La Guardia Civil deja en libertad a Luis Rubiales, a la espera de la citación ante la juez El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha quedado en libertad a última hora de la mañana de este miércoles tras llegar a España en un vuelo procedente de República Dominicana y ser detenido en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

La estimación del recurso implica que la recurrente deberá ser nombrada policía nacional, escalafonándosele en el puesto que le hubiera correspondido en la promoción saliente de la convocatoria en la que participó -la de 18 de abril de 2017-, con la misma antigüedad y resto de efectos económicos y administrativos que los obtenidos por quienes superaron la convocatoria.

El excomisario jefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha contado al declarar como testigo en el juicio por el caso Macedonia que el juez que investigaba la causa le pidió, cuando él investigaba como policía, que le solicitara por escrito intervenir los teléfonos de 16 guardias civiles.

Los alegatos finales en el caso estrechamente vigilado comienzan el 15 de noviembre; el veredicto será pronunciado a continuación

'El Sardina', un guardia civil del Puesto Principal del Instituto Armado en Massamagrell (Valencia), mantenía un "lazo de amistad y relaciones personales" con un presunto delincuente investigado por narcotráfico al que pasaba información. El agente, sin embargo, se ha librado de la sanción de un mes de suspensión de empleo por una falta grave al considerar el juez militar que el expediente disciplinario se inició a raíz de un "hallazgo casual" en los pinchazos telefónicos, según la sentencia de la sección primera del Tribunal Militar Central

Ricardo Fiestras fue recusado, en mayo pasado, por una familia que había interpuesto una denuncia, que recayó en su juzgado, contra sus vecinos por organizar fiestas. Esta familia se quejaba de que el juez Fiestras no había ordenado ninguna diligencia en nueve meses. En el escrito de recusación, se hacía constar que el juez había sido denunciado por participar en una fiesta ilegal.

La jueza Carmen Rodríguel-Medel, que investigaba al delegado del Gobierno español en Madrid, José Manuel Franco, por un posible delito de prevaricación por no prohibir la manifestación del 8M ha decidido archivarla provisionalmente al no ver suficientes indicios de delito.

El informe, fechado el 1 de junio y cuyo contenido revela este jueves el diario El País, critica los retrasos en la entrega de la información reclamada al organismo dirigido por Simón y apunta que en la documentación entregada faltan datos reclamados a direcciones de correo electrónico de la citada dirección, entre ellas la del propio Simón.

El nuevo informe remitido a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel también apunta al director como responsable de los retrasos y afirma sin pruebas concretas que "podrían faltar documentos" entre la información requerida.

El juez de instrucción número 11 de Madrid ha archivado la querella presentada por Vox contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por las llamadas que realizaron al coronel jefe de la Comandancia de Madrid cesado de su cargo, Diego Pérez de los Cobos, según han confirmado a Europa Press fuentes de los querellantes. Tras esta decisión del mismo juez de Madrid que inadmitió una de las querellas por el presunto delito de homicidio imprudente contra el director del Centro de

La juez que investiga al delegado del Gobierno,José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación por permitir actos multitudinarios en marzo en plena emergencia sanitaria ha respondido a las duras críticas de la Abogacía del Estado, que le acusa de abrir una causa general contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por las manifestaciones emitidas en marzo ya con la emergencia sanitaria, como por ejemplo la del 8-M, día de la mujer

La magistrada se crió en un ambiente marcial, de respeto por el orden. Es hija de un coronel de la Benemérita. Su hermano, Antonio, también vestiría el uniforme verde y el tricornio: ahora posee el mismo rango —coronel— y está destinado a San Lorenzo del Escorial (Madrid).

La jueza que investiga el 8M ha remitido una carta al Ministerio del Interior en la que recuerda que ha dado orden a la Guardia Civil -que actúa como Policía Judicial- de «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones y advierte de responsabilidades penales si no se actúa de esta manera. El oficio fue remitido este lunes por la mañana al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y coincide con el cese del jefe de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego López de los Cobos, que ordenó ayer mismo el ministro del Interior.

