La falta de médicos penitenciarios ha llevado en el último año y medio a los directores de, al menos, cinco cárceles a licitar concursos para contratar servicios privados para la atención primaria de sus presos. Se trata de las prisiones de Cuenca, Cáceres, A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Mallorca, que acogen en conjunto a algo más de 3.300 reclusos y que desembolsarán por estos contratos un total de 200.000 euros.

Menos presos, más gasto en seguridad privada. Mientras el número de internos en los cárceles españolas se ha reducido en más de 14.000 reclusos desde 2009, el Ministerio del Interior que dirige Juan Ignacio Zoido gastará más dinero que nunca en contratar 800 vigilantes. En concreto, 34.666.869 euros, según se recogen en la resolución por la que se adjudica el concurso del denominado "servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios". Una cifra que supone un incremento de cerca del 4% respecto a la anterior licitación.

El PSOE, pese a los plenos de investidura, no ha paralizado su actividad parlamentaria y tiene previsto presentar, esta misma semana, varias proposiciones de ley. Una de ellas defiende la contratación directa de los ex escoltas del País Vasco que protegieron a autoridades políticas antes del fin de ETA. En abril de 2014 se aprobó la llamada Ley de Seguridad Privada, que permitía la contratación de vigilantes privados para las cárceles del Estado. La medida, que se empezó a aplicar ese mismo verano, se justificó asegurando que era una fórmula?..

El Gobierno estadounidense ha anunciado su decisión cancelar en el plazo de cinco años los contratos que tiene establecidos con los centros penitenciarios privados que existen en el país.

El juez Mark Ciavarella ha sido sentenciado a 28 años de prisión por vender literalmente niños a partir de 10 años y adultos a las instituciones penitenciarias privadas de su país, aceptando dinero a cambio de dictar sentencias condenatorias. Unas 4000 sentencias de este juez han sido revocadas por la Corte Suprema por violar los derechos constitucionales de los acusados.

El Ejecutivo ha tomado la decisión de extender este sistema a todas las cárceles tras analizar el proyecto piloto puesto en marcha el pasado año en 21 de centros penitenciarios.

Interior contratará guardias privados para vigilar el perímetro de todas las cárceles El Ministerio del Interior ha decidido extender a todos los centros penitenciarios de España la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral

Los inmigrantes detenidos piden mejores condiciones de vida, que se les pague más de US$1 diario por su trabajo y que bajen los abusivos precios del economato de la cárcel. También denuncian las continuas deportaciones y las condiciones “inhumanas” en el centro de detención, operado con fines de lucro por la compañía GEO Group Inc.

El Ejecutivo ha firmado un contrato con ocho empresas para que se hagan cargo de la seguridad perimetral de 21 centros penitenciarios sustituyendo a agentes de Policía por vigilantes privados, tal y como ya ocurre con la Guardia Civil. Los casi 7.400.000 euros de la licitación suponen un coste un 200% superior al de la seguridad pública.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ha admitido que existe un proyecto "temporal" en el que, "determinados vigilantes privados coadyuvan con la Guardia Civil, amplían, no sustituyen en ningún caso la seguridad perimetral de algunos centros penitenciarios".

Tenían que haber empezado ayer 1 de abril, pero no aparecieron durante todo el día para vigilar las dos cárceles de Zaragoza tras la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios acordada por el Ministerio de Interior, por lo que la Guardia Civil tuvo que seguir haciendo estas tareas. Las órdenes remitidas a la Guardia Civil de Zaragoza anunciaban que este primero de abril vigilantes privados comenzarían a asumir las tareas de control de los accesos, el perímetro de las instalaciones y los sistemas de videovigilancia.

La privatización llega a las puertas de las cárceles españolas. A partir del 1 de abril se incorporarán a 21 centros penitenciarios (19 custodiados por la Guardia Civil y otros dos por el Cuerpo de Policía Nacional) vigilantes de seguridad privada que serán en principio un “refuerzo” a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, según recoge el documento que la Dirección General de la Guardia Civil ha enviado a las diferentes Unidades de Seguridad Penitenciaria.

