El Parque Nacional de Doñana cumple este miércoles 50 años desde la declaración de este emblemático espacio, cuya conservación es de especial interés dada la biodiversidad que encierra. Desde WWF han recordado "las amenazas" que cercan en la actualidad a Doñana como son "el robo del agua, el robo de tierras o los nuevos proyectos de carreteras". Para la organización, "la reciente decisión del Tribunal Supremo de enterrar definitivamente el dragado del Guadalquivir y el cierre de 77 pozos ilegales permiten vislumbrar un futuro más esperanzador..

El número de pozos sellados desde el pasado domingo por los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por captación ilegal de agua en el entorno de Doñana (Huelva) ascienden a 65 de los 77 sancionados, según ha informado este sábado el Ministerio para la Transición Ecológica. Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), prosiguen así con las tareas iniciadas el 28 de julio como parte del operativo para ejecutar la sentencia.

El regadío supone el 85% del consumo total de agua. Al consumo “oficial” habría que añadirle el de los regadíos ilegales, lo que supondría un consumo adicional estimado entre un 5 y un 10 % más. De hecho, ya en 2006 el Ministerio de Medio Ambiente estimaba que existían en España alrededor de 510.000 pozos ilegales, de los que se extraían del orden de 3.600 Hm3 anuales. Los recursos hídricos disponibles se han visto mermados en los últimos 25 años del orden de un 20%, mayormente como consecuencia de la subida de las temperaturas.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado hoy un informe que reclama el cierre de los pozos ilegales y de los proyectos gasísticos en el Parque Natural de Doñana.

Sustracción de un bien público. Impunidad. Inacción de las administraciones. Se trata del robo de un recurso escaso y tan relevante para la vida como el agua: uno de los delitos contra el medio ambiente más cometidos en España. En España, el país más árido de Europa, el desgobierno en la gestión de los recursos hídricos ha sido una constante histórica. El robo del agua va más allá de la existencia de pozos ilegales. Exceder la concesión autorizada o sustraer agua en épocas de restricción son otras vías habituales para extraer este recurso.

El partido ecologista EQUO y la oenegé Greenpeace han pedido al Gobierno que identifique los pozos ilegales que existen en España y adopte las medidas necesarias para proteger los acuíferos. EQUO ha presentado una pregunta parlamentaria para conocer la "cifra exacta" de pozos ilegales que existen en España que, según datos "no oficiales del propio Ministerio de Agricultura", podría rondar el millón de perforaciones.

El principal problema de España con el agua es que no tiene. La poca que hay está mal gestionada y, además, se roba. A caño abierto. Greenpeace asegura que el número de pozos ilegales, cuya última estadística data de 2006 (entonces había 510.000), podría superar el millón. Se escurre de cualquier control el equivalente al consumo de 58 millones de habitantes. La cifra puede ser más o menos cierta. Pero nadie puede discutirla porque no hay control. Eso es lo más grave.

La mitad del agua bombeada de los acuíferos se extrae al margen de la legalidad. Mientras la Administración responsable de su control no ofrece datos públicos, no es transparente con este asunto, ni tampoco utiliza los mecanismos para atajar el problema desde la raíz.

Greenpeace ha alertado del peligro que supone para el abastecimiento en el futuro el robo de agua en pozos ilegales con motivo de la celebración este jueves del Día Mundial del Agua y anima a los ciudadanos a denunciar pozos ilegales a través de 'Filtrala'. Así, la ONG denuncia la sobrexplotación ilegal e indiscriminada del agua para regadíos y desarrollo urbanístico ha provocado la proliferación de pozos ilegales, hasta alcanzar en torno a un millón, que contribuyen a agravar la sequía. Además, lamenta también la falta de transparencia

En Alamedilla (Granada) el calendario parece no moverse desde septiembre de 2016. En este tranquilo pueblo de los Montes Orientales de la provincia granadina, cerca de Guadahortuna y limítrofe con la provincia de Jaén, no hay agua potable desde entonces. Y el agua de este final de noviembre tan solo ha puesto la miel en los labios de sus habitantes porque "no soluciona", aseguran.

