El 91% de las subvenciones, donaciones y legados concedidos a la Fundación Concordia y Libertad del Partido Popular entre 2014 y 2018 fueron adjudicadas por gobiernos autonómicos en manos del propio PP o por ministerios y organismos públicos controlados por los populares durante el último Gobierno de Mariano Rajoy. El restante 9% correspondió a la suma de las ayudas que le concedieron la República Dominicana, la Fundación La Caixa, el Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores, el Ayuntamiento de Madrid y otras organizaciones privadas.

Guillermo Ortega, en prisión por el Caso Gürtel, ha asegurado que alcaldes como él le hacían entregas de dinero en metálico a Aguirre, quien llamaba a los donantes para agradecérselo personalmente. Ha asegurado también en su declaración que se produjo una reunión en Génova, sede del Partido Popular, en la que el extesorero Álvaro Lapuerta dio a Aguirre 60.000 euros mensuales de un constructor para financiar su campaña de 2007.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca, que investiga la posible financiación ilegal del PP de Castilla y León en las primarias de 2017 que ganó Alfonso Fernández Mañueco, ha citado a declarar como testigo a Agustín Gómez Vicente, que falleció el pasado mes de febrero víctima de una enfermedad. En la providencia, fechada el pasado 26 de junio, el juez señala el 30 de julio a las 10:00 horas como fecha para que Gómez Vicente prestara su declaración en calidad de testigo.

El Juzgado Número 2 de Salamanca acuerda la declaración de Agustín Gómez Vicente y César Gómez Barthe-Celada. Un juzgado de instrucción de Salamanca ha iniciado diligencias por posible financiación ilegal contra el PP de Castilla y León. El alto tribunal consideraba que debía seguirse adelante la investigación penal encaminada a comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de un partido político y el Juzgado de Instrucción Número 2 ha decretado la reapertura de la causa.

En el Madrid oculto de las fábulas y las anécdotas, la del PP regional es una historia real. De liberalismo salvaje, de corrupción, de poder, de venganza, de ambición, de traición y de fascinación por el dinero. Unas veces para la financiación ilegal del partido y otras, para el enriquecimiento propio. Todo en medio de una guerra de familias, en la que durante años chapoteaban también empresarios, policías e incluso algunos periodistas sin que la dirección nacional del partido pusiera orden ante tanto desmán. Pues aún así, el PP sigue en el Gob

"Era una presidencia virtual la mía". La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre se desmarca así de la presunta utilización de Fundescam para pagar gastos al PP madrileño. En el audio de su declaración ante el juez de Púnica, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se escucha a la dirigente evadir cualquier responsabilidad sobre el presunto desvío de fondos al PP en las campañas autonómicas de 2007 y 2011 y en los comicios generales de 2008. Se desvincula se la gestión de Beltrán Gutiérrez. "De mí no recibía instrucciones", dice.

La SER accede al interrogatorio a la expresidenta regional del PP,quien eludió toda responsabilidad en la financiación ilegal de su partido en su declaración como imputada por ser la "ideóloga" de la caja B. Afirmó que "jamás despachó" con su gerente de siempre en el partido,Beltrán Gutiérrez,de quien dijo que rendía cuentas a la "dirección nacional" del PP. Dijo que estaba "mosca" porque los ingenieros y responsables del área en la comunidad construían "estaciones de metro que parecían aeropuertos y no teníamos un duro". Negó que el cese de Gr

El expresidente madrileño y antiguo número dos de Esperanza Aguirre asegura que nunca tuvo responsabilidades sobre las contrataciones que hacía el partido. Confirma la reunión de Aguirre y el resto de consejeros con el empresario acusado de inyectar dinero negro al PP madrileño, pero niega órdenes para adjudicarle contratos. En esta cita, celebrada según varios testigos en 2004, Aguirre habría dado "instrucciones" a los consejeros de su Gobierno para que se contara con el empresario Horacio Mercado y su firma Over Marketing para las contratacio

