La Audiencia Nacional tiene cada vez más pruebas de que el Partido Popular se financió ilegalmente. Algunas son ya incontrovertibles. Un juzgado de Madrid ha resuelto que la tecnológica Indra pagó miles de euros a dos sociedades por trabajos inexistentes. La operación sirvió para desviar fondos públicos de adjudicaciones de los gobiernos de Esperanza Aguirre a sus propias campañas electorales. La sentencia, dictada de conformidad el pasado mayo, impuso a Indra el abono a la Agencia Tributaria de 466.000 euros y una multa adicional de 171.000€.
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