El TSJPV ha ratificado la sanción económica de 100.000€ a Iberdrola por una infracción laboral calificada como muy grave en materia de cesión ilegal de mano de obra, dando, así, la razón a ELA. El sindicato denuncia la avaricia de Iberdrola, que a pesar de haber obtenido unos beneficios netos de 3.103,6 millones de euros entre enero y septiembre comete este tipo de infracciones con el único objetivo de seguir ganando aún más, aunque sea a costa de precarizar las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras.

La 'policía laboral' catalana ha sancionado con 187.515 euros a la firma de reparto a domicilio de las mochilas naranjas -antiguamente 'La nevera roja'- y con otros 62.503 euros a la subcontrata implicada,

El Ejecutivo catalán sanciona a la compañía después de que 57 de sus conductores fuesen perjudicados al aplicarles un convenio colectivo desfavorable para sus condiciones de trabajo

El bufete SBO, que logró la sentencia pionera del Supremo que reconocía que los repartidores de Glovo eran falsos autónomos, pedirá "a la Inspección y al Juzgado que intervenga" por la subcontratación a través de agencias como Randstad o Jobandtalent.

La Inspección de Trabajo de Catalunya ha levantado un acta de sanción a la empresa Cabify de 431.275 euros por "cesión ilegal de personas trabajadoras", ha explicado la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat este miércoles en un comunicado, según informa Europa Press. La sanción también afecta a dos empresas transportistas subcontratadas y a la Empresa de Trabajo Temporal (ETT) JT Hiring.

Outsourcing, BPO, externalización, empresas de trabajo temporal (ETT), subcontratas: condiciones laborales precarizadas en servicios "auxiliares"

UGT - FICA de Catalunya ha denunciado a BonÀrea Corporación ante la Inspecció de Treball por presunta cesión ilegal de 316 trabajadores de diferentes centros del grupo, con sede en Guissona (Lleida). El sindicato explica que ha interpuesto la denuncia después de que el pasado 1 de noviembre estos empleados, que hasta entonces trabajaban para BonÀrea como autónomos, fueran subcontratados por empresas multiservicios en vez de ser integrados en la plantilla. Por su parte, la compañía niega las acusaciones argumentando que el personal subcontratado

El Juzgado de lo Social 29 de Madrid ha obligado a Telefónica a incorporar a su plantilla como indefinido a un trabajador después de que se haya reconocido "una cesión ilegal" por parte de la empresa subcontratada para el mantenimiento de sistemas informáticos en varias instalaciones de Madrid.

El Juzgado de lo Social 29 de Madrid ha obligado a Telefónica a incorporar a su plantilla como indefinido a un trabajador después de que se haya reconocido "una cesión ilegal" por parte de la empresa subcontratada para el mantenimiento de sistemas informáticos en varias instalaciones de Madrid.

El Ayuntamiento de Barcelona incurre en cesión ilegal de trabajadores. O sea: presta servicios con trabajadores “prestados” por una empresa de trabajo que cobran sueldos precarios y hace caso omiso a las inspecciones de trabajo y a las sentencias judiciales. El sindicato CCOO ganó ya al consistorio de Ada Colau dos denuncias por cesión ilegal de trabajadores en las conserjerías de plaza Sant Miquel y del centro cívico Can Felipa. Pero como quien oye llover, los puestos de trabajo han salido de nuevo a licitación.

Se declara que no se han vulnerado los derechos fundamentales de los empleados de la fundación

La autoridad laboral ha levantado actas de infracción por cesión ilegal de 51 coristas entre Intermezzo, concesionaria del Coro titular del Teatro Real desde 2010, y la instituciónLa Fundación pública del Teatro Real alegará en contra de la decisión de la Inspección, tras denuncias de CGT, y defiende la legalidad del contrato con IntermezzoLa cesión ilegal de trabajadores es una infracción muy grave según la legislación laboral, que puede ser sancionada con multas de hasta 187.515 euros.

La Inspección de Trabajo ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra el Teatro Real y la empresa Intermezzo por la presunta "cesión ilegal" de cantantes al coro del coliseo madrileño.

Las "multiservicios", "subcontratas" y "externalizaciones" violan la legislación europea desde hace años, con tal impunidad por la implicación de instituciones públicas, que existe una auténtica red de trata de trabajadores de la que son víctimas decenas de miles de ciudadanos, al ser contratados en Discriminación laboral, Cesión Ilegal y Fraude de Ley, sufriendo una larga serie de abusos laborales. Hay una campaña de recogida de firmas y donativos en apoyo a las denuncias planteadas ante la CE y el Parlamento Europeo contra estos hechos.

Un empleado subcontratado por la empresa Zelenza asegura que sus labores se desarrollaron siempre en un puesto que está en el organigrama de Telefónica, tratando con otros trabajadores de la compañía telefónica y gestionando proyectos con clientes de la misma “sin que estos supieran en ningún momento” su situación laboral. Dicha demanda tiene un gran interés ya que afecta a un gran número de trabajadores en toda España, a los que “se les abriría las puertas para pasar de la empresa cedente a la cesionaria, en busca de la estabilidad laboral.

