Miembros de las plataformas Verdad y Justicia y Marea de Residencias han acudido al pleno de la Asamblea y han presentado en el Registro el documento para los grupos parlamentarios -PP, Más Madrid, PSOE y Vox- y para el presidente de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, José Ángel Rumayor, después de llevarlo este miércoles a la Fiscalía Superior de Madrid.

En un debate del pleno de la Asamblea de Extremadura especialmente bronco que Fernández Calle ha considerado que ha estado “fenomenal”, él mismo se ha referido al PSOE como la “cleptofera” y ha dicho que, debido al caso Koldo, “pillarán si Dios quiere a la esposa del presidente del Gobierno y a un puñadito de ministros”, lo que, a su juicio, puede hacer necesario la reapertura de la cárcel vieja de Cáceres.

La Audiencia critica la instrucción de la jueza de Azpeitia, que sobreseyó “sin exponer motivo o razón alguna”. Le obligar a realizar la pericial propuesta por la parte querellante, EH Bildu, que estimó un sobrecoste de las obras de 17 millones

La propuesta que el PSOE hará llegar al Congreso y al Senado, así como a los parlamentos autonómicos, para que retiren la acreditación de prensa a los pseudomedios que figuran en el cartel oficial del evento celebrado en Nochevieja en la calle Ferraz, durante el cual se ahorcó y apaleó a un muñeco que representaba a Pedro Sánchez, abre un debate complejo que se adentra en los derechos fundamentales sobre la libertad de expresión y el derecho a la información.

La Audiencia Provincial, en un auto del pasado 25 de octubre al que ha tenido acceso Radio Madrid, le dice al Juzgado de Instrucción número 50 que tiene que investigar si la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso y dos de sus consejeros durante la pandemia, el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Justicia e Interior, Enrique López, tienen alguna responsabilidad penal en el fallecimiento de siete mayores que murieron en la residencia Amavir Ciudad Lineal de la capital sin ser derivados al hospital Ramón y Cajal.

A la vista de la “gravedad de los hechos denunciados”, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha acordado reabrir la causa contra dos agentes de la Policía Local de Vilamarxant (València) que fueron grabados por el teléfono móvil de un detenido fabulando una supuesta agresión para justificar el arresto. La Audiencia Provincial de Valencia pide a la jueza que archivó la investigación al considerar ilegal el audio que grabó a los agentes una “mínima actividad instructora” más allá de las “crípticas razones” alegadas .

El gobierno de Azerbaiyán y los armenios separatistas de Nagorno-Karabaj parecen haber llegado a un acuerdo para reabrir dos enlaces de transporte en disputa, incluida una ruta clave conocida como el corredor de Lachin. Los movimientos -informados inicialmente por la agencia estatal de noticias armenia Armenpress y confirmados por Azerbaiyán- parecen satisfacer, al menos en parte, la antigua demanda de este último de restablecer las conexiones de transporte entre el territorio controlado por el gobierno azerí y Nagorno Karabaj, donde los armen

Hace tres años el Tribunal Supremo cerró la puerta a que la población del Sáhara Occidental nacida antes de 1976 obtuviera la nacionalidad española. Una sentencia que estableció que los ciudadanos de ese territorio nunca fueron españoles y que, si no lo solicitaron en plazo, ya no había nada que hacer. Ahora una nueva decisión de los tribunales madrileños confirma ese criterio y rechaza la petición de un hombre nacido en el Sáhara en 1967, pero uno de los jueces firma un voto particular en el que defiende que la población saharaui sí era españo

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigación sobre la muerte de Silvia Idalia Serrano. La joven falleció el pasado mes de julio a causa de un shock séptico. Tres meses antes se había sometido a una operación de cirugía estética en la clínica CEME de la capital, y aunque los responsables del centro siempre negaron cualquier vinculación entre la intervención y la grave infección que sufrió, sus allegados y familiares achacan lo sucedido a una posible negligencia.

Los fiscales solicitan la imputación de la exsecretaria del PP y consideran que el expresidente tuvo papel como "inductor" del espionaje a Bárcenas del que participó Villarejo