Asegura que el Ministerio ya ha concedido a 'Ombuds' el control de las cárceles de Palencia, Alicante, Logroño, Salamanca, Castellón y Huelva

Aunque EEUU solo tiene el 5% de la población del planeta, en sus cárceles está encerrado el 25% de la población mundial encarcelada.

El cadáver de Philipp García fue hallado en su celda con una bolsa de plástico en la cabeza y un punzón bajo un muslo el 13 de noviembre de 2004. La noche anterior fue objeto de maltrato e insultos por parte del vigilante Manuel Antonio Dorta A. quien le acusaba de ser un chivato y de que hubieran trasladado a un compañero suyo a Las Palmas. Lo agredió y lo insultó tras abandonar su puesto en el módulo 2 en siete ocasiones. Los otros dos acusados fueron testigos de estos hechos y no intervinieron ni dieron parte de los mismos.

El plan dará empleo a escoltas del País Vasco y Navarra. Se ocuparán de la vigilancia del perímetro exterior o el control de las cámaras. El mando seguirá a cargo de agentes de la Guardia Civil

Abre la posibilidad a que la seguridad privada se encargue de la seguridad en centros penitenciarios.

El secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, ha planteado este jueves en el Congreso de los Diputados la posibilidad de paliar con seguridad privada la escasez de funcionarios en los centros penitenciarios. "Lo único que hacemos es poner ingenio y quiero decir, apelando a la tranquilidad de parte de los diputados que me han preguntado, que no queda más remedio que buscar alternativas, lo que es la alternativa de la seguridad privada", ha dicho Ulloa ante la Comisión de Interior de la Cámara baja.

El PP ha asegurado que el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, estaría ahora mismo en la "cárcel" y respondiendo como "culpable" ante los tribunales penales por un concurso de acreedores si en vez de una administración pública, como es la Junta de Castilla-La Mancha, hubiera gestionado una empresa privada.

Casi 5.000 niños en Pensilvania fueron hallados culpables, y 2.000 de ellos fueron encarcelados por dos jueces corruptos que recibieron sobornos de empresas constructoras y propietarias de cárceles privadas que se beneficiaron de los encarcelamientos. Los jueces Mark A. Ciavarella Jr. y Michael T. Conahan recibieron 2,6 millones de dólares en sobornos por enviar a prisión a niños. El caso ofrece una mirada extraordinaria a la vergonzosa industria de las cárceles privadas que está floreciendo en Estados Unidos.

El lobby de las cárceles privadas presiona para que se encarcele cada vez más gente.

Manifestantes afiliados al movimiento “Ocuppy Wall Street” realizaron una concentración en las afueras de la conferencia de GAIM, el gran evento de la industria de inversiones en Florida, para protestar por la implicación de las corporaciones financieras en los sistemas de cárceles privadas en EEUU. “Hoy es el día nacional de acción para llamar la atención a las compañías de inversión y banqueros que están haciendo miles de millones de dólares en la detención de inmigrantes”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a los gobiernos autonómicos del PP de gestionar con el modelo “caduco neoliberal”, que trata los servicios públicos como “mercancías” en vez de “derechos”, y ha vertido críticas concretas a los barones populares en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Por ejemplo, ha cargado contra el Gobierno madrileño al que acusa de haber derivado, solo en un año, una cantidad de 1.000 millones del erario público a la sanidad privada.

Con este mecano han jugado todas las generaciones posibles. En plena investigación por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y los trabajadores en 'Malinche', el musical hará historia con una tercera temporada. Mientras, su 'dinner show' 'Ibiza Hippie Heaven' triunfa en la isla

“La frontera va a permanecer abierta, no cerrada, habrá asistencia sanitaria gratuita para los extranjeros ilegales, ciudades santuario, sin fianza en efectivo, confiscación de armas, cero fracking, una prohibición de los coches de gasolina, la sanidad privada será abolida, una tasa impositiva del 70-80% se pondrá en marcha, y ella va a desfinanciar a la policía. América se convertirá en una ¡ZONA DE DESPERDICIO!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

La razón de las acusaciones tiene que ver con los buzones de entrega de boletas electorales. Mark Zuckerberg y Priscilla Chan donaron más de 400 millones de dólares al Centro para la Innovación e Investigación Electoral (CEIR) con el fin de reforzar la infraestructura electoral de Estados Unidos. Las "vergonzosas cajas de seguridad" a las que se refiere Trump no son otra cosa que estos buzones, uno de los blancos de las acusaciones de fraude en las elecciones de 2020.

