El 31 de marzo el gobierno en funciones anunció una desviación de un punto porcentual en el objetivo de déficit fiscal acordado con Bruselas para 2015. Lo que debía ser un desequilibrio de hasta el 4,2% del PIB, fue 5,2%. Aunque una revisión posterior lo redujo a 5%, la desviación respecto de la meta acordada es sustancial.

Una antigua canción infantil contaba que cuando Mambrú se fue a la guerra, dejó “dolor, dolor y pena”. Lo que no decía es qué parte de los ahorros se llevó. Ni tampoco si la familia estaba o no de acuerdo. Hoy en día, las asociaciones antimilitaristas invitan a los ciudadanos a negarse a financiar con sus impuestos el gasto militar. Nos lo cuenta Jesús Paz (Cádiz, 1963), integrante del Colectivo Mambrú, que impulsa el proyecto social recomendado este año como alternativa por objetores fiscales de toda España.

Jesús Paz es integrante del Colectivo Antimilitarista Mambrú "En el 94% de los casos, Hacienda ni siquiera se da por enterada de la objeción fiscal al gasto militar" "Sólo con el dinero que Defensa ha gastado por encima de lo presupuestado en 2015, podríamos pagar el salario mínimo de 296.000 refugiados durante un año" Una antigua canción infantil contaba que cuando Mambrú se fue a la guerra, dejó “dolor, dolor y pena”. Lo que no decía es qué parte de los ahorros se llevó. Ni tampoco si la familia estaba o no de acuerdo.

“El gasto público del Estado genera actividad económica, que se traduce finalmente en mayor consumo e inversión y, con ello, en mayor recaudación fiscal”, señala Podemos en esta memoria en la que destaca que “si utilizamos los propios multiplicadores estimados por el FMI, se puede deducir que por cada 100 euros que gasta el sector público la recaudación aumenta en 40 euros, debido al propio aumento de la actividad económica”.

La última encuesta del CIS no sólo nos ha ofrecido estimaciones de intención de voto para las elecciones del 20 de diciembre, sino que también nos ha brindado un resumen sobre sus opiniones tributarias. A primera vista, y como en breve vamos a comprobar,

Como consecuencia de la Ley de Transparencia, el gobierno puso en marcha la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Allí aparecen todas las ayudas concedidas por la Administración General del Estado y sus organismos desde el 1º de enero de 2014. Las subvenciones que otorgan las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos se incluirán desde enero de 2016.

La deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas es ahora de algo más de un billón de euros, lo que equivale casi al 100% del PIB. Desde diciembre de 2007 la deuda pública aumentó en 700.000 millones de euros. El 87% del aumento se debe al déficit fiscal. Una alta deuda pública como la que ahora tiene España es negativa para la sociedad. Por eso, lo que conviene a la gente es un gobierno que no gaste más de lo que ingrese.

Averiguar cuánto supondría "costear una Renta Activa de Inserción de 12 pagas de 420 euros durante un año a 5 millones de personas en paro (ver el artículo «Defensa gastó en 2013 más de 4 veces lo presupuestado»)" puede ser rápido de calcular "cuando se tiene más que aprendido que lo realmente ejecutado por el mago oscuro Morenés, como hiceron en mayor o menor medida sus antecesores, infla, como por arte de magia, las cifras de lo presupuestado para el «Misterio» de Defensa","esto es, lo que se nos dice que se gastará, y luego vete a saber".

¿Se puede racionalizar ese 9.17%? Sí. Fusionando ayuntamientos, evitando duplicidades en las administraciones públicas, etc. ¿Es importante hacerlo? Claro que es importante. ¿Cuánto dinero nos ahorramos? Menos de lo que algunos sueñan. Un simple ejemplo ilustra mi argumento. Las corporaciones locales en España (ayuntamientos y las tan odiadas diputaciones provinciales) gastaron en 2014 un 4.60% del PIB. Y de ese 4.60% salen los sueldos de los policías municipales, el asfaltado de las calles, la electricidad de los semáforos,...

Estudiantes, personas desempleadas, cooperativistas, “autónomos”, sin actividad económica anterior conocida... Cualquiera puede hacer Objeción Fiscal al gasto militar en la declaración de la renta (aún sin tener obligación de realizarla). Con este sencillo gesto conseguimos que nos devuelvan el dinero que, igualmente, aportamos (incluso con el IVA de compras cotidianas, por ejemplo, y con otros impuestos) para la preparación de las guerras y la militarización social.