Greenpeace apuesta por cerrar el más de millón de pozos ilegales repartidos por toda España, mantener los acuíferos en buen estado y regenerar las aguas residuales, como claves para asegurar el abastecimiento y el riego en situaciones de sequía severa, como la actual, en la que los embalses apenas rebasan el 37 % de su capacidad.

Greenpeace publica un informe en el que analiza el abuso sobre las reservas de agua en España y el riesgo de desertificación, que afecta al 75% del territorio nacional. España se seca, pero la culpa no la tiene sólo la falta de precipitaciones. El agua se gestiona como si no fuera a acabarse nunca -o sea, casi no se gestiona- y no hay ni política ni cultura de ahorro.

La Fiscalía de Medio Ambiente toma por fin medida contra los 800 pozos ilegales que han estado drenando durante décadas Doñana ante la inacción de la Junta de Andalucía. El parque, reserva de la biosfera declarada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, está amenazado por la falta de agua por las sequías y el drenaje por agricultores de alrededor que actuaban con total impunidad. Numerosos expertos y asociaciones ecologistas han estado denunciando ante el Gobierno de Susana Díaz y los Gobiernos de los ex presidentes Chaves y Griñán...

Más de un millar de pozos ilegales situados en zonas forestales del entorno de Doñana suponen un alto riesgo de incendio por las precarias instalaciones eléctricas usadas para bombear agua del acuífero. Ecologistas alertaron de ello en 2012 y la Junta de Andalucía lo admitió en 2014, pero no se ha clausurado cautelarmente ni un sólo pozo por esta causa.

Las Administraciones y la justicia estrechan el cerco sobre los pozos ilegales del entorno del parque tras décadas de descontrol en la agricultura de regadío

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, anunció ayer que la Confederación Hidrográfica del Guadiana va a firmar los primeros 66 expedientes para regularizar la situación de los pozos que se encuentran en el ámbito del Plan del Alto Guadiana. Ésta era una de las reivindicaciones de muchos de los agricultores de la zona y de organizaciones agrarias de la región.

WWF ha presentado el informe «El Robo del Agua en Doñana» en Huelva. El documento identifica los «casos más críticos» de la extracción ilegal de agua, señalando más de un centenar de ellos por medio de mapas y fotografías en el Parque Nacional. WWF ha pedido a las administraciones el cierre de pozos, la apertura de expedientes sancionadores, la elaboración de un Plan de Extracciones del Acuífero o la aprobación del Plan Especial de la Corona Forestal.

El Gobierno está regando con euros Las Tablas de Daimiel, el santuario natural de Ciudad Real que a punto estuvo de perder la etiqueta de Parque Nacional en 2009, cuando el humedal se transformó en un secarral y se declaró un incendio subterráneo que convirtió la tierra en un brasero. Ahora, esta política, basada en la compra de fincas del entorno del parque para prácticamente arrebatar las mangueras a los agricultores, está empezando a mostrar resultados por primera vez...

WWF presenta un informe con las principales amenazas para los espacios protegidos de Doñana, entre las que destaca de manera especial el acuciante problema de los pozos ilegales que están desecando el acuífero. Los más de 1.000 pozos ilegales han provocado el descenso alarmante del acuífero y han reducido en un 90% su aporte de agua a las marismas del Parque Nacional.

Tras este proceso, se resolverá el 95% de la situación de ilegalidad que hay en la Cuenca del Alto Guadiana y muy especialmente en el acuífero 23. Una situación que no se corresponde con el número de pozos irregulares, sino con el número de hectáreas que no tienen derechos de riego. En la actualidad, en el Acuífero 23 existen, según Calleja, alrededor de 150.000 hectáreas de regadío legales y unas 30.000 ilegales, que son las que ahora se tratan de regularizar.

En España existen más de 500.000 pozos de agua no registrados y el 44% del agua que se bombea de los acuíferos cada año se extrae al margen de la ley y se utiliza sobre todo para cultivos de regadío, campos de golf y desarrollos urbanísticos para el turismo. Así lo recoge el informe Cambio Global España 2020: el reto es actuar, elaborado por la Fundación General Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Conama.

El agua hace más de tres años que no llega a algunas zonas de las Tablas de Daimiel, teóricamente el humedal más valioso de España; en realidad es un paraje esquilmado por miles de pozos -muchos ilegales- y mantenido apenas con vida con bombeos de agua. Por eso el Consejo Científico de la Unesco tiene ya listo el informe que debatirá el 13 de junio y que recomienda retirar las Tablas de Daimiel de la lista de reservas de la biosfera.