El exconsejero Manuel Lamela admite que en el cónclave le pidieron que invitase a los concursos públicos a Over Marketing, la firma que supuestamente financió de forma ilegal las campañas de Aguirre, a cambio de adjudicaciones amañadas. En esa reunión, según ha admitido Lamela, le “pidieron”, sin especificar de forma expresa quién, que invitara a las empresas de Mercado a los distintos concursos de su consejería. Este empresario acabó logrando contratos públicos supuestamente amañados por 7,4 millones de distintas consejerías de Aguirre, a camb

El arquitecto Carlos Roques Mata, imputado en la pieza sobre Ciegsa del caso Taula, acabó trabajando en Perú en la construcción de los hospitales que ideó Sergio Blasco. Recorrió la puerta giratoria con la empresa BM3, de la que ha sido apoderado durante una década, y que obtuvo pingües beneficios por los sobrecostes en Ciegsa . El investigado, apodado "el viabilizador", asumía "todo aquello que sus subordinados no querían firmar", según declaró una testigo ante la UCO.

El expresidente de la Generalitat habría situado al frente de Ciegsa, la empresa de construcción de colegios, a personas afines como Máximo Caturla o el marido de la socia de su mujer en una farmacia de València. Los investigadores del caso Taula aseguran que la constitución de la empresa pública se realizó expresamente para desviar fondos al partido y comisiones para particulares..

La Fiscalía quiere que se investigue a Regino Moranchel después de que el exdirector de Operaciones le señalara en sede judicial como el ordenante de pagos al PP. El juez García Castellón cree que la tecnológica se convirtió "con la participación activa" de varios de sus directivos en una herramienta de desvío de fondos hacia el partido. El expresidente Javier Monzón negó este viernes ante el juez pagos en efectivo desde la compañía y se desvinculó de los contratos con la trama Púnica. Indra financió con 566,497,58 euros la campaña electoral..

La Guardia Civil ha informado al juzgado que investiga el conocido como caso Imelsa de que la empresa pública CIEGSA, utilizada por el anterior Consell del PP para la construcción de colegios, sirvió para la financiación ilegal del PP autonómico y provincial bajo las presidencias de Francisco Camps y Alfonso Rus.

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, comienza este lunes a tomar declaración a 29 imputados dentro de la pieza sobre la financiación ilegal del PP madrileño y la relativa al exconsejero Francisco Granados, entre ellas un hermano de éste y varios excargos de la Comunidad de Madrid.

La Audiencia Nacional tiene cada vez más pruebas de que el Partido Popular se financió ilegalmente. Algunas son ya incontrovertibles. Un juzgado de Madrid ha resuelto que la tecnológica Indra pagó miles de euros a dos sociedades por trabajos inexistentes. La operación sirvió para desviar fondos públicos de adjudicaciones de los gobiernos de Esperanza Aguirre a sus propias campañas electorales. La sentencia, dictada de conformidad el pasado mayo, impuso a Indra el abono a la Agencia Tributaria de 466.000 euros y una multa adicional de 171.000€.

Los comicios sacuden las finanzas de los partidos: el PSOE recibirá 8 millones más al año, mientras que el PP se dejará más de un tercio de la partida que supuso casi el 90% de su financiación en 2018.Además de alterar el reparto de fuerzas parlamentarias, los resultados de las distintas elecciones celebradas desde las andaluzas de finales de 2018 también han trastocado la financiación de los partidos. En el plano económico, en consonancia con los datos de los escrutinios, el Partido Popular vuelve a ser el gran perdedor de este ciclo electoral

El partido busca anular la causa con la recusación del juez José Ricardo de Prada. El PP recuerda el derecho fundamental del Partido Popular a un juez imparcial, y recuerda que la doctrina de este órgano, así como la del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) habla de la "apariencia de parcialidad" que pueda proyectarse a la sociedad "porque lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática".