El taxista Alfredo Sanz circulaba por una rotonda en Zaragoza cuando se vio implicado en una colisión con otro turismo. Fue cuando una grupo de agentes de la Guardia Civil se personaron en el lugar para esclarecer lo ocurrido. Y, tras escuchar la versión del taxista y del otro conductor, determinaron que el causante del choque había sido Alfredo. La multa sería para él. Pero el taxista, disconforme desde el primer momento, ha llevado el caso hasta los tribunales, donde le han dado la razón.

Tras la intervención, la Guardia Civil de Cádiz ha podido hacer un servicio "pionero" a la sociedad, según fuentes del instituto armado. Fueron intervenidos seis aparatos de aire acondicionado que, en su curso normal en estos casos, hubieran ido a parar a un depósito judicial en el que, por la falta de uso o de medidas de conservación (muchos de ellos están al aire libre), habrían acabado siendo chatarra.

La Guardia Civil le recrimina que le encargó atestados ya hechos años antes, que ordenó parar otros y que no le dio los expedientes para poder investigar

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, que ha acordado continuar las diligencias previas para la preparación de juicio oral contra los 16 guardias civiles investigados por su actuación en la playa de El Tarajal el 6 de febrero de 2014, apunta en su resolución que pudieron "contribuir, co-causalmente, a título de imprudencia, a la muerte por ahogamiento" y que "podían haber intervenido en su auxilio y se abstuvieron de hacerlo sin causa que justifique su omisión".

Llevaba a bordo 8,75 kg de bocinegros, que fueron depositados en la Cofradía de Pescadores en el Cotillo y capturados por su propietario, un pescador jubilado que había tramitado la baja definitiva de la embarcación en el censo de flota profesional desde agosto de 2023 y faenaba solo.

La jueza ha ordenado el cierre provisional de las instalaciones ante la gravedad de los hechos investigados. La Guardia Civil ha detenido a cinco trabajadores del Centro de Atención a Menores de la localidad de Ateca (Zaragoza), a los que ya se les ha decretado prisión sin fianza, por ejercer supuestos delitos de lesiones, torturas, contra la integridad moral, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal, sobre varios internos.

El agente, de 55 años, ganaba 1.600 euros al mes por su puesto, salario que podía obtener otro compañero de la misma categoría. Con tal retribución se antojaba complicado disponer de 12 empresas y cuatro uniones temporales con las que obtener concesiones públicas millonarias, además de 17 inmuebles. Según ha dictaminado la sentencia, el cabo primero “ha supuesto unas aportaciones dinerarias en concepto de compra de capital social de unos 730.000 euros, habiendo adquirido en el mismo período bienes de naturaleza inmobiliaria (17 inmuebles), bien

El periodista cuestiona que no se pueda criticar a los jueces cuando son un poder del Estado. "El judicial es un poder, y como los demás tiene que estar sometido a críticas, escrutinio y fiscalización. Lo contrario es impunidad", afirma.

¿Está diciendo Saquito de mierda que conoce las intenciones del juez Peinado por fuentes cercanas e íntimas, y que este ha dicho que va a elevar la causa al Supremo porque Sánchez es un "tirano"? De ser cierto, o por la parte periodística o por la judicial, hay que aclararlo

Después de decidir no prestar declaración (al acogerse a la dispensa del art. 416 LECrim), Pedro Sánchez ha decidido querellarse contra el juez Peinado por prevaricación. Analizamos la querella en cuestión.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha asignado como ponente para la querella presentada por la Abogacía del Estado en nombre del presidente Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, al magistrado Francisco José Goyena, el mismo juez que ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al fiscal general tras la querella de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por revelación de secretos.

Jesús Cintora invita a Ernesto Ekaizer para tratar temas de actualidad: posible imputación de Sánchez, denuncia por prevaricación al juez Peinado, Nacho Cano y las elecciones en Venezuela.

'Recordad este día como el día en que casi atrapáis al Perro': reacciones a la querella de Sánchez contra el juez Peinado

A parte del presidente, la querella también van en contra del ministro Félix Bolaños y el abogado general del Estado .