El fondo de capital riesgo estadounidense KKR ha forjado desde 2020 a golpe de talonario un pequeño gigante educativo en España. La mayor parte de los ingresos procedió de la pata de formación no reglada en cursos profesionales y oposiciones, a través de Master D. También compraron las empresas de fp privada Medac, ITEP, Formacciona e Implika. Uno de sus proyectos es la universidad privada UTAMED, recientemente autorizada por la Junta de Andalucía, pese a que hasta tres informes lo desaconsejaron.

Cientos de miles de estudiantes de Formación Profesional (FP) tienen sus convenios de prácticas de trabajo en el aire. A partir del 1 de enero, cualquier estudiante en prácticas debe estar dado de alta a la Seguridad Social para empezar a cotizar, según la nueva normativa. Son considerados profesionales y los días cotizados durante el trabajo se incorporan a la vida laboral del alumno con efectos de su jubilación. La cuestión es quién hace la gestión.

Los institutos denuncian que cada vez es más difícil que los hospitales de gestión privada acepten a sus estudiantes, que muchos piden una compensación económica a cambio y que las plazas quedan reservadas para los que pagan (ver en modo lectura)

(...)El Departamento de Educación ha señalado que la falta de estos profesores “es un problema endémico y común a todas las comunidades en determinadas especialidades vinculadas a ramas ‘steam’ y tecnología e ingenierías”.(...)Son 153 las vacantes ofertadas y entre las asignaturas con más plazas están Sistemas y aplicaciones informáticas (27) e Informática (18), en FP, y Matemáticas (18) y Lengua (15) en Secundaria.

En los últimos 10 cursos, el grado medio de FP, que puede empezar a estudiarse al acabar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), ha ganado 87.308 alumnos, hasta alcanzar en el 2022-23 los 437.558. En el mismo periodo, el Bachillerato, que también puede empezar a estudiarse una vez concluida la ESO, ha perdido 9.137 estudiantes. Es cierto que el Bachillerato sigue siendo la opción mayoritaria entre los alumnos ―el curso pasado se matricularon en él 687.511 jóvenes―, pero la diferencia entre ambas se ha estrechado claramente.

El proceso de adjudicación de plazas docentes para centros públicos tuvo, entre los errores registrados, uno «especialmente grave», según admite la Conselleria de Educación en un informe que atribuye a la Dgtic (dirección general de Tecnologías de la información y comunicación), aunque no figura ni sello ni firma digital del funcionario que lo redacta y suscribe, y que entregó el jueves en la rueda de prensa convocada por el conseller José Antonio Rovira.

Mi exclusión del sistema público, cortesía de Ayuso, vino con unos cuantos problemas de la mano. Después de todo, el sector privado no deja de ser un negocio, y uno además en el que el objetivo es sacar la mayor cantidad de beneficio, no ofrecer la mejor educación.

Ante una financiación pública insuficiente y muy dispar en función de cada comunidad autónoma, el sector privado se hace fuerte en un ámbito formativo en pleno ascenso, alimentado por la necesidad del alumnado y sus familias de conquistar un hueco en un mercado laboral hostil a la juventud. La comunidades que más sufren este desajuste de la oferta pública son la Comunidad de Madrid, seguida a distancia por Cataluña y Andalucía. La "garantía de un contrato posterior” de los centros privados abre un nuevo eje de desigualdad ante la incertidumbre.

La oferta en centros privados ha crecido en torno a un 30% más que la de los de titularidad pública. En CC OO exigen un aumento de la oferta pública para garantizar la igualdad de oportunidades.

Y de repente, sin apenas tiempo para reaccionar, la Xunta anunció que esas clases dejaban de ser presenciales. Está sucediendo en más centros de FP y, por el momento, solo en Galicia. Profesorado y sindicatos entienden que lo que se esconde detrás de los cambios es una puerta a la FP privada, que ofrece esas mismas especialidades, autorizada por el Gobierno autonómico, y siempre de manera presencial