Tras la resolución de la CNMC de 2015, los fabricantes implicados empezaron una batalla judicial para tratar de evitar las sanciones hasta que, en 2021, el Tribunal Supremo confirmó las multas para todas y cada una de las 23 empresas que conformaron el cártel (excluyendo a SEAT). La última sentencia, que confirmaba la sanción a Toyota, se emitió el 1 de diciembre de 2021. Arrancó entonces un plazo de un año -aunque algunos juristas defienden que podría ser superior- para que los clientes afectados puedan interponer sus demandas.

La Comisión Europea somete a examen por primera vez la calidad del Estado de derecho de los socios de la UE. La evaluación sobre España, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, resalta con el habitual lenguaje diplomático el bloqueo del Poder Judicial. Y deja además un aguijonazo sobre la Fiscalía: subraya la “relación” entre el Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado por su régimen de nombramiento, el periodo de su mandato y el sistema de comunicación con el Ministerio de Justicia. El informe ni siquiera menciona el conflicto catalán

Iker Casillas ha sido uno de los miles de afectados por el “caso Bankia”. El portero contrató los servicios jurídicos del despacho Arriaga Asociados para recuperar el dinero que invirtió y, además, aceptó ser la imagen publicitaria de la empresa. La campaña no solo ha conseguido más clientes para el bufete, sino que ha atraído también a nuevos perfiles y lo ha consolidado en el sector de la abogacía.

Las complicaciones en el parto son el problema con mayor número de demandas. «Las familias no asumen que puede haber problemas y buscan un culpable», dice la jefa de Ginecología del Hospital Donostia

La bitácora que pide la liberación de las modelos argentinas detenidas en España no es la única creada por un reclamo judicial. Los sitios que reclaman por un argentino preso en Barcelona o el esclarecimiento del crimen de Nora Dalmasso son más ejemplos de una misma tendencia

Begoña Gómez ha recurrido en apelación para que la Audiencia de Madrid archive la investigación abierta contra ella por sus actividades profesionales. Causa abierta después de que el pseudosindicato Manos Limpias presentara una denuncia de siete páginas con ocho titulares de prensa, alguno falso.

Se ha hablado mucho de este pacto, sobre todo del reparto de los vocales, que serán 10 para cada partido, fuera de la aritmética salida de las urnas (2 partidos con el 73 % de los votos designarán el 100 % del CGPJ). Lo curioso es que, más allá de ese reparto coyuntural se pactó algún elemento de reforma permanente del sistema de gobierno del Poder Judicial. Y de esto, no se ha hablado prácticamente nada.

El expresident acusa al magistrado de "torcer el derecho" al proseguir con la investigación de la trama rusa pese a la orden de la Audiencia de Barcelona que se lo impedía. El magistrado admitió que seguir investigando la trama rusa suponía una “solución alternativa a las objeciones” que le había puesto la Audiencia de Barcelona, pero que debía hacerlo “por razones de equidad y justicia y de importancia histórica para la Unión Europea”.

Mientras que Google y Cloudflare han aplicado el bloqueo, Cisco (propietario de OpenDNS) ha acatado la orden judicial desde otro ángulo, que probablemente no es el que esperan las autoridades, retirando por completo el acceso para los usuarios del país. Lo mismo ocurre para los portugueses, donde Canal+ cuenta con una resolución judicial en el mismo sentido. Aunque la nota de Open DNS no explica los motivos de tal decisión, es posible que hayan preferido apagar el servicio a alterar su funcionamiento, haciendo que no respete el protocolo DNS.

La fundación Faes, cuyo presidente es el expresidente José María Aznar, ha dado su visto bueno al acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE. Para el grupo, la renovación del órgano judicial era “perenotoria” después de cinco años de “prórroga” y señalan al Gobierno por este bloqueo: “Lo dificultaba la negativa del Gobierno a comprometer, simultáneamente, modificaciones legislativas que garantizasen la conformidad con los estándares europeos del procedimiento de designación de vocales del Consejo”.

Se trata de la nueva sustancia psicoactiva detectada este mes por Energy Control en un festival en Barcelona. Se intentó comercializar como MDMA y con un particular diseño.

El órgano de gobierno de los jueces sale del bloqueo tras más de cinco años con el mandato caducado

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Entre la información a la que supuestamente tuvo acceso Prado, se alude a teléfonos intervenidos de cargos populares, a la imputación por fraude fiscal de Conde Roa, e incluso de una comida con varios magistrados en la que participaría el abogado y a que éste conocería por esta vía la existencia de las fotografías del presidente, Alberto Núñez Feijóo, con el contrabandista Marcial Dorado, antes de su publicación.

El Estado español tiene un grave problema de violencia policial e institucional: lo llevan denunciando años colectivos ciudadanos, organizaciones de Derechos Humanos y organismos internacionales. La represión de manifestantes pacíficos en contextos de protesta lleva años en aumento, especialmente desde que está vigente la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Desde el movimiento de derechos humanos hace años que se trabaja en propuestas para poner fin a la impunidad de la violencia policial. Ahora, organizados en una mesa

La Consejería de Asuntos Sociales ha hecho 400 requerimientos a familias por mayores que dejaron algo a deber. Gran parte murieron durante lo peor de la COVID, con las residencias sin medicalizar y con protocolos que impedían derivar a hospitales

El gobierno de Brasil está contratando a OpenAI para agilizar la selección y el análisis de miles de demandas utilizando inteligencia artificial (IA), tratando de evitar costosas pérdidas judiciales que han pesado en el presupuesto federal. El servicio de IA señalará al gobierno la necesidad de actuar en demandas antes de las decisiones finales, mapeando tendencias y posibles áreas de acción para la oficina del procurador general (AGU).