La Diócesis de Pamplona inscribió a su nombre en 1980 dos parcelas que sumaban 658 metros cuadrados en el Concejo de Galar, una pequeña localidad situada a 11 kilómetros al suroeste de la capital navarra. Así consta en las notas simples expedidas por el registro de la propiedad número 3 de Pamplona, que obran en poder de este periódico. Sin embargo, ambas fincas ya estaban registradas por el propio Concejo de Galar y eran, por tanto, bienes comunales explotados colectivamente por el pueblo.

“El Opus Dei ya campa por la finca de Torre Arias como si en vez de ser de los madrileños fuera suya” según denuncia Izquierda Unida, que informa que “técnicos de distintas especialidades (urbanistas, historiadores, arquitectos, paisajistas…) entran y salen a su antojo de la finca con planos y demás utensilios para perfilar un proyecto aunque el concurso no ha sido todavía ni convocado". Raquel López, IU, explica que “el pasado 31 de julio el equipo de gobierno de Ana Botella, ya hizo un traje a medida a la Universidad de Navarra".

La larga y tortuosa batalla de los vecinos de cuatro comunidades de propietarios del distrito de Hortaleza contra el mastodóntico Palacio Municipal de Hielo arroja un desenlace inesperado. El primer acto del final de la pelea, que dura ya seis años, concluye con la orden de una juez para que se derribe el gigantesco centro comercial por haberse saltado la ley en varios puntos del Plan General de Ordenación Urbana

La Asociación de Vecinos del Ensanche Sur de Alcorcón criticó hoy que el Gobierno de Esperanza Aguirre haya renunciado a la construcción de un colegio público en este enclave urbanístico y, en su lugar, haya adjudicado más de 10.000 metros cuadrados de terreno público para la construcción de un colegio privado-concertado de marcado carácter tradicional y religioso.

El portavoz de las asociaciones en defensa de la sanidad pública gallega pide a la Xunta que rescate el Álvaro Cunqueiro, levantado con un sobrecoste de 470 millones, y que garantice un aumento de las camas hasta alcanzar las previstas en el proyecto original.

El viaje del Partido Popular a Venezuela ha levantado serias dudas acerca del manejo de los recursos públicos. Según informes, los billetes de avión y otros gastos relacionados con la travesía han sido pagados con dinero proveniente del Congreso de los Diputados, del Senado y del Parlamento Europeo. Esta situación plantea una pregunta: ¿cómo es posible que los gastos de un viaje de carácter político personal sean cubiertos con fondos destinados a actividades institucionales?

EsRadio y Libertad Digital son dos de los medios favoritos de la Comunidad de Madrid para inyectarles ingentes cantidades de dinero público cada año en forma de contratos de publicidad institucional. Tan solo en 2023, Ayuso contrató publicidad institucional con los medios de Jiménez Losantos por valor de 560.544 euros más IVA. Si sumamos el Gobierno de Ayuso, una de sus empresas públicas y el Ayuntamiento de Almeida, Jiménez Losantos recibe unos 785.000 euros al año.

En Vox respetamos las opciones sexuales de cada uno, pero no pueden ser base para reclamar privilegios o para recibir favores económicos con cargo a los presupuestos de las administraciones

El exvicepresidente Mike Pence va a recibir un total de USD 717.373 de fondos públicos, certificados por la Comisión Federal Electoral (FEC), para sufragar su campaña para la nominación presidencial republicana el año pasado. La FEC ya había certificado en mayo un pago de USD 100.000 en fondos federales para la campaña de Pence, y hoy confirmó que autorizará otros USD 617.373. Un representante de la FEC confirmó que esta cifra aún podría aumentar.

El Gobierno ha planteado reducir la interinidad en la Administración pública con una reforma de la temporalidad de este tipo de contratos. Una de las últimas propuestas que ha planteado ha sido despedirles transcurrido ese tiempo, pero también se propone ahora encarecer su indemnización por cese si se excede ese periodo.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, menciona el descontento de la oposición y pide conocer "el detalle" del recuento y que "todo el mundo se sienta cómodo" con el escrutinio

"Si los viajes de estos cargos del PP han sido sufragados con dinero público, estaríamos ante una utilización espuria de los impuestos de todos los españoles para una absurda fotografía en el aeropuerto de Caracas"

El centro público sanitario de referencia en la capital catalana enfrenta la época estival con unos 400 profesionales y 272 camas menos después de una campaña de "no renovaciones" de contratos temporales e incluso de cierre de plantas.

