El Tribunal de Cuentas ha aprobado por unanimidad imponer una sanción de 50.000 euros al PP por financiación ilegal de unos 900 euros en las cuentas del partido procedentes de personas jurídicas o de personas no identificadas durante el ejercicio 2017. Concretamente, la irregularidad es la "aceptación de donaciones o aportaciones contraviniendo lo dispuesto en el artículo 5 de la ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos".

La demanda indica que la exalcaldesa de Gijón «no ha justificado dichos gastos, ni los ha expuesto públicamente como exige la normativa de transparencia del propio ayuntamiento»

Los ayuntamientos están obligados por Ley a dejar que el Tribunal de Cuentas audite sus números. Los municipios deben enviarlas en el ejercicio siguiente al concluído. Es decir, por ejemplo, a lo largo de 2022 deben mandar las de 2021. Con todo, los que violen esta ley se enfrentan a un castigo irrisorio. Como máximo unos 900 euros de multa, que además no paga el alcalde, sino el municipio. Parece que a sus vecinos no les importó que no se rindieran cuentas a los contables públicos, pues en 2015 y 2019 revalidó la mayoría absoluta.

Da traslado de la denuncia presentada por Recupera Madrid al Departamento de Partidos Políticos para que valore si los hechos pudieran ser constitutivos o no de infracción de la ley de financiación de partidos. Según consta en un escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Vozpópuli, las diligencias se incoan a tenor de una denuncia presentada por Recupera Madrid en la que se afirma que la formación que lidera Mónica García obligó a trabajadores contratados por el partido a donarle parte de sus retribuciones mediante una cuota mensual

El Tribunal de Cuentas ha rechazado la petición de ERC para recuperar el dinero que depositó como aval ante este organismo por la presunta malversación en la organización del referéndum ilegal y unilateral de independencia (DUI) de Cataluña de octubre de 2017. La formación secesionista se quedará, por tanto, sin recuperar los 2,1 millones de euros que pagó como aval a finales del año pasado, y cuya devolución ha reclamado sin éxito, pues seguirán consignados en el tribunal.

Los dos presidentes tienen un patrimonio conjunto de casi 800.000 euros, restado el pasivo, y recibieron 55.318 y 55.318 respectivamente cuando se intercambiaron la dirección del ente público en 2018. Además, el organismo indica que superaron el límite en los gastos de manutención, alojamiento y transporte.

El Tribunal de Cuentas ha aprobado la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio de 2020 (año de la pandemia del coronavirus), aunque manifiesta incidencias que insta a corregir, así como «propone que se adopten urgentemente medidas para resolver la situación del endeudamiento estructural de la Seguridad Social». En una nota difundida esta tarde, el máximo órgano fiscalizador de las administraciones públicas cifra en 96.838 millones de euros el coste en 2020 de las medidas extraordinarias que el Gobierno se vio obligado a ado

La memoria de la Conferencia Episcopal de 2020 refleja un saldo positivo récord gracias al dinero público por la casilla de la Iglesia: 32,09 millones de remanente, un 10,7% de los 298 millones recibidos.

La gran delincuencia económica en España: INTERVIENEN: · Armando Fernández Steinko – Catedrático de Sociología de la UCM. Investigador. · Carlos Cruzado – Presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) · Carlos Castresana – Fiscal del Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas ha detectado en su fiscalización salarios en especie a directivos de entidades del sector público empresarial no financiero ajenos a sus contratos, señalando en concreto a Enaire, SEPI, Tragsa y CDTI, y otros no incluidos en las nóminas, como es en el caso de Navantia.En su fiscalización, el Tribunal de Cuentas emplaza a estas entidades a reflejar en los contratos de sus directivos las retribuciones flexibles o en especie, sus conceptos e importes, y a remitir esta información

El Tribunal de Cuentas ha desestimado el recurso de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, contra el acta de liquidación provisional de las diligencias contables de las ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía, un acta traducida en un "requerimiento de pago" que supera los 9.745.882,78 euros en el caso del sindicato y de 2.787.816,95 a Daniel Alberto Rivera exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía .

En concreto, se le atribuye haber ingresado cuatro donaciones de personas físicas cada una por el importe máximo de 50.000 euros, pero muy recibidas en la misma fecha y procedentes de la misma cuenta bancaria de titularidad conjunta de dos de los donantes. Por eso, se considera que se habría podido exceder el límite máximo de donaciones en un año. En total está 200.000 euros que bailan, el doble de lo que podían disponer a través de este tipo de pago.

