El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha registrado ya la querella interpuesta por Begoña Gómez contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación y revelación de secretos y ha designado ponente, por el turno de reparto, al magistrado José Manuel Suárez Robledano, que fue elegido en julio de 2012 consejero del Tribunal de Cuentas (donde llegó a presidir la Sección de Enjuiciamiento) a propuesta del PP.

La mayor incongruencia de las derechas radicales es que solo un Estado fuerte, cada vez más represivo y que coarte las libertades de las mayorías, puede proteger su restringida noción de libertad.

La eventual admisión a trámite de la querella presentada este viernes por Begoña Gómez contra el juez Juan Carlos Peinado podría ser un motivo para que el magistrado se abstenga de seguir al frente de la causa abierta contra la mujer del jefe del Ejecutivo o podría fundamentar una posible recusación contra él.

El magistrado Juan Carlos Peinado pone en marcha más diligencias para indagar sobre la relación de la esposa del presidente del Gobierno con la universidad y también con el Instituto de Empresa.

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella contra el magistrado que la investiga, Juan Carlos Peinado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público.

En Vox respetamos las opciones sexuales de cada uno, pero no pueden ser base para reclamar privilegios o para recibir favores económicos con cargo a los presupuestos de las administraciones

Sánchez se ha acogido a su derecho a limitarse a enseñar fotos de sus vacaciones y a leer sus poemas y sus cartas a la ciudadanía durante el interrogatorio del juez que, finalmente y tras 45 minutos, se ha cansado y ha abandonado La Moncloa sin lograr una declaración.

Texto completo de la querella por prevaricación presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra Juan Carlos Peinado, el juez que le ha tomado declaración como testigo este lunes y que instruye la causa por tráfico de influencias contra su mujer.

El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, ha defendido ante el juez que no hubo ninguna irregularidad respecto a la creación de la cátedra que codirige Begoña Gómez.

Barrabés, cuyo estado de salud es delicado, debía ser interrogado en la ronda de declaraciones que ha fijado el magistrado, que investiga la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias en los contratos que se le atribuyeron.

Luego del exitoso cierre de Télam, se dará comienzo a una nueva fase de recortes y cambios en todos los medios públicos, con el objetivo eliminar gastos innecesarios y modernizar el Estado. A partir del proceso de transformación que experimentan los medios públicos desde que comenzó la intervención en febrero, iniciada por el presidente Javier

El pseudomedio de Javier Negre arrancó hace tan sólo tres años. Desde sus comienzos y sin demostrar trayectoria o alcance se ha beneficiado de la publicidad institucional y de los contratos menores de los gobiernos del Partido Popular, tal y como hemos publicado en El Salto en diversas ocasiones. Publicidad institucional del Gobierno del PP y Vox en Castilla y León, del Gobierno de Aragón o los tres contratos menores por casi 50.000 euros que le concedió Alberto Núñez Feijóo justo antes de dejar la Xunta para ir a Madrid a liderar el partido.

El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado la petición de Pedro Sánchez de testificar "por escrito" en el marco de la investigación contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En una providencia fechada este viernes, el juez mantiene su decisión de desplazarse el próximo martes al Palacio de la Moncloa para interrogarle en su despacho y ya ha ordenado "la instalación de los dispositivos necesarios" para grabar la comparecencia.

La defensa de Gómez presenta un recurso de súplica para que se resuelvan antes del 30 de septiembre su petición y la de la Fiscalía y en el escrito enumera la "grave vulneración de derechos" en la que incurre el magistrado