Imponer la dación en pago con carácter retroactivo (explícito o implícito) es, en primer lugar, no sólo ilegal sino inmoral. Toda reforma retroactiva es contraria a la seguridad jurídica y, por tanto, al Estado de Derecho. Pero es que, además, cambiar las reglas de juego a mitad de partido supone una violación flagrante de los contratos hipotecarios firmados, voluntariamente, con anterioridad.