El candidato republicano, Donald Trump, presentó este jueves un plan para reformar las escuelas públicas de EEUU, las cuales, dijo, están "tomadas por los maníacos de la izquierda radical". De acuerdo a este plan, dado a conocer en la web de su campaña, de volver a la Casa Blanca el exmandatario (2017-2021) recortará los fondos federales destinados a cualquier escuela o programa que impulse la Teoría Crítica de la Raza, la ideología de género y otro contenido racial, sexual o político “inapropiado para nuestros hijos”.

Desde 2020, la cantidad de publicidad que recibe de la Comunidad de Madrid no ha dejado de aumentar hasta llegar a los 416.000 euros que ha recibido tan sólo en 2023.

El argumento es que su medio tiene muchas visitas. Comprobamos que todos los medios que cita tiene muchas más visitas. Dentro de la derecha menciona que supera a the Objective, Libertad Digital y VozPopuli que como podéis comprobar multiplican varias veces a EDAtv. El que menos tiene casi 10 veces más visitas en abril. Entre los medios de izquierdas la cosa no mejora. 100 veces menos visitas que El País o 3 veces menos que El Plural en abril. Además sus visitas son de peor calidad con menos tiempo de navegación

La Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid, el antiguo Ivima, gestionó el año pasado 24.911 viviendas, 1.361 locales y 21.130 garajes, la mayoría en régimen de alquiler. La morosidad de algunos inquilinos es un problema que viene de largo. Así consta en el informe de actividad de la AVS del ejercicio 2023, el documento recoge que los deudores presupuestarios deben 124 millones de euros, de los que un 4,5% (5,5 millones) se corresponde con deudas de diferente naturaleza y el 95,5% restante, 118,5 millones, derivan de impagos.

La inversión presupuestaria ejecutada en Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización (I+D+i+d) del sector público aumentó el año pasado un 12,6%, dejando el nuevo récord histórico en 11.117 millones de euros, 2.293 millones más que en 2022.

El Alvia Badajoz-Madrid de las 17:45 horas ha estado detenido en Mérida tras las protestas de los viajeros por que no funciona el aire acondicionado en los vagones. Según el testimonio de uno de los viajeros, el convoy ha permanecido parado en la Estación de Mérida durante más de media hora después de que varios pasajeros protestaran por la ausencia de aire acondicionado en el día más caluroso lo que llevamos de verano y en el que la provincia de Badajoz alcanza los 44 ºC. Los pasajeros pedían que se activara el aire

La Universidad madrileña –la pública– se ahoga. Se ahoga en deudas desde hace años, tirando de remanentes o recortando gasto por las esquinas para cuadrar las cuentas ejercicio tras ejercicio, no siempre con éxito. Se ahoga con la menor inversión por alumno de España, pese a ser la comunidad autónoma más rica, y con las tasas más altas, a la vez que compite con un sector privado que se expande por la región sin un final visible. Se ahoga, ahora también, con un proyecto de ley autonómica que, advierten los rectores, podría chocar con la LOSU.

El resumen es bastante negativo y evidencia que, como venimos diciendo reiteradamente hace tiempo, la Sanidad Pública no es una prioridad para el Gobierno del país y que incluso cuando se llegan a acuerdos amplios (estas recomendaciones fueron aprobadas por PP) estos se incumplen sistemáticamente.

El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha archivado la investigación sobre la publicidad institucional que la Generalitat Valenciana otorgó durante varios años a los medios de comunicación al no apreciar delito. La causa abarcaba al periodo temporal de entre 2016 a 2019, durante la etapa en la que Ximo Puig era el jefe del Consell. Las indagaciones se iniciaron hace alrededor de un año tras una denuncia presentada por la Fiscalía a raíz de una investigación de la Agencia Antifraude.