Según los hechos probados, el guardia civil estaba realizando el 23 de octubre de 2019 un servicio de Jornadas de Formación 2ª Fase en la sede de la Comandancia de Granada. Ante las sospechas de que pudiera haber consumido drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, el teniente coronel jefe accidental de la Comandancia ordenó su presentación en el Negociado de Expedientes. Le preguntó si voluntariamente se sometería a una prueba de detección de dichas sustancias mediante la toma de muestra de orina, a lo que él accedió.

Estima el recurso de la Fiscalía y elimina una atenuante impuesta en la sentencia recurrida, pero rebaja en un año la condena a los dos exjugadores en aplicación de la nueva norma.

Se acaban de hacer públicas las sentencias 1836/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y 1536/2022 del Tribunal Supremo que condenan, respectivamente, a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y a la Universidad de Barcelona (UB) por vulneración de los derechos a la libertad ideológica, a la libertad de expresión, y a la educación, en procedimientos iniciados por varios profesores integrantes del colectivo Universitaris per la Convivència.

La polémica insistencia de la Junta de Andalucía por negar el reconocimiento de familia numerosa a una pareja de hecho sevillana llega al Tribunal Supremo. El gabinete jurídico de la Administración andaluza ha recurrido la sentencia que corrigió la decisión de la Junta de conceder el título de familia numerosa a un padre y a sus tres hijos, pero que se lo negó a la madre con el argumento de que "no existe vínculo conyugal" entre ambos porque se trata de una pareja de hecho y no de un matrimonio.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Wenceslao Olea ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para suspender la elección del progresista Rafael Mozo como presidente suplente del órgano de gobierno de los jueces. El pasado 13 de octubre, durante el pleno en el que 16 vocales sacaron adelante el nombramiento de Mozo como sustituto del dimitido Carlos Lesmes, Olea ya advirtió a sus compañeros de que su elección era "ilegal".

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) denunció supuestas irregularidades en la instrucción de las diligencias por el accidente. La presencia del capitán, que supuestamente fue “beligerante” con el Equipo de Atestados del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gandia sembrando “dudas” sobre su correcta actuación, “generó una sensación de desconcierto entre el personal interviniente al no entenderse en un principio en calidad de que estaba presente dicho mando en el lugar”

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que absuelva a Eugenio Pino, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional condenado a un año de cárcel por entregar un 'pendrive' con datos personales y empresariales de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Reclama anular la sentencia por una infracción legal, ya que se le aplicó un artículo del Código Penal (CP) que atañe a particulares y no a funcionarios.

En una sentencia de este miércoles, la Sala de lo Militar estima el recurso de quien había sido sancionado a multa como autor de dos faltas graves después de apoyar el 'Manifiesto de respuesta colectiva en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas', así como por las declaraciones que ofreció en una entrevista, en la que explicó su respaldo a dicho texto como respuesta a uno anterior denominado 'Declaración de respeto y desagravio al general don Francisco Franco Bahamonde. Soldado de España', promovido por militares retirados y en la reserva.

El Tribunal Supremo (TS) ha revocado el archivo de la causa contra tres personas que publicaron en Twitter unos mensajes, acompañados de fotografías, en los que se identificaba a la letrada de la Administración de Justicia del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, según las resoluciones conocidas este jueves.Esta funcionaria fue testigo protegido en el juicio contra los independentistas catalanes en el Tribunal Supremo, ya que ella protagonizó los registros en el Departament de Economía para descubrir a los organizadores

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto del Currículo de Bachillerato aprobado por el Gobierno en el marco de la nueva ley educativa LOMLOE al entender que "hay una elevada carga ideológica".

Mediaset España vuelve a enfrentarse a una gran sanción económica por la emisión de anuncios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó en julio de 2019 a la empresa con 365.301 euros. Ahora el Tribunal Supremo ha confirmado el castigo.El motivo de dicha multa fue por vulnerar dos artículos de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) por superarse el límite de tiempo de emisión dedicado a mensajes publicitarios, televenta y anuncios de sus propios programas y productos.

El Tribunal Supremo ha avalado la utilización de imágenes obtenidas por las cámaras de vigilancia como una prueba válida a la hora de despedir a un empleado al considerarlo como una "medida justificada, idónea, necesaria y proporcionada al fin perseguido" por la empresa. El Alto Tribunal establece que "el empleador no necesitaba el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad

El Tribunal Supremo revoca la sentencia de la Audiencia de Barcelona que los absolvió y ratifica la del juzgado de Sabadell

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado absolver a un hombre de un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad, después de que fuera condenado por no hacer caso a los agentes que le recriminaron que fumara en la calle durante el estado de alarma en abril de 2020. El Alto Tribunal aplica la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó el decreto de estado de alarma.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha hecho públicos este miércoles, transcurrido más de un mes desde que se conociera su decisión de inadmitir todos los recursos presentados por partidos políticos, diputados y asociaciones contra los indultos del 'procés', sus argumentos para rechazar en bloque su impugnación.

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) ha aprobado la propuesta del presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, César Tolosa, para reorganizar sus secciones ante las vacantes existentes por la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de hacer nombramientos discrecionales estando en funciones.

Cinco meses de suspensión de empleo por una falta muy grave de acoso por razón de sexo a una compañera en la Guardia Civil, a la que humilló con llamadas hechas en modo "manos libres", por lo que pudieron ser ecuchadas por otros compañeros, en las que la llamaba "guarra" y la relacionaba con la práctica del 'bukake'.

El Tribunal Supremo obliga a Domiberia, una empresa que fabrica envases de hojalata, a recuperar la comida de Navidad para los trabajadores de su planta de Vigo. Después de al menos 30 años invitando a sus 350 empleados a un ágape por esas fechas señaladas, en 2019 la firma decidió suprimirlo. El comité de empresa advirtió a la dirección de que no podría cancelarlo de forma unilateral, sin previa negociación. Ante la negativa de la empresa, los representantes de la plantilla acudieron a los tribunales.

Agotadas todas las vías judiciales posibles, la Coral Casablanca deberá abonar los 7.300 euros que le requiere la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por las canciones que interpretan en sus conciertos al estar protegido por derechos de autor. Así lo acaba de determinar el Tribunal Supremo, el inadmitir el recurso de casación presentado en última instancia por la agrupación viguesa. Es más, esta resolución es firme, porque lo que la entidad musical deberá abonar la cuantía reclamada. La Coral Casablanca siempre defendió que...

El Banco Santander tendrá que hacer frente a una multa de 1.056.000 euros que ha heredado del Banco Popular, tras su fusión. El Tribunal Supremo ha ratificado esta sanción que aprobó el Consejo de Ministros en el año 2019, después de que la entidad no aplicara los mecanismos de control necesarios para evitar el blanqueo de capitales entre algunos de sus clientes.