Según Ricardo Cutanda, durante el debate de candidatos en 2019, UCIN fue el único partido que propuso una solución definitiva: el desmantelamiento de los campamentos de inmigrantes. A pesar de las promesas de los alcaldes de entonces para abordar esta problemática, hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida efectiva. La situación ha empeorado, con un aumento significativo de las chabolas, que ahora se cuentan por cientos.

José Antonio Santano sostiene que «las cosas desde el punto de legal se hicieron correctamente» y asegura que las bonificaciones de los dos últimos años permitieron ahorrar 17 millones a los ciudadanos. Según ha recalcado, en su «cabeza no está pensar» en que se declare ilegal al sostener que «las cosas desde el punto de legal se hicieron correctamente». «Otra cosa es que no compartamos la decisión política que se tomó»,

Desplegar buques de la Armada española frente a las costas de donde salen las embarcaciones de inmigrantes para impedir la llegada de esos cayucos a España. La idea del bloqueo naval no es nueva. Ya lo propuso Vox.La pregunta de qué actuación de los buques frente a los cayucos proponen qué debería hacer la Armada ha perseguido a todos hoy en el Congreso. Los socialistas denuncian la falta de humanidad del PP. "¿Lo siguiente qué es bombardearlos?", advierte el ministro de Transportes, Oscar Puente.

Cuando el inquilino de toda la vida se jubiló, dejó el piso para irse al pueblo. La propietaria decidió seguir con alquiler de larga estancia. Una inmmobiliaria le presentó el que parecía inquilino perfecto. En cuanto tuvo las llaves, dividió el piso en estancias para alquilar a turistas. La propietaria denunció, los vecinos también, con pocos resultados. Encima, el Ayuntamiento de Barcelona propone sanción de hasta 600.000 € a la propietaria por el alquiler turístico ilegal. Ruidos,chicles pegados, ascensor estropeado, llamadas a interfonos

Al llamar al número, la respuesta es "no tenemos ninguna base de datos ni nada para pasar este tipo de incidencias".

En una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre "el fin de la discriminación racial ilegal", Greene dijo que le molestaban las afirmaciones racistas contra los republicanos. "Escuchar hoy a mis colegas del otro lado del pasillo acusando a los republicanos de racismo, de odio, diciendo que discriminamos a las personas de la comunidad LGBTQ, o basándonos en la raza, ha sido espantoso hoy, y lo siento por los testigos que han tenido que oírlo", dijo Greene.

En uno de estos servicios, el pasado martes, se contó con la colaboración de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Estos agentes observaron a dos personas sospechosas descargando dos ejemplares de atún rojo de una embarcación recreativa en el puerto de Alicante, para luego depositarlos en un remolque de un vehículo.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado hoy un ambicioso plan de acción para regular el hospedaje turístico ilegal, evitar la desertización residencial del centro de la ciudad y mejorar la convivencia entre vecinos y visitantes. La puesta en marcha de este plan responde a la proliferación de Viviendas de Uso Turístico (VUT) ilegales, que en la actualidad alcanzan la cifra de 13.502, frente a las 1.008 que operan con licencia urbanística.

"Sí, allí se produjeron actividades ilegales, pero vamos", escribió el aspirante a la presidencia denunciando la draconiana sentencia de Ulbricht. RFK Jr. aludió al carácter draconiano de las dos cadenas perpetuas impuestas a Ulbricht por lo que calificó de "alojamiento de una plataforma de comercio electrónico", y compartió una petición para exigir la excarcelación del fundador de Silk Road.

El ministerio solicitará informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para motivar la apertura del expediente de extinción. La decisión final dependerá de los jueces.

El ex viceministro de Salud, Mijailo Zagriichuk, junto a otros 10 médicos, fue detenido bajo sospecha de violar la ley de trasplante de órganos humanos, según informó el portal ucraniano de noticias LB. Se les acusa de manipular la lista de espera para trasplantes, favoreciendo al Instituto del Corazón. Las autoridades han iniciado un proceso penal por la creación de una organización criminal y otros delitos relacionados.