Las compañías eléctricas llenaron España de centrales eléctricas de gas natural en los primeros años de siglo. Pero se encontraron con que la crisis y el boom de las renovables no iban a hacer posible que las nuevas instalaciones ni por asomo alcanzaran el nivel de producción para el que fueron diseñadas.

El Gobierno ha planteado reducir la interinidad en la Administración pública con una reforma de la temporalidad de este tipo de contratos. Una de las últimas propuestas que ha planteado ha sido despedirles transcurrido ese tiempo, pero también se propone ahora encarecer su indemnización por cese si se excede ese periodo.

Page ha reaccionado y ha querido contestar a las declaraciones de Sánchez, y ha recalcado que arropó a Sánchez y a su esposa Begoña Gómez en la causa abierta por el magistrado Juan Carlos Peinado. “La última vez que apoyé salí hablando muy bien de Begoña y de él”, ha replicado el presidente castellanomanchego al ser preguntado por las declaraciones del presidente del Gobierno. Page ha destacado que apoya “mucho” al Gobierno y “con votos”.

El Gobierno cierra con los agentes sociales un acuerdo sobre jubilación anticipada, coeficientes reductores de jubilación y la colaboración de las mutuas para las bajas traumatológicas.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública pondrá en marcha un plan de medidas para combatir las estafas de suplantación de identidad que se cometen mediante llamadas telefónicas o envíos de SMS. El objetivo de este plan es aumentar la protección de consumidores y empresas ante el creciente número de fraudes a través de este tipo de estafas.

La citación de Pedro Sánchez en la causa contra su esposa promete aportar nada a la causa pero dejará para la historia la imagen del mandatario sentado ante un juez que juega a la confusión en sus argumentos, impone la urgencia y se inventa artículos de la Ley. Peinado ha utilizado el “subterfugio” –según la Fiscalía– de citar a Sánchez en calidad de “esposo” y no de presidente del Gobierno, lo que le impediría acogerse a su derecho a contestar por escrito. Y lo ha hecho a sabiendas de que nadie tiene obligación de declarar contra su cónyuge.

El Tribunal Supremo tumbó en 2022 (por 3ª vez) el sistema de financiación del bono social eléctrico. Las grandes compañías eléctricas emprendieron una nueva batalla en los tribunales para conseguir que se les devolviera los pagos millonarios que habían realizado para financiar el programa social entre 2016-21. El Tribunal Supremo ya ha forzado a pagar a las grandes eléctricas 327 M, ha dictado sentencias que obligan a abonar otros 263 M aún pendientes y se espera otra resolución por 150 millones más. Y a todo hay que sumar intereses de demora.

España va a incumplir la directiva europea que obliga a retribuir al menos cuatro semanas de las ocho del permiso parental hasta los 8 años

El Gobierno firmará este lunes los convenios que movilizarán 6.000 millones de euros a través del ICO para la construcción de más de 40.000 viviendas de alquiler asequible durante los próximos cincuenta años.

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha acusado este sábado en Ibiza al Gobierno de Pedro Sánchez de “compartir el discurso” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “en vez de defender a sus compatriotas que han sido expulsados” del país caribeño.

En los titulares veréis que Junts hará que caiga el Gobierno y el primer paso ha sido votar NO al techo de gasto en el último superpleno. Votó no junto con PP y VOX. Esto deja en el aire los presupuestos generales del Estado para 2025. También ha votado junto a PP y VOX contra la reforma de la ley de extranjería para que el reparto de menores sea obligatorio porque cuando ha sido voluntario no se ha cumplido y sobre todo lo que se ha hecho ha sido dilatarlo en el tiempo.

Fuentes de la Delegación confirman que presentará una demanda contra Carla Toscano, la portavoz municipal del partido de ultraderecha, por daños al honor. "Ante el insulto y la difamación, tolerancia cero. Adoptaremos las correspondientes acciones legales."

La Comisión Europea ha dado este miércoles un tirón de orejas a España por no separar los mandatos de la Fiscalía y el Ejecutivo, lo que contraviene los estándares europeos sobre autonomía e independencia europeos . En su informe anual sobre el Estado de derecho en los países europeos, Bruselas reconoce que España ha realizado “algunos progresos” sobre el estatus del Fiscal General, pero que aún debe seguir realizando esfuerzos en este terreno.

La concejal Raquel Tomás ocupará la concejalía de Comercio y su compañero Faustino Moreno asumirá la de Familia y Sanidad. El alcalde de Hellín, el 'popular' Manuel Serena, y la portavoz de Vox en el Consistorio hellinero, Raquel Tomás, comparecieron ante los medios para dar cuenta del pacto de Gobierno alcanzado entre sus respectivas formaciones políticas.

El Gobierno cesará este martes a la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, después de la polémica sobre los contratos que ella y su pareja habrían obtenido de municipios del PSOE para gestionar los Puntos Violeta. Fuentes del Gobierno han informado a EFE de este cese, que se produce 6 días después de que se publicara que García habría recibido al menos 64 contratos públicos de Ayuntamientos gobernados por el PSOE y, con estas adjudicaciones habría facturado alrededor de 250.000 euros con las empresas que comparte con su mujer,

La Agencia Tributaria hizo una investigación sobre las obras del Instituto Príncipe Felipe, que se hicieron fraccionando facturas para hacerlas pasar por contratos menores. Una carta de la Consejería de Educación admite que esa obra no se sacó a concurso, no consta en sus archivos y aún así no investigó más.La reforma costó 233.613,17 euros, muy por encima de lo que la Ley de Contratación del Sector Público califica de contrato menor (el que asciende, como máximo, a 40.000 euros más IVA). Se encargó a dedo a una empresa.

La legislación española después de la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo,no cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea, que España firmó en julio de 2021. Un fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que ya se conocía desde marzo pero que se dio a conocer este lunes 22 de julio concluye que la compensación de 33 días por año trabajado en el caso de los despidos improcedentes “no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por los trabajadores despedidos y no tiene un efecto disuasorio.