El comisario Villarejo pagó 60.500 euros a una de las empresas que formaban parte de la presunta trama de financiación ilegal del PP por la que Fiscalía Anticorrupción acaba de pedir que sea citada a declarar como imputada Esperanza Aguirre. Las transferencias se concentraron en el segundo semestre de 2016 y se justificaron mediante cuatro facturas por conceptos no especificados, según el sumario de la pieza separada Pit, una de las 13 en las que ya se divide la llamada operación Tándem sobre las presuntas actividades irregulares del agente

Anticorrupción presenta un informe al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que pide la imputación de la expresidenta madrileña. La Fiscalía apoya su petición en varios informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que sitúan a Aguirre en reuniones clave en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular del PP.

La Fiscalía Anticorrupción tiene decidido pedir al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón la declaración como investigada de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, en el caso Púnica.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha conseguido acreditar en un informe entregado al juez Garcia Castellón al que ha tenido acceso la Cadena SER que la empresa Indra financió de forma ilegal al Partido Popular por indicación de miembros del gobierno de Esperanza Aguire. Los agentes destacan especialmente el papel de Ignacio González y de Borja Sarasola. El estudio elaborado por la Guardia Civil a finales

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha remitido un requerimiento al ayuntamiento murciano para que aporte información, en un plazo de 15 hábiles desde la recepción del requerimiento, sobre las actuaciones llevadas a cabo y, así, poder comprobar si, tal y como parece, se están modificando los proyectos del Plan de Movilidad o revirtiendo actuaciones ya que de ser así, dice el MITMA, se iniciarían las actuaciones oportunas.

Ucrania ha probado su primer misil balístico, y el resultado ha sido «positivo», declaró el martes el presidente Volodymyr Zelenskyy. El acontecimiento se produce tres días después de que Ucrania anunciara que había lanzado con éxito su primer misil teledirigido, Palyanytsia. “Esto demuestra una vez más que para obtener la victoria necesitamos capacidades de largo alcance y el levantamiento de las restricciones a los ataques a las instalaciones militares del enemigo”, afirmó.

"A vosotros, Venezuela os importa una higa", ha contestado Esteban en una publicación de X a la intervención del portavoz del PP, Miguel Tellado.

Ha reprochado al PP que, mientras pide que Sánchez comparezca en el Congreso para hablar sobre Venezuela y la "emergencia migratoria", no lo hace por la "proliferación de pisos turísticos" o el racismo en las redes sociales

El ciclo de la lealtad en política se cierra cobrando y en los despachos de la Xunta del Partido Popular conocen bien esta máxima. La Axencia de Turismo de Galicia, dependiente del gobierno gallego de Alfonso Rueda ha contratado a uno de sus músicos estrella durante la campaña de las elecciones gallegas y concejal del PP en O Porriño (Pontevedra), Antonio Barros. ¿Para qué? Para llevar acabo una gira por al menos ocho ayuntamientos gobernados por su partido y pagándole a él y a la banda que han creado para la ocasión 60.500 euros .

El Partido Popular no citará a Begoña Gómez a comparecer en la comisión de investigación del Senado que se encarga de investigar el denominado caso Koldo y todas sus ramificaciones; y en la que sí prevé llamar a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque aún no ha puesto fecha a la cita.

El PP ha reclamado financiación extra al Gobierno central para atender a los menores, pese a que las competencias son autonómicas y a que algunas de las autonomías que gobierna el partido de Feijóo maneja presupuestos que rozan y superan los 30.000 millones de euros.

Se cumplen 10 años del asesinato a plena luz del día de Isabel Carrasco, presidenta del PP de León y de su diputación. El vídeo reportaje recuerda el asesinato premeditado de una mujer con muchos enemigos, a través periodistas a los que presuntamente trató de ahogar económicamente, empresarios forzados a enchufar a sus allegados y otras personas de su entorno que retratan sus corruptelas. ¿Qué falta por saber?