Sospechan que se crían dentro de la misma prisión provincial, aunque las autoridades creen que son nomás una plaga.Adiestradas, intentan pasar cocaína, marihuana y hasta celulares para los presos.El fenómeno creció a la par de los mayores controles en los ingresos a los establecimientos penitenciarios.

Gracias a su gran nivel adquisitivo, el empresario puede darse grandes lujos como comprar un jet privado valuado en 80 millones de dólares. El avión lleva activo alrededor de 39 días y, según el portal Our World Data, el cual realiza estudios sobre emisiones de carbono per capita, los vuelos de este jet significan unas 264 toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a 17 veces las emisiones anuales de un estadounidense promedio.

Queremos subrayar la urgencia de una reforma que coloque a España al nivel de otros países europeos en bienestar y protección animal. Francia, por ejemplo, prevé penas de hasta 5 años de prisión por maltrato y 4 años por abuso sexual de animales. España debe aspirar a una legislación similar. “las penas y sanciones actuales continúan siendo insuficientes, y los casos de maltrato animal son a menudo castigados con penas leves que no disuaden a los infractores. La percepción de que “maltratar animales sale gratis” está cada vez más extendida”

Si aún está vivo, José Duval Mata está atrapado en una pesadilla. Hace más de dos años que el conductor de tractores de 26 años se encuentra en prisión en El Salvador, acusado de “asociación con pandillas”, a pesar de que el sistema judicial del país ha ordenado dos veces su liberación inmediata. A pesar de las claras decisiones de dos jueces a su favor, Duval Mata todavía languidece en una de las cárceles más duras del mundo: la infame Cecot de El Salvador, una instalación de máxima seguridad para el “confinamiento de terroristas”.

Mientras presentaba la serie en streaming de derechas "War Room" a principios de esta semana, Giuliani dijo que privar a Bannon de la televisión equivalía a un abuso.

El hombre que confesó haber matado y descuartizado a 42 mujeres en Nairobi escapó este martes del calabozo de una comisaría de la capital junto a otros 12 detenidos. Collins Jumaisi Khalusha, de 33 años, huyó en la madrugada de este martes de la comisaría de Gigiri, a escasos metros de la sede de las ONU y la embajada de EE.UU., tras cortar una malla metálica de su celda y escalar un muro perimetral. "Investigaciones preliminares indican que contó con ayuda de infiltrados, pues los agentes estaban desplegados para vigilar", dijo la policía.

Qué pasará cuando todo sea privado, privatizado. Conclusión final.

El reciente anuncio del Cabildo tinerfeño, del pasado 29 de julio, de que iba a externalizar la gestión de las 24 viviendas bioclimatizadas del ITER, ubicado e Granadilla de Abona, ha despertado reacciones críticas en la oposición socialista en la Administración insular y de exconsejeras como María José Belda (que fue primero portavoz de Sí Podemos y, luego, estuvo entre los no adscritos) por apreciar reparos legales, éticos y políticos a una medida que conciben como el comienzo de una posible privatización del instituto.

El Gobierno británico ha activado este lunes un plan de emergencia para evitar el hacinamiento en las cárceles inglesas, ante al aumento de reclusos condenados por los disturbios violentos que estallaron hace dos semanas a lo largo de Reino Unido. Las medidas, activadas en virtud de la llamada 'Operación Amanecer Temprano', permiten que los acusados puedan ser retenidos en celdas de comisarías y no tengan que comparecer ante un tribunal hasta que haya una plaza disponible en una prisión.

Centenares de personas, entre ellas muchos niños, se hacinan en las celdas de un gran centro penitenciario del sur de la Franja porque no tienen otro lugar al que ir, pese a que el lugar les da escalofríos y puede ser bombardeado por Israel en cualquier momento