Tres detenidos tras la muerte de un joven que cayó de una carretilla elevadora en una nave en Carballo. Se trata del responsable de la empresa promotora de la obra y dos de la compañía contratada. La Guardia Civil les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores. El fallecido carecía de equipos de protección y de acreditación para trabajar en España.

Una situación que la organización ecologista ha puesto en conocimiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las defensoras de los derechos humanos, quien ya ha abierto un expediente al Estado español y que, además, mostró su preocupación por la denuncia de la Cámara Minera el pasado mes de enero. Ecologistas en Acción y sus activistas agradecen todas las muestras de apoyo de otras organizaciones ecologistas y sociales y dejan claro que nada las detendrá en su deber de actuar para conservar la naturaleza .

Los pozos ilegales de la finca Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla), propiedad de una de las más importantes familias aristocráticas del mundo, la Casa de Alba, han podido causar graves daños al acuífero del que se abastece un terreno de 200 hectáreas de naranjos en el entorno de Doñana. Eso es lo que concluye la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en el informe que ha remitido al juzgado que investiga la extracción ilegal de agua en esa finca tras una denuncia de la Fiscalía.

Una investigación de WWF calcula que "hasta 1.360 hectáreas de cultivos -aproximadamente 35.000 toneladas de fresas y frutos rojos- se están regando ilegalmente" en Doñana fuera de la zona agrícola regable. Por otra parte, el estudio identifica que del total de "la superficie ilegal, 294,8 hectáreas corresponden a fincas regadas ilegalmente en zona forestal de alto valor ambiental -zona A del POTAD-, es decir, un área donde los agricultores arrancaron deliberadamente las masas de árboles para instalar sus cultivos ilegales".

El motivo es la reanudación de las obras del hotel y por "daño sistemático y deliberado" a un espacio natural protegido, en concreto, las dunas de arena junto a la playa, una de las pocas vírgenes que quedan en Tenerife. Relacionada: www.meneame.net/story/sin-agua-riego-restricciones-consumo-tenerife-mi

Las explotación minera de Cobre las Cruces fue condenada en 2016 un delito ecológico por contaminar con arsénico un acuífero y ha tenido que afrontar otra una multa de 1,2 millones de euros por la misma acción delictiva en 2018. Por su parte, Mina Los Frailes desarrollará su actividad en la misma mina que causó en 1998 el mayor desastre ecológico de Andalucía,

La Sala de lo Penal estima así el recurso que presentó el fiscal del caso, Carlos Berro, que en su escrito indicaba que no encontraba delito en los chats que investigaba el magistrado. La Audiencia Nacional ha decidido dar por concluida la investigación abierta por los ongi etorri (actos de homenaje) a presos de ETA y ha corregido, por tanto, la decisión del juez instructor Manuel García Castellón. El magistrado decidió ampliar la investigación a chats presuntamente administrados por Sortu, en los que se impartirían directrices e...

Un Real Decreto de julio de 2021 estableció que todas las explotaciones avícolas, incluidas las de autoconsumo, deben inscribirse en el registro de explotaciones ganaderas

Las activistas de Ecologistas en Acción reafirmaron en el Juzgado que se trata de una campaña de intimidación por parte del lobby minero con la que pretende silenciar las protestas utilizando el acoso judicial. Los hechos se remontan a septiembre, después de que activistas de Ecologistas en Acción entregarán en la sede del organismo botellas con agua de las minas de Touro y San Finx. San Finx acaba de ser sancionada con una multa de 180.000 euros por vertidos ilegales de metales pesados, que la Cámara Minera intentaba negar.

«Me arrepiento totalmente de lo que hice, pero estaba desbordado», ha confesado el agente durante el juicio

En octubre de 2012, el entonces Director General de Energía y Minas Ángel Bernardo Tahoces, hoy acusado de prevaricación ambiental precisamente por haber aprobado los proyectos de explotación y plan de restauración de Varilongo un año antes, en 2011, sin someterlos al proceso de evaluación ambiental. impacto, emitió resolución aprobando el “Proyecto de instalación de la planta de tratamiento de minerales metálicos del Grupo Mineiro Santa Comba” de junio de 2012.

La Audiencia de Barcelona ha absuelto del delito de detención ilegal a un mosso d’esquadra acusado de inventarse una agresión para detener a un joven. Donde la Fiscalía veía un arresto sin motivo y arbitrario, los magistrados aprecian un “posible roce” del manifestante en el casco del uniformado que justificó su detención, ya que el agente pudo pensar –equivocadamente– que el joven lo había golpeado.

Fue en agosto de 2021 cuando Gibraltar prohibió el petaqueo, como coloquialmente se conoce al suministro de combustible a las narcolanchas, además de material electrónico y otros víveres.Al otro lado de la Verja, en el lado español, un delito de petaqueo se resuelve con una sanción administrativa sin mayores consecuencias.En caso de ser menores de edad, el petaqueo sólo conlleva en España una sanción de 100 euros, una multa que suele ser pagada por los padres.

Es el caso de la mina de San Finx, aprobado en 2009 "sin ningún tipo de evaluación de impacto ambiental, sin ningún tipo de participación pública", en la zona "nadie se enteró", subraya. Otro caso es el de la mina de litio de Alberta (Galicia), que es un proyecto parecido al de Cáceres, "pero del que no se habla tanto", y que en 2019 "la Xunta lo intentó tramitar sin evaluación de impacto ambiental y participación pública".

La historia de La Bernilla fue durante años el ejemplo del perfecto engaño de los que se produjeron durante el boom minero que se dio en Cantabria y en otras partes de España durante los primeros años del siglo XIX. Un fiasco que tuvo repercusión nacional.

En 2017, la Xunta ocupó ilegalmente un terreno privado de más de 15.000 metros cuadrados no previsto inicialmente para la construcción de la Autovía do Morrazo con el fin de "liberar a la constructora del costoso transporte del terreno y los escombros sobrantes de la obra". a un lugar autorizado". Así lo estableció el tribunal, que condenó al Gobierno a sacar esas tierras del terreno ocupado y devolverlas a su propietario en el estado anterior.El Gobierno gallego incluso pidió al tribunal que le permitiera no cumplir la pena, pero este se negó.