Los consumidores tienen que aportar un Certificado de Instalación Eléctrica a la compañía distribuidora que puede costar hasta 200 euros. Sabemos que la petición de este documento obedece a razones de seguridad, sobre todo en casos de aumento de potencia, pero carece de sentido cuando hablamos de reducción ya que, como es obvio, las instalaciones están preparadas para aguantar ese menor nivel de potencia. Desde agosto de 2013, el precio fijo que el consumidor paga por contratar un suministro ha pasado de 27,84 euros/año a 45,34 euros/año.