Podemos tendrá que devolver el 65% de las subvenciones que cobró en 2017 para gastos de seguridad. Se trata de ayudas reguladas por ley, que el Estado abona anualmente a los partidos políticos con representación en el Congreso, para que costeen sus dispositivos de seguridad de sus cargos y sedes.

Primera gran decisión del Tribunal de Cuentas tras su renovación y primer balón de oxígeno a los independentistas acusados de malversación. La Sala ha decidido aceptar los recursos de Mas, Puigdemont,Junqueras entre otros y acepta que la Generalitat los avale para evitar embargos de sus bienes.Rectifica así la decisión de la delegada instructora que consideró inaceptable el aval al interpretar que la ley no permite dar cobertura pública al patrimonio de personas al servicio de la Administración "que hubieran obrado con dolo,culpa o negligencia"

En su recurso de reposición, el Partido Popular no solo insiste en que los pagos de altos cargos no eran donaciones finalistas sino el pago de una deuda a terceros, además arremete duramente contra el fiscal al que atribuye dudosas intenciones. Todo esto apenas dos meses después de que Mañueco asegurase que se iba a "colaborar" con la justicia en el caso de presunta financiación ilegal.

Los contratos de emergencia de los organismos públicos durante la pandemia para comprar mascarillas, geles y otros materiales sanitarios registraron deficiencias e irregularidades generalizadas, según se desprende de un informe crítico difundido este viernes por el Tribunal de Cuentas. Se trata de la "Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El Tribunal de Cuentas ha informado de que una vez finalizado el plazo para personarse en la causa donde se enjuiciará el presunto uso irregular de fondos públicos para el 1-O, las denominadas 'embajadas catalanas' y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña --conocido como Diplocat--, la Abogacía del Estado finalmente no se persona.

El Supremo avala que se obligue a un funcionario a jubilarse a los 65 años por escaso rendimiento - elEconomista.es El Tribunal Supremo ha concluido que la Administración puede rechazar la petición de un funcionario de retrasar su jubilación hasta después de los 65 años si sus jefes estiman que su rendimiento "no ha sido el idóneo o esperable

Funcionarios jugando al domino en el Tribunal de Cuentas.

En 1977, años después de su caída del poder, Richard Nixon concedió una entrevista a Robert Frost. Durante toda su vida, el presidente defendió que Watergate, el escándalo que forzó su dimisión, había sido perfectamente legal. Cuando Frost le preguntó, en un segmento de su conversación, cuál era su teoría, su razonamiento para defender su inocencia, Nixon ofreció una respuesta sucinta, clara, y horripilante: “Cuando el presidente lo hace, eso quiere decir que no es ilegal”

El Tribunal ha decidido que los padres fundadores establecieron, en su infinita sabiduría, que son los tribunales quienes deben tener la última palabra interpretando leyes. En vez de burócratas desconocidos trabajando en un sótano en alguna oficina con goteras en Washington los que deciden sobre sustancias contaminantes, estándares para aprobar medicamentos, protocolos de seguridad en reactores nucleares o los requisitos de señalización en una línea ferroviaria quienes pueden y deben analizar y aprobar todas estas cosas son los jueces.

Los magistrados subrayan que no es necesario que la víctima diga explícitamente "no" ante intentos de besarla. "Lo esencial para que no haya delito es el consentimiento", declaran.

Así lo ha asegurado en una publicación de la red social X (antes Twitter), dónde ha afirmado que el PP de Alberto Núñez Feijóo «no se conforma» con «haberle entregado» al jefe del Ejecutivo el Tribunal Constitucional (TC) sino que «ahora» quieren entregarle el Tribunal Supremo y el CGPJ.

El que fuera titular de Fomento ha registrado en el Congreso una serie de preguntas escritas al Gobierno para conocer si Interior había dispuesto algún dispositivo de seguridad ante la declaración judicial de quienes compartieron Consejo de Ministros tanto con él como con el propio Marlaska. Ábalos denuncia los "momentos de violencia" que se vivieron en la puerta del juzgado de lo Penal número 14 de Madrid donde Iglesias y Montero acudieron el pasado 27 de mayo, en el marco del juicio a Miguel Ángel Frontela, a quien se juzga por "acosar...

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Me denuncia por mis publicaciones en la red social X, cuyo contenido considera que tiene “connotaciones antisemitas” y que han sido realizadas “en un contexto de radicalización en España de carácter antisemita”. Me denuncia porque considera que estas publicaciones “pudieran provocar una incitación (directa o indirecta) en personas radicalizadas, a la consumación de actos violentos contra el denunciante u otras personas de MCI". Se me denuncia por quien soy, un periodista y activista antirracista comprometido con la causa palestina.