayudas junto a sociedades de los Carceller, que reconocieron un fraude multimillonario, o del magnate Aristrain, pendiente de juicio.

El alto tribunal no valora retractarse en los recursos, aunque teme que en un año el Constitucional le rectifique.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, lamentó este viernes la inminente entrada en vigor de una ley sobre la prescripción de los delitos de lesa humanidad en Perú y dijo, con toda claridad, que la norma viola las obligaciones del país según el derecho internacional. “La ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y constituye un hecho preocupante, en medio de un retroceso más amplio en cuanto a derechos humanos y al Estado de derecho en Perú”

El catedrático Fernando Rey defiende la amnistía de 1977 como modélica en contraposición a la de 2024 y se lleva un buen repaso argumentado.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha rechazado amnistiar a los investigados del 'caso Volhov' y ha inadmitido las recusaciones presentadas por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y por el jefe de su oficina Josep Lluís Alay, entre otros, para apartarlo de esta causa, en la que se investiga la presunta trama rusa del procés.

La auditoría de la firma PwC a las cuentas de Goodgrower del ejercicio 2023, fechada el pasado 14 de junio, recoge por segundo año consecutivo una salvedad por este motivo. El auditor deja patente que las cuentas de la sociedad de cabecera de los Gallardo “no incluyen la información relativa al importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio y del ejercicio anterior por el personal de alta dirección y de los miembros del órgano de administración”. La normativa contable obliga incluir eso

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy interponer un recurso de inconstitucionalidad contra Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña y ha autorizado al Gabinete Jurídico el ejercicio de acciones para formalizar el recurso.

El Tribunal de Cuentas ha acordado plantear una cuestión prejudicial a la Justicia Europea sobre la ley de amnistía en el marco del procedimiento sobre el desvío de fondos públicos para el «procés», al albergar dudas de que la norma entre en colisión con la normativa comunitaria. El auto del procedimiento que afecta a Carles Puigdemont y a una treintena de altos cargos subraya que es «muy difícil conciliar» la ley de amnistía con la «prevención de la impunidad del fraude y la corrupción» que persigue el derecho de la Unión Europea

El cuestionamiento de la ley de amnistía por parte del Tribunal de Cuentas también se basa en argumentos similares a los expuestos por el Supremo en la cuestión de inconstitucionalidad planteada ante el Constitucional el pasado miércoles. El órgano fiscalizador estima que la norma vulnera los principios de igualdad y de no discriminación, porque la excepción penal que establece (para los delitos cometidos en nombre de la independencia de Cataluña) no está justificada, afirma, por un criterio objetivo y razonable.

La Sala de lo Penal pasa de afirmar en su sentencia que el desafío soberanista de 2017 fue un "señuelo" sin opciones de éxito a afirmar en su cuestión de inconstitucionalidad que fuera una intentona golpista, apoyándose en argumentos literales de los fiscales del procés que quedaron rechazados en 2019.

En el momento en el que escribo estas líneas, el TS ha facturado la ley de amnistía al TC. Sobre los puntos oscuros: a) el TS defiende su sentencia al procés, atacando a los manifestantes de 2019, a los que llama b) golpistas, con todas las letras [Por Guillem Martínez].

La Sala de lo Penal interpone una cuestión de inconstitucionalidad contra el primer artículo de la ley, que describe todos los supuestos a los que alcanza el perdón de la norma, y denuncia que “unos son excluidos de toda responsabilidad penal mientras otros deberán cumplir sus condenas"