A la batería de asuntos polémicos vinculados a la Justicia en este arranque de curso político toca añadir uno más que impactará con fuerza en el Gobierno de coalición. Es la decisión prácticamente cerrada del Tribunal Constitucional de anular la expulsión del entonces diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, tomada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Por recordar los hechos, Rodríguez fue condenado a una pena de prisión sustituida por multa de 540 euros y una pena de inhabilitación de sufragio pasivo, que no activo.

Una de cal y otra de arena para el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez. La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional indica que la retirada de su escaño vulneró su derecho fundamental a ocupar un cargo público y a no ser apartado de él si no es por las causas y de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos, por lo que pide reestablecer "íntegramente" ese derecho. Sin embargo, no ve motivo para ampararle en su recurso contra la sentencia del Supremo que le condenó a un mes y medio de cárcel por un delito de atentado a la autorid

El TC decidirá este martes si su Pleno es competente para resolver los dos recursos de amparo planteados por el exdiputado de Unidas Podemos.

Los medios de gran tirada nacional no han considerado relevante las sentencias contra Espinosa de los Monteros. El actual portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Congreso vio en diciembre cómo el tribunal desestimaba su recurso para liberarse de la condena por intentar eludir el pago las obras de su casa.

El 19 de octubre de 2021, la Mesa del Congreso, el órgano rector y de representación colegiada de la Cámara Baja, acordó que Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos, mantuviera su escaño. Sobre él pesaba la condena del Tribunal Supremo que comportaba su inhabilitación —para el ejercicio del sufragio pasivo— durante un mes y una pena de prisión de un mes y quince días —sustituible por una multa de 540 euros— por un delito de atentado contra un agente de la autoridad. Han pasado 150 días desde entonces.

En su recurso de amparo, la defensa del exdiputado de Unidas Podemos sostiene que la presidenta del Congreso vulneró siete "derechos fundamentales" de Rodríguez y de los votantes canarios que le eligieron.