Veía el documental del bulo del 11 M y, ahora, a las puertas del 8M, pensaba en la creación de otro de los grandes bulos hace cuatro años: que la propagación del virus del Covid había sido sólo, y exclusivamente, por la manifestación del 8 de marzo. No se engañen. No hubo ningún interés de salud pública en ello. Fue usado sin ningún aval científico por la derecha y ultraderecha ante su falta de propuestas: hacer del 8M un asunto político y debilitar socialmente al movimiento. No era la primera vez que se creaba toda una maquinaria política y...

Durante meses la Región de Murcia estuvo pagando el precio más alto por las mascarillas. Salud adjudicó hasta 140 millones de euros en compra de material sanitario a precios disparados a empresas de electrónica, fitness e inmobiliarias. Sobreprecios de hasta el 150% en la compra de mascarillas y el incumplimiento de los plazos de entrega.

Causas abiertas, sin juicios ni sentencias todavía, y con guión de la obra muy parecido. Un escenario de caos mundial con las administraciones públicas comprando material sanitario a la desesperada en el mercado persa de las mascarillas, los guantes de nitrilo y los trajes de protección. Cargamentos de millones de tapabocas que se quedaban atrapados en una aduana. Hospitales, centros de salud y residencias saturados. Y nadando en aguas turbulentas, los actores: expertos en comercio internacional y empresas del sector. Gente con contactos.

La primera vez que se escuchó hablar en Canarias de un ‘caso mascarillas’ fue en mayo de 2022. Entonces, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas anunció que investigaba al Servicio Canario de la Salud, que pagó cuatro millones a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, por unas mascarillas que nunca llegaron. La querella se dirigía al que era entonces el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez (que dimitió de su cargo) por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, mientras que al adjudicatario, Ray

Las actas policiales tramitadas durante lo más duro de la pandemia en 2020 revelan las condiciones de estos centros de mayores. Un alto porcentaje no tenía suficiente personal sanitario. Más Madrid ha presentado una denuncia en la Fiscalía con estos documentos. Las 198 actas de inspección que la Policía Municipal de Madrid levantó durante lo peor de la pandemia de 2020 son un buen reflejo de lo que se vivieron aquellos trágicos días en las residencias de la capital. Según un análisis que ha hecho Infobae España de todas las actas, hechas públic

José Ramón García González, el empresario detrás de Sibucu 360, la empresa con la que tanto Isabel Díaz Ayuso como Alberto Núñez Feijóo hicieron negocio para comprar mascarillas después de conocerse que había repartido este material con sellos falsos, fue condenado a nueve meses de cárcel y una multa de 615.372,75 euros por fraude y falsedad documental.

Una empresa de tan solo cuatro trabajadores y sin ninguna relación conocida por el sector sanitario se terminó convirtiendo en una distribuidora habitual de material contra al Covid durante la pandemia, lo que le llevó a crecer en aproximadamente un 4.000% en 2020. La compañía a la que recurrieron la presidenta de la Comunidad y el ahora líder del PP a pesar de detectarse irregularidades multiplicó por diez sus beneficios en 2020.

Mientras que la izquierda se fragmenta, entra en disputas bizantinas y expulsa a los impíos, la derecha está forjando una coalición en la que caben muchos tipos de disidencias. Espiritualistas partidarios del yoga o los cuencos tibetanos marchan al lado de neonazis con la esvástica tatuada en la nuca. El nuevo fascismo no tiene prejuicios. Doppelganger es un magnífico libro y, sobre todo, resume el clima del momento, ese instante frágil que habitamos, a medio camino entre la catástrofe y el meme. Riéndonos mientras llega el meteorito.

La Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella en la que acusa de malversación, blanqueo y fraude a Hacienda a cuatro empresarios que vendieron material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia de covid por importe de casi 23 millones. Esta es la tercera causa penal que se abre en Canarias por compras de material sanitario durante el estado de alarma: la primera examina una estafa de 4 millones en el suministro de mascarillas que ya costó el cargo al director del SCS y la segunda analiza los contratos del 'Caso Koldo'

Una presión que la presidenta regional ha intentado sacudirse este martes en la cadena Cope minusvalorando el efecto de los protocolos de triaje que impidieron trasladar de las residencias a los hospitales a miles de ancianos cuando más muertes causaba el virus. “Los mayores fallecían tanto o más en los hospitales”, ha dicho.

El exministro de Sanidad puso en marcha una adjudicación pública para que las comunidades compraran material de forma centralizada. Soluciones de Gestión fue uno de los elegidos. El nombre de esta empresa aparece ahora en la trama desvelada esta semana con las supuestas mordidas en contratos para la compra de mascarillas ha alcanzado de pleno al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre.

El nombre de Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos detenido...

¿A sus padres los hubiese dejado morir ahogándose y con un sufrimiento terrible sin ningún paliativo? ¿Por qué los que tenían seguro privado sí que fueron trasladados a hospitales? ¿Ellos si tenían derecho a una muerte digna y el resto no?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que los ancianos enfermos de COVID-19 al inicio de la pandemia se morían igual bien fuesen trasladados a hospitales o se quedasen aislados en las residencias de mayores “porque escapar de la muerte es, a la larga, inútil”.

La sentencia hace hincapié en que "los hospitales se encontraban colapsados y posiblemente su atención era más adecuada en los servicios médicos de las residencias. La Audiencia de Madrid afirma que la CAM priorizó el criterio clínico durante la pandemia

El protocolo que la consejería de Sanidad mandó a los centros para que no se derivara a los enfermos de covid en estado más grave de las residencias funcionó de manera efectiva acorde a cómo se había planeado. Pero además, las actas recogen una derivada accesoria y cruel, la imposibilidad de recibir asistencia hospitalaria que provocó que muchas personas ancianas murieran sin tener acceso a material sanitario para cuidados paliativos por carestía en las residencias.

Julio Ariza me preguntó que cómo era posible que ningún juez o fiscal de este país hubiese denunciado lo sucedido. La respuesta que di a esta pregunta, fue que si ni jueces ni fiscales habían denunciado estos hechos, era porque éstos, al igual que los políticos que redactaron y aprobaron estos protocolos, trabajan para los mismos que orquestaron el que a fin de cuentas resulto ser el gerontocidio de la primavera del 2020.