650.602 euros. Esa es la cifra que gracias a 8 años de objeción fiscal han dejado de engrosar las arcas del gasto militar para pasar proyectos sociales. Según el informe que publica el Grupo Antimilitarista Tortuga, uno de los más activos en difusión de las campañas antimilitaristas, este año la cifra que se ha conseguido destinar a proyectos sociales es de 91.812 euros

Creo que la pregunta del millón sobre la actuación del BCE, dada la gravedad de la situación en la zona euro, es si se debe valorar por el impacto, no solo sobre el nivel de precios, si no también sobre el crecimiento económico y el empleo, más allá de lo que figura en sus propios estatutos. Las recientes medidas tomadas por Draghi, de reducir los tipos de interés a un 0,05% y destinar 400.000 millones de euros para subastas de liquidez para los bancos, suponen una respuesta afirmativa por parte del propio BCE a esta pregunta.

Esta cantidad supera en más de 2.000 millones de euros el gasto total de todas las administraciones en sanidad. La organización Oxfam Intermón ha denunciado que el dinero que se podría conseguir combatiendo el fraude fiscal podría utilizarse para la cobertura económica de la sanidad española.

Un tiempo después Marina volvía a recibir un escrito de la Agencia aceptando su objeción. Esta vez se le transmitía que "habiendo estimado las alegaciones presentadas, esta oficina le comunica que conforme a la normativa vigente no procede practicar liquidación provisional". Lo reseñable es, sin embargo, que durante los más de 30 años que lleva en marcha la campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar, el 90% de las declaraciones que han desvíado parte de los impuestos hacia un proyecto social, como rechazo al militarismo, son aceptadas sin más.

El Estado no cesa de pedirnos: IRPF, IVA, impuestos indirectos, tasas... Y en este tiempo de tremendos recortes en gasto social, de pérdida de derechos y de la mayoría de nuestras conquistas, de desmantelamiento de lo público, cuando el parco estado del bienestar que aún disfrutábamos se tambalea, observamos con vergüenza cómo, año tras año, se renuevan enormes inversiones en el más estéril de los gastos: el Gasto Militar.

Los impuestos son el instrumento técnico para sufragar el gasto público. No se trata pues de no gastar más de lo que se ingresa, sino de no exigir más impuestos de los que son necesarios para sufragar el gasto público gestionado de forma eficiente y eficaz.

El informe publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, a partir del cual se realizará el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas con el que el Ministerio de Hacienda quiere reemplazar las balanzas fiscales, revela que Madrid es la comunidad autónoma donde más gasta el Estado (11.500 millones), seguida de Catalunya (8.114 millones) y Andalucía (7.500 millones).

Siete puntos importantes sobre esa cacareada bajada de impuestos que, casualmente, llegará en año electoral.

La crisis no es responsable de los recortes en el gasto social y en las políticas sociales. Claro que no. Y los gastos sociales tampoco son responsables de la crisis. Por supuesto que no. Lo primero es fácil de argumentar: antes del estallido de esta gran recesión ya había una ideología predominante que se empeñaba en recortar los gastos y las políticas sociales. Se empeñaba por razones no justificadas en la evidencia de los datos disponibles, como veremos ahora.

La cifra supone un record desde que se comenzó a recopilar de forma sistemática la información de las objeciones. 172 proyectos se han beneficiado de las donaciones.

En el sector público no por gastar menos se ahorra más.

Advierte de que pasada la primera fase de la consolidación fiscal, el Gobierno debe centrarse más en el recorte de gasto público que en subir impuestos.

Detrás de esta pregunta hay un aspecto rara vez considerado y muy relevante: el salario de un trabajador no es lo que éste cobra, sino lo que paga la empresa que, en general, supone cerca del 35% de lo que finalmente percibe el trabajador. La diferencia "alimenta" el gasto público. El autor propone que la reducción salarial se haga sobre este 35%, lo que promovería la creación de empleo, el ahorro y el consumo.

Con el paso del tiempo, es mayor si cabe la necesidad de propiciar un viraje. Porque la degradación social, política y económica ha superado el rubicón y puede convertirse, si no lo es ya, en irreversible; por la enorme cantidad de recursos que se están dilapidando, lo que hipoteca y condiciona muy negativamente la viabilidad de otras políticas económicas con un diseño alternativo; por el profundo desánimo y escepticismo en que está inmersa la población;

La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –Grecia (en especial), Portugal, España e Irlanda– se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.

