Más de la mitad de los contratos públicos en España (52,9%) no justifican el presupuesto de licitación, es decir, el precio de salida que la Administración pone a las obras o servicios que quiere contratar. Esto provoca “desviaciones desproporcionadas” entre ese presupuesto inicial y el importe finalmente adjudicado, alerta el primer informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), creada a instancias de Bruselas. También denuncia la existencia de irregularidades en el 47% de la contratación menor.

Los contratos se adjudicaron antes de que decidiese presentarse a las elecciones, la empresa está a nombre de su esposa

Los investigadores de la trama Púnica tienen indicios de que ese contrato se utilizó en realidad para financiar trabajos de reputación personal de dirigentes del PP. Silvano Corujo, que colabora con la Fiscalía Anticorrupción, reitera que el expresidente Ignacio González ordenó recaudar un millón de euros para el partido.Silvano Corujo, exdirectivo de ICM, la segunda empresa pública más relevante de la Comunidad de Madrid, ha reconocido que Indra resultó adjudicataria en 2011 de un contrato sin pasar por la mesa de contratación que él presidía.

El Tribunal de Cuentas ha detectado, después de fiscalizar 500 contratos públicos que adjudicó el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2016, que un 42% de ellos por un valor conjunto de 227,8 millones de euros fueron negociados sin publicidad, según un informe publicado este lunes por ese organismo.

El 27 de marzo,la CNMC anunció 118 millones en multas a un cártel en los concursos públicos ferroviarios y pidió activar la prohibición de contratar con la Administración para sus integrantes,salvo Alstom y Siemens. Hacienda todavía no ha determinado la duración y el alcance de ese veto,que nunca se ha aplicado en España y que podría dar el monopolio del negocio a esas dos multinacionales. Desde entonces,las sociedades sancionadas de grupos como Elecnor,ACS,Abengoa,Indra,Sacyr,OHL y Comsa han seguido adjudicándose contratos,a razón de..

El contrato mínimo en el SAS para médicos y profesionales será de seis meses. Punto final a la precariedad laboral en el sector sanitario. Así lo anunció este jueves el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su comparecencia en el Parlamento. Se van a beneficiar 5.700 trabajadores eventuales no estructurales, “de los que el 75% son mujeres”. “Este plan pretende dar estabilidad y continuidad a los profesionales y seguridad a los pacientes, que también la reclaman.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado recientemente un estudio en el que analiza la contratación pública en España y expone algunas de las irregularidades que le acompañan, tanto en el marco estatal como en el autonómico y el local. El organismo pone el foco, entre otras cosas, en los sobrecostes que ocasiona en las arcas públicas el que las Administraciones convoquen procedimientos no abiertos (negociados, restringidos y diálogos competitivos). Sólo entre 2012 y 2016, supusieron 1.771 millones de euros.

Trinchera en el campo de batalla del siglo XXI. La Comunidad de Madrid ha sacado a concurso dos contratos para garantizar la seguridad de su administración digital, un volumen incalculable de contraseñas, datos y protocolos cuya captura es oro y su bloqueo un trofeo. En total, seis millones de euros a repartir entre dos lotes y dos empresas que trabajarán a las órdenes del Ejecutivo autonómico hasta el año hasta 2022.

La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP, empieza a pillarle cariño a estas siglas) es una de las normas clave para entender, vigilar y frenar la corrupción, y a la vez una de las más complejas. Guía básica de la Ley de Contratos del Sector Público para principiantes

Los cuatro jefes de división de la nueva Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación pública son funcionarios procedentes del Imserso, el CIS, Hacienda y el CSN. Han sido elegidos por el procedimiento de libre designación, al igual que su presidenta, procedente de la Junta de Andalucía y uno de los primeros nombramientos de la ministra María Jesús Montero. Desde la CNMC se consideraba que elegir a "técnicos vigorosos" para esos puestos era "clave"..

Las pymes constituyen más del 98% de las empresas de la Unión Europea, el 99,88% en nuestro país, a pesar de lo cual, según estudios recientes en España, el 70% de los recursos de la contratación pública se adjudican a las 10 mismas empresas, que sólo representan el 0,01 de nuestro tejido empresarial. Sobre esta ausencia de pymes en la actividad contractual de las administraciones quiere actuar la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

El error judicial puede salir muy caro. La Audiencia de Granada ha declarado la nulidad de todas las diligencias practicadas en el último año en el caso sobre la supuesta adjudicación irregular de contratos públicos en la Alhambra, incluyendo la detención de una veintena de personas el pasado mayo. También ha ordenado que se dé por concluida la fase de instrucción. El motivo es que el auto que declaró compleja la causa se dictó fuera del plazo establecido.

Los cuatro vocales titulares de la nueva Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación deberán ser funcionarios, pero serán elegidos por el procedimiento de libre designación. Su presidenta desde julio es María José Santiago, procedente de la Junta de Andalucía y uno de los primeros nombramientos de la ministra de Hacienda, María Jesús MonteroSe encarga de "promover la concurrencia y combatir las ilegalidades" en la contratación pública.

Una decena de patronales de sector presiona para derogar la cláusula que las obliga a continuar prestando servicio si la Administración así lo decide. Una década de adjudicaciones de servicios públicos al mejor postor y de ajustes permanentes en la cuantía de los contratos han alimentado el miedo de los empresarios a quedarse 'atrapados' en contratos públicos sin rentabilidad alguna o prestados incluso a pérdidas.

