El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció este miércoles "movimientos irregulares" de militares frente a la sede del Gobierno en la ciudad de La Paz, mientras que ciudadanos y medios locales reportaron la presencia de tanques y militares fuertemente armados.

La fundación Faes, cuyo presidente es el expresidente José María Aznar, ha dado su visto bueno al acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE. Para el grupo, la renovación del órgano judicial era “perenotoria” después de cinco años de “prórroga” y señalan al Gobierno por este bloqueo: “Lo dificultaba la negativa del Gobierno a comprometer, simultáneamente, modificaciones legislativas que garantizasen la conformidad con los estándares europeos del procedimiento de designación de vocales del Consejo”.

Se trata de la nueva sustancia psicoactiva detectada este mes por Energy Control en un festival en Barcelona. Se intentó comercializar como MDMA y con un particular diseño.

El órgano de gobierno de los jueces sale del bloqueo tras más de cinco años con el mandato caducado

El Golpe de Estado del 36 no le costó la vida de milagro. Cuando llegaron los Guardias Civiles al congreso el 23F, se enfrentó a Tejero. Fue el héroe de la democracia

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Entre la información a la que supuestamente tuvo acceso Prado, se alude a teléfonos intervenidos de cargos populares, a la imputación por fraude fiscal de Conde Roa, e incluso de una comida con varios magistrados en la que participaría el abogado y a que éste conocería por esta vía la existencia de las fotografías del presidente, Alberto Núñez Feijóo, con el contrabandista Marcial Dorado, antes de su publicación.

El tercer juicio contra presuntos miembros del grupo en torno al príncipe Reuß ha comenzado en Múnich. El juicio muestra lo diferentes que eran los antecedentes de los protagonistas. Se acusa a los Reichsbürger de haber llevado a cabo planes concretos para derrocar a la República Federal de Alemania. Se les acusa de ser miembros de una organización terrorista y de preparar una empresa de alta traición, como ocurrió en los procesos ya iniciados en Stuttgart y Frankfurt.

El Estado español tiene un grave problema de violencia policial e institucional: lo llevan denunciando años colectivos ciudadanos, organizaciones de Derechos Humanos y organismos internacionales. La represión de manifestantes pacíficos en contextos de protesta lleva años en aumento, especialmente desde que está vigente la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Desde el movimiento de derechos humanos hace años que se trabaja en propuestas para poner fin a la impunidad de la violencia policial. Ahora, organizados en una mesa

El grupo planeaba nada menos que un golpe de Estado: según la acusación, querían infiltrarse en el Bundestag alemán y detener a miembros del Parlamento. El blanco de su operación era el canciller federal, Olaf Scholz , (SPD), la ministra federal de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock (Verdes), y el líder de la CDU, Friedrich Merz. Entre los acusados, figuran un antiguo teniente coronel de las fuerzas armadas alemanas y Birgit Malsack-Winkemann, exdiputada del Bundestag por el partido populista de derechas Alternativa para Alemania (AfD)

El gobierno de Brasil está contratando a OpenAI para agilizar la selección y el análisis de miles de demandas utilizando inteligencia artificial (IA), tratando de evitar costosas pérdidas judiciales que han pesado en el presupuesto federal. El servicio de IA señalará al gobierno la necesidad de actuar en demandas antes de las decisiones finales, mapeando tendencias y posibles áreas de acción para la oficina del procurador general (AGU).

Gobernando el PP en 2001 a estos jueces conservadores les parecía intolerable que el CGPJ llevase 2 MESES sin renovar.