El YouTuber Phidias Panayiotou, elegido eurodiputado independiente de Chipre, ha revelado cuánto gana ahora cada mes como eurodiputado: 8.000€ al mes. Además de su salario, por cada día que va al parlamento y firma el registro, gana 350€. Otros 30.000€ al mes por los sueldos de su equipo y otros 5.000€ al mes por una oficina en Chipre. Recibe 4.000€ para una campaña de relaciones públicas por sus actividades en el Parlamento Europeo. Y 10.000 al mes por explicar a la gente qué hacen en el Europarlamento. También chófer y billetes avión business

A la cabeza en gasto por habitante en servicios sociales está el País Vasco, que roza los 1.000 euros. En concreto, dedica 961,9 euros. En el lado contrario, Murcia, con 366,8 euros. Sin considerar las comunidades con régimen foral, Extremadura se sitúa en el primer puesto con 633 euros, lo que se traduce en un 72,6% más que en Murcia.

La medida, que el Gobierno del expresidente Antonio Costa anunció que las eliminaba por "injustas" pero que finalmente prorrogó un año más, podría quedarse tras ese periodo de 'gracia'. El motivo del Ejecutivo anterior de anular la ayuda fiscal fue poner fin a ciertos efectos económicos nocivos, como la tensión en el mercado de la vivienda. Lo que no está en los planes es revertir el final de las 'golden visa', por las que el inversor extranjero conseguía el permiso de residencia a cambio de adquirir propiedades de más de 500.000€.

El gasto de los desplazamientos de los senadores con cargo al presupuesto de la Cámara Alta ha ascendido a 869.538,91 euros durante los tres primeros meses de 2024, lo que suponen 58.320 euros más que el año pasado a estas alturas y el récord en los nueve años desde que se tienen datos. Así consta en el portal de transparencia del Senado, en el apartado del régimen económico, donde se recogen estos gastos derivados del transporte de los parlamentarios desglosados por trimestres desde el año 2015.

Se conocen como vacaciones fiscales a unas medidas económicas dirigidas a atraer inversión foránea al País Vasco, en España, llevadas a cabo durante el ejercicio 1993-1994 por parte del Gobierno Vasco del lehendakari José Antonio Ardanza, por las que se premiaba a las empresas que se instalaran en esta comunidad autónoma.

EL MUNDO accede a los mensajes que envió García Ortiz a la fiscal superior de Madrid para ordenarle que difundiera datos reservados de Alberto González

España destinará a la inversión militar el 1,28 % de su producto interior bruto en 2024, lo que lo situará como el país de la OTAN que menos proporción de su PIB gastará en defensa este año, según los datos provisionales publicados este lunes por la Alianza. Cerca de las cifras españolas se sitúan Eslovenia y Luxemburgo (1,29 % del PIB en ambos casos) y Bélgica (1,30 %). El dato de España, no obstante, supone un incremento frente al 1,19 % que destinó a la defensa el año pasado, según la estimación de la organización transatlántica.

España ha convencido a Bruselas de que no le abra procedimiento de déficit excesivo, es decir, se libra del reproche fiscal que sí se llevarán otros países por no situar sus números rojos este año por debajo del 3% del PIB, según confirman varias fuentes comunitarias a EL PAÍS. La previsión del Gobierno y de la propia Comisión Europea es que España se quede justo en ese límite este año y que en 2025 se reduzca todavía más. La Comisión sí que abrirá expediente a Francia, Italia y otros cinco países de la Unión

España cae cuatro puestos en el índice de Competitividad Mundial de IMD, y se sitúa como la 40 de las 67 economías analizadas, la peor posición registrada en los últimos diez años. Detrás de esta pérdida de posiciones se encuentra la peor percepción sobre la eficiencia del gobierno y la eficiencia empresarial. En concreto, el análisis desvela un retroceso en la competitividad de nuestras finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, legislación empresarial y marco societario. A ello, se añaden las dudas que entre los expertos de IMD

Según el documento, publicado por El Confidencial y comprobado por la ACN, Garriga cargó gastos como la cuota de la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) de la escuela de sus hijos, servicios de peluquería y tickets de restauración. La Mesa de la Diputación Permanente pidió el pasado 28 de mayo al líder del grupo de ultraderecha aclaraciones por esta cuestión y es uno de los temas que tendrá que abordar el nuevo presidente de la cámara catalana, Josep Rull.