El Poder Judicial amplió por cuatro meses la investigación en los casos de esterilizaciones forzadas a mujeres, en su mayoría indígenas, perpetradas durante el régimen de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000. Las víctimas no solo reclaman celeridad, sino también resolver las deficiencias del sistema de justicia que les impide acceder a la verdad y reparaciones.

La Fiscalía de Perú ha acusado al expresidente Albero Fujimori de haber obtenido beneficios con su plan estatal de esterilizaciones forzadas, en el marco del juicio que aborda el caso por este mismo programa.

El próximo 3 de diciembre se celebra el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Este 2020, además, esta fecha cobra una especial relevancia en nuestro país ya que coincide con la fase final de la tramitación parlamentaria para la modificación del Código Penal que acabará de una vez por todas e ilegalizará las esterilizaciones forzosas en España por razón de discapacidad. Práctica que hasta ahora afectaba, sobre todo, a numerosas mujeres y adolescentes a las que se impedía ser madres por la fuerza.

España aplicará diez años tarde este mandato de la Convención de la ONU y prohibirá las esterilizaciones forzosas de las mujeres con discapacidad, una práctica permitida en la actual ley y que se ha llevado a cabo al menos un millar de veces en una década. Rel: www.meneame.net/m/actualidad/pablo-iglesias-dice-urgente-suprimir-este

Bajo la ya abolida Ley de Protección Eugenésica, se realizaron en Japón más de 16.000 esterilizaciones forzosas de personas que sufrían enfermedades mentales o discapacidades. No puede decirse que se estén tomando medidas efectivas para socorrer a las víctimas de esta política. Lo que está en cuestión es la actitud de toda una sociedad frente a un problema que afecta a la justicia social y a los derechos humanos.

Entre 1996 y el año 2000 alrededor de 300.000 mujeres y 20.000 hombres fueron esterilizados en Perú dentro del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del Gobierno de Alberto Fujimori. Más de 2 décadas después, sus víctimas siguen buscando justicia y reparación

A Rute Zuñiga la amarraron de pies y manos para que no pueda defenderse. Antes la chantajearon con no registrar a su hija recién nacida si no iba al centro de salud. Es uno de cientos de miles de casos estremecedores en Perú. En la provincia de Anta, en Cusco, Perú, las autoridades locales la amenazaban con no registrar a su hija recién nacida si no acudía primero al centro de salud. "Así fue que me hicieron la ligadura", le contó Zúñiga a BBC Mundo. Su caso es similar al de otras cientos de miles de mujeres en Perú que, entre 1990 y 2000.

En Perú, durante el mandato del presidente Alberto Fujimori, más de 300.000 mujeres fueron sometidas a un programa de esterilización forzada conocido con el nombre de “Plan de salud pública”. Éste fue presentado el 28 de julio de 1995. El plan fue financiado principalmente por la Agencia de Cooperación Internacional Estadounidense con 36 millones de dólares y, con una cantidad mucho menor, por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Histórica activista de los derechos humanos, Giulia Tamayo murió el pasado 9 de abril. Jugó un papel crucial en terminar con el plan de esterilizaciones forzadas del presidente peruano Alberto Fujimori.

Entre un 20% y un 30% de las al menos 20.108 esterilizaciones forzosas bajo las leyes de eugenesia vigentes en California (EEUU) hasta 1979 se practicaron a personas con apellido en español, según una investigación. El estudio, de la profesora de Obstetricia, Ginecología y Cultura Estadounidense de la Universidad de Michigan Minna Stern y la estudiante Natalie Lira, indica que esas esterilizaciones se hicieron entre 1909 y 1964, aunque la ley permaneció en vigor en California hasta 1979.

El presidente de Perú, Ollanta Humala, se ha pronunciado a favor de que se investiguen las esterilizaciones forzosas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). El exmandatario preso aprobó un programa para hacer ligaduras de trompas y vasectomías a mediados de la década de los noventa con el fin de reducir la población en zonas rurales.

Un investigación de la BBC ha descubierto que el gobierno de Uzbekistán lleva a cabo esterilizaciones a mujeres sin su consentimiento. "Siempre soñé con tener cuatro -dos hijas y dos hijos- pero después de mi segunda hija no podía quedar embarazada", explica. Fue a ver a un doctor y descubrió que había sido esterilizada después de dar a luz a su hija mediante cesárea. "Quedé golpeada. Lloré y pregunté: '¿Pero por qué? ¿Cómo pudieron hacer esto?' El doctor dijo: 'Esa es la ley en Uzbekistán". Pero esterilización no es, oficialmente, la ley.