Durante los últimos años, ha habido una merma de los derechos de los y las trabajadoras, sobre todo, desde la última reforma laboral. Pero aún con esos recortes, existen empresas que no están satisfechas y quieren más. La avaricia es ilimitada. Y para ello, utilizan los métodos que hagan falta. Entre ellos, la cesión ilegal, con la intención de conseguir esencialmente 3 cosas: reducir los costes laborales, no pagar los despidos y la paz social a costa de una plantilla sumisa y atemorizada.

Una sentencia del Juzgado de lo Social de Mieres abre la puerta a la incorporación a Capgemini (con sede en Valnalón, en Langreo) de cerca de doscientos trabajadores de subcontratas.

Cuatro trabajadores de las subcontratas de Capgemini en Langreo(tres de ellos miembros de la CNT) han sido despedidos como represalia por denunciar su situación laboral y pedir que sus condiciones se equipararan a las de los trabajadores que están en plantilla en Capgemini. El juicio será el próximo 7 de febrero y las movilizaciones que tienen programadas incluyen concentraciones frente a la sede de Capgemini los lunes y los miércoles y una manifestación planificada para el 3 de febrero en La Felguera.

Como vimos anteriormente, casi todo el negocio informático se basa en una ilegalidad y la mayoría de empresas que se dedican al outsourcing lo hacen en fraude de ley. En base a esto deberíamos vivir en una permanente tormenta de denuncias, pero la realidad es que la situación habitual es de calma total. Quiero pensar que esta situación se deba al desconocimiento (...), así que vamos a intentar explicar esto con un ejemplo práctico y si alguien se siente identificado sepa que puede hacer. Digamos que hay una gran empresa, Evil Corp, cuyo negocio

José Antonio Santano sostiene que «las cosas desde el punto de legal se hicieron correctamente» y asegura que las bonificaciones de los dos últimos años permitieron ahorrar 17 millones a los ciudadanos. Según ha recalcado, en su «cabeza no está pensar» en que se declare ilegal al sostener que «las cosas desde el punto de legal se hicieron correctamente». «Otra cosa es que no compartamos la decisión política que se tomó»,

Desplegar buques de la Armada española frente a las costas de donde salen las embarcaciones de inmigrantes para impedir la llegada de esos cayucos a España. La idea del bloqueo naval no es nueva. Ya lo propuso Vox.La pregunta de qué actuación de los buques frente a los cayucos proponen qué debería hacer la Armada ha perseguido a todos hoy en el Congreso. Los socialistas denuncian la falta de humanidad del PP. "¿Lo siguiente qué es bombardearlos?", advierte el ministro de Transportes, Oscar Puente.

Cuando el inquilino de toda la vida se jubiló, dejó el piso para irse al pueblo. La propietaria decidió seguir con alquiler de larga estancia. Una inmmobiliaria le presentó el que parecía inquilino perfecto. En cuanto tuvo las llaves, dividió el piso en estancias para alquilar a turistas. La propietaria denunció, los vecinos también, con pocos resultados. Encima, el Ayuntamiento de Barcelona propone sanción de hasta 600.000 € a la propietaria por el alquiler turístico ilegal. Ruidos,chicles pegados, ascensor estropeado, llamadas a interfonos

Al llamar al número, la respuesta es "no tenemos ninguna base de datos ni nada para pasar este tipo de incidencias".

En una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre "el fin de la discriminación racial ilegal", Greene dijo que le molestaban las afirmaciones racistas contra los republicanos. "Escuchar hoy a mis colegas del otro lado del pasillo acusando a los republicanos de racismo, de odio, diciendo que discriminamos a las personas de la comunidad LGBTQ, o basándonos en la raza, ha sido espantoso hoy, y lo siento por los testigos que han tenido que oírlo", dijo Greene.

En uno de estos servicios, el pasado martes, se contó con la colaboración de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Estos agentes observaron a dos personas sospechosas descargando dos ejemplares de atún rojo de una embarcación recreativa en el puerto de Alicante, para luego depositarlos en un remolque de un vehículo.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado hoy un ambicioso plan de acción para regular el hospedaje turístico ilegal, evitar la desertización residencial del centro de la ciudad y mejorar la convivencia entre vecinos y visitantes. La puesta en marcha de este plan responde a la proliferación de Viviendas de Uso Turístico (VUT) ilegales, que en la actualidad alcanzan la cifra de 13.502, frente a las 1.008 que operan con licencia urbanística.

"Sí, allí se produjeron actividades ilegales, pero vamos", escribió el aspirante a la presidencia denunciando la draconiana sentencia de Ulbricht. RFK Jr. aludió al carácter draconiano de las dos cadenas perpetuas impuestas a Ulbricht por lo que calificó de "alojamiento de una plataforma de comercio electrónico", y compartió una petición para exigir la excarcelación del fundador de Silk Road.

El ministerio solicitará informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para motivar la apertura del expediente de extinción. La decisión final dependerá de los jueces.