Un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario de Lezo constata que el Gobierno de la Comunidad de Madrid financió a La Razón, ABC, Intereconomía y La Gaceta sin cumplir las normas de adjudicación pública. Los inspectores destacan que la empresa pública no suscribió ningún contrato con El País y El Mundo pese a que tienen "mucha mayor tirada". Los convenios, que oscilaban entre un millón por año para 'La Razón' y los 62.500 euros a Intereconomía obligaban a cuestiones como publicitar a diario el estado de los embalses .

El conflicto ético-juridíco está servido: Instituto de Empresa, la firma que acaba de fichar a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha recibido más de 400 subvenciones oficiales desde 2014. Si a esto se une que litiga actualmente para evitar una cantidad que le reclama Hacienda (1,6 millones más 274.000 euros de demora).

Tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público el 9 de marzo de 2018, pueden plantearse ciertas dudas sobre su aplicación y las principales diferencias con respecto a su antecesora.

La Comunidad de Madrid utiliza los contratos menores más que Galicia, Valencia, Cataluña y Andalucía juntas. Concentró en 20 empresarios de estos microcontratos.

Más del 45% de los contratos públicos de la comunidad se licitaron mediante contratos menores; Feijóo bajó el listón y “ modificó la ley de asistencia jurídica de la comunidad,ya que se eliminó sin justificación alguna,el requerimiento de concurrencia de al menos tres ofertas para los contratos menores de 9.000 o 25.000 euros”.En la la ley de transparencia “exige la publicitación de los contratos menores,sin embargo el ejecutivo gallego no lo hace con todos los contratos. De hecho no consta ninguno en organismos como Aguas de Galicia,Puertos de

José Luis Huerta, exgerente de Waiter Music, declarará ante el juez de la Púnica que pagó 6.000 euros por un acto electoral del exministro Rodrigo Rato y 41.000 por la comunión del hijo de la exalcaldesa de Algete Inmaculada Juárez.

Acaba de entrar en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Y muchas son las PYMES que se frotan las manos. La nueva norma pretende facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en el mercado de las adjudicaciones, donde hoy en día el 70% de los recursos son concedidos únicamente a 10 compañías.

Desde hoy la nueva Ley de Contratos del Sector Público, la norma que reforma la contratación pública con nuevas obligaciones de transparencia, la eliminación de los procedimientos negociados por precio y la creación de un organismo de vigilancia, está en vigor. Con la aprobación de esta ley, España cumple la transposición de las directivas europeas aprobadas en 2014. Eso sí, lo hace un año y medio tarde.

Turismo de Galicia adjudica el festival 'O Son do Camiño' a una UTE formada por Old Navy Port Producións S.L. y Esmerarte Industrias Creativas S.L. Una de las empresas registró el nombre del festival tras una reunión con Feijóo en abril de 2017. En la Plataforma de contratos públicos resulta imposible encontrar los pliegos de las cláusulas administrativas ni de prescripciones técnicas.

Por primera vez, El Confidencial accede a más de 6.900 pagos a medios realizados desde Moncloa. Una información inédita hasta el momento que abarca 17 ministerios y 190 millones de euros

Banco Santander mantendrá a PwC como auditor. El banco español ha decidido renovar con la big four el megacontrato de más de 1.000 millones de euros que ligará a estas dos compañías hasta 2035, según ha avanzado Bloomberg y ha confirmado El Confidencial. La oferta de PwC se ha impuesto a la que realizaron los otros tres gigantes de la auditoria: Ernst & Young, Deloitte y KPMG. No obstante, su renovación deberá ser aprobada en la junta de accionistas que se celebrará en 2026, un trámite que suele superarse sin problemas.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha sido sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al pago de una multa de 6,5 millones de euros por abuso de posición dominante en los mercados de concesión de autorizaciones de uso de obras musicales y audiovisuales. Según la resolución, a la que tuvo acceso EL PAÍS, la entidad, además, no podrá contratar con la Administración Pública durante un plazo aún por definir.

En esta ocasión, 200 ciudadanos y ciudadanas han participado en el acto, que ha despertado gran expectación entre bañistas y paseantes de todas las nacionalidades. Decenas de militares han formado en el corazón del paseo Jaume I, bajo las banderas izadas de todas las comunidades autónomas y con la estatua del Rei Jaume I como testigo.

Al igual que entonces —Milei visitó Madrid entre el 17 y 19 de mayo para presentar su libro El camino del libertario y asistir a la reunión europea de la extrema derecha convocada por Vox en Vistalegre—, el viaje “no oficial” del presidente ha vuelto a ser financiado por el Estado argentino y cuenta con el apoyo logístico del español. Entonces, el concejal Gabriel Solano, del Partido Obrero, denunció penalmente al presidente y a su hermana, Karina Milei, por usar fondos y bienes públicos con “fines privados”.

La oposición critica una operación que supone la adquisición de 63.000 metros cuadrados en un espacio que lleva cerrado desde 2019

Los Mossos d'Esquadra han detenido en la avenida València de Lleida a un hombre acusado de un delito de atentado contra agentes de la autoridad. La policía catalana recibió el aviso a las 23.54 h, alertados de que un hombre se estaba masturbando en un portal. Además, testigos han explicado a SEGRE que el hombre se habría tocado los genitales delante unas chicas que se encontraban en la calle.

Tres de estos trabajadores han lanzado "un llamamiento a las autoridades competentes". Les han despedido por pedir que les paguen, al igual que a otros tres obreros: David, Florin y Enrico: "Nos ha dicho que no nos va a pagar nada, que nos vayamos", ha denunciado uno de ellos. "Nos echó de la obra y nos quitó el alojamiento del hotel", "Llegamos a casa después de las 19:00 o 20:00 de la noche, levantados desde las 05:00 de la mañana", ha contado el mismo trabajador. Además, aseguran que descansan solo los domingos y hacen dos horas de trayecto.