Amnistía Internacional (AI) ha pedido a las autoridades peruanas que investiguen la esterilización forzosa de más de 200.000 mujeres indígenas y campesinas durante la Presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000).Las mujeres indígenas y campesinas de zonas rurales empobrecidas fueron las principales víctimas del programa de esterilizaciones, que causó al menos una víctima mortal, María Mamérita Mestanza Chávez, fallecida en el norte de Perú en 1996.

Según grupos de derechos humanos, funcionarios del área de salud y algunas de las propias víctimas, cientos de mujeres uzbekas han sido esterilizadas quirúrgicamente sin su consentimiento, como parte de una campaña gubernamental que persigue reducir la tasa de natalidad en el país.

El 29 de agosto Brasil anunció el fin de la "Operación Rescate", la cuarta de su tipo, liberando a 593 personas de condiciones análogas a la esclavitud. Duró un mes en 15 estados. El 72% trabajaba en agricultura, 17% en industria y 11% en comercio y servicios, incluido una mujer de 94 años (obligada a trabajar de domestica 64 años), 16 menores de edad, 13 paraguayos y 4 argentinos. Se estima que 1.053.000 viven en condiciones de esclavitud moderna en Brasil en trabajo forzado, servidumbre por deudas, matrimonio forzado y trata de seres humanos.

Un tribunal australiano condenó a una madre a tres años de cárcel por presionar a su hija a casarse contra su voluntad, en la primera sentencia de este tipo en Australia desde que en 2013 entró en vigor la ley sobre matrimonios forzados."El delito es intrínsecamente grave. Privar a una persona de la libre elección sobre los pasos de su vida -grandes o pequeños- es una afrenta a los derechos de un adulto a tomar sus propias decisiones sobre su propia vida", dijo la jueza Fran Dalziel, del Tribunal Rural del estado australiano de Victoria

Las deportaciones han sido reconocidas como una de las forma de represalia política de la era de Stalin y una de las formas de fortalecer y centralizar su poder personal. El objetivo era mermar la población de las zonas donde había una gran concentración de ciertos grupos étnicos, que tenían un estilo de vida distintivo, que hablaban, criaban a sus hijos y publicaban periódicos en sus idiomas diferentes.

La investigación comenzó a finales del pasado mes de enero, cuando los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Ciudad Real supieron de la existencia de unos menores de la citada localidad que se encontraban en situación de desamparo. Según la información recibida, una de esos menores había confesado a su entorno social que estaba sufriendo agresiones físicas habituales por parte de su madre, por lo que quería abandonar su domicilio.

Son demasiadas las veces que el ICAM daaltas forzadas a trabajadores que no están en condiciones óptimas para reincorporarse al trabajo.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha sancionado este viernes a tres empresas con sede en China por contribuir al trabajo forzoso en la región de Xinjiang, donde vive la minoría musulmana uigur. "El Departamento de Seguridad Nacional sigue comprometido a erradicar el uso del trabajo forzoso y responsabilizar a las organizaciones por sus abusos contra los Derechos Humanos", ha asegurado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. Una de las empresas sancionadas es COFCO Sugar Holding...

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha solicitado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que su ministerio lidere la petición de incluir la esterilización forzada como una forma de violencia, tipificada como infracción penal, en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Esta solicitud, cuenta ya con el apoyo del ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030.

Desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán, el número de matrimonios forzados y de menores se ha multiplicado por diez. Las mujeres se ven privadas de trabajo y de actividades sociales, y las niñas de educación. Debido a las restricciones y violación de los derechos humanos de las niñas y mujeres, la represión de sus protestas y el silencio del mundo contra estos crímenes y el apartheid de género, miles de ellas son víctimas de violaciones, matrimonios forzados y matrimonios de menores.

Familias de Rumanía, Marruecos y Bangladesh trafican con menores con 'dotes' de entre 2.000 y 15.000 euros Este tipo de trata a veces se enmascara de 'tradiciones culturales', pero además esconde fines sexuales y laborales.