La organización austríaca de privacidad Noyb ha presentado quejas este lunes en nueve países europeos, entre ellos España, acusando a X –anteriormente Twitter– de infringir la normativa de la Unión Europea al utilizar datos de millones de usuarios sin su consentimiento para entrenar su inteligencia artificial (IA). Según un comunicado de Noyb, las denuncias se interpusieron ante las autoridades de protección de datos de Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia y España, citando violaciones del Reglamento General

La Policía de la Generalitat Valenciana ha detenido a cinco personas por los presuntos delitos de estafa y contra la propiedad intelectual

Este lunes, la oenegé Noyb, especializada en la defensa de la privacidad, ha ido más allá y ha presentado nueve denuncias en nueve países de la UE, entre ellos España, en las que pide un "procedimiento de urgencia". Lo ha hecho porque considera que el regulador irlandés "rehúye el problema de fondo" y no apunta a "las infracciones principales". Es por eso que en sus nueve reclamaciones exige una "investigación completa" que determine la ilegalidad de ese procedimiento y obligue a X a "cumplir realmente con la ley".

"La sesión con el psicólogo duró 15 minutos, de los cuales 13 fueron su monólogo. Me dijo que, si me pasaba algo, si me sentía mal, podía intentar suicidarme", ha declarado González a medios rusos. Critica que pudo reunirse con su abogado solo nueve meses después de haber sido detenido. "Durante todo ese tiempo me amenazaron y me presionaron. Les preguntaba: '¿Qué he hecho? ¿De qué me acusan?', y me decían 'Tú sabes'. Cuando te presionan tanto, significa que no tienen pruebas", advierte.

Dos noticias completamente no relacionadas y de contextos diferentes: por un lado, Nicolás Maduro, en Venezuela, decretando una prohibición de la red social X durante diez días para intentar evitar lo que, según él, es «incitación al odio, a la guerra civil y a la muerte». Por otro, la evidencia, recopilada por The Wall Street Journal, de que una gran cantidad de cuentas de TikTok generadas en el extranjero se coordinan para lanzar todo tipo de noticias falsas...

Según informan fuentes del Instituo Armado, el denunciante es el yerno de la mujer y está separado de la madre del menor. La versión de los hechos conocida es que el niño, que convive con su abuela, le dio una mala contestación, a lo que esta reaccionó dándole con una zapatilla..

Frank Cuesta, conocido popularmente como Frank de la Jungla o Wild Frank, vuelve a estar en el centro del foco mediático. Tras protagonizar a mediados de julio una falsa detención de la cofundadora de Vox Cristina Seguí en Tailandia, el presentador de televisión, de 52 años, ha vuelto a dar que hablar en redes sociales después de anunciar que su exmujer le había denunciado.

«La gente no quiere adaptarse: quieren el campo pero sin el campo», denuncian las asociaciones asturianas ante el aumento de denuncias por ruidos o molestias de la actividad ganadera. El dueño de una estabulación denuncia la muerte de un ternero porque tres autocaravanas le cerraron una pista e impidieron la asistencia al parto. Mucha gente se traslada al campo con la idea de tener una vida idílica y tranquila y, cuando ve que no es la Arcadia con la que había soñado, recurre al arma de la que más se tira hoy en todos los ámbitos: el juzgado.

En el vídeo revela que se está llevando a cabo una investigación sobre una presunta estafa piramidal y que cada día recibe una gran cantidad de mensajes con el testimonio

Se han unido para denunciar ante Europa el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y lo han hecho mediante una reclamación colectiva. Así, la Organización ATD Movimiento Cuarto Mundo Internacional --formado por afectados, activistas sociales y profesionales del sector-- presentaron el pasado 4 de junio una reclamación colectiva contra España y la ayuda del Ingreso Mínimo Vital (IMV)ante el Comité Europeo de Derechos Sociales tras más de dos años de trabajo.

La ONG World Central Kitchen (WCK), fundada por el chef español José Andrés, ha denunciado que uno de sus empleados, de origen palestino, ha sido asesinado en Gaza este miércoles, cuatro meses después de que siete empleados murieran por un ataque aéreo que generó una condena internacional generalizada.

El sindicato asegura que la situación afecta a pacientes de cadiología y cirugía de la tercera y cuarta planta del hospital general. Los pacientes han tenido que "traer de sus hogares o comprar ventiladores para poder permanecer hospitalizados".

El PP ha enviado un comunicado este miércoles para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicaciones sobre "el millonario incremento patrimonial de su hermano". En la nota, los conservadores aseguran que David Sánchez "es incapaz de justificar" los "1,7 millones de euros" que ostentaría. La juez de instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, tiene una causa abierta sobre el hermano tras una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias (el mismo que inició la causa contra Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo).

Miguel Delgado, presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero (Pladesemapesga) de Galicia lamentaba hace unos meses en declaraciones a ElPlural.com estar recibiendo amenazas por las informaciones que tanto él como su asociación persiguen y que guardan relación con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su entorno. “Recibimos día sí y día también los palos del Partido Popular, pero después de 14 o 15 años que llevamos en esto parece que el día que no es así, se echa de menos”.

El pasado 31 de julio, después del crimen, el concejal ultra dijo, entre otras cosas, que la víctima "no habría dejado de existir si su presunto asesino no hubiera entrado en España"

Según pudo saber la Guardia Civil, éstos contrataban a personas para la limpieza, en muchos casos extranjeras en situación irregular en España, a las que prometían el alta en la Seguridad Social, pero sin llegar a efectuarla.

La presencia de mujeres en la carrera judicial es mayoritaria en España, sin embargo siguen constituyendo una minoría en la cúpula, por lo que un grupo de juezas denuncia que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no haya logrado todavía un acuerdo para nombrar a su primera presidenta: "No nos quieren ver en ese grupo de poder".