Borges se había comprometido a comprar los pistachos a un precio cerrado, beneficioso para ambas partes. Sin embargo, el año pasado vendió toda su sección agrícola. Tras la transacción, la compañía se ha desentendido de los payeses, a quienes antaño asesoraba, y les ha comprado el producto a “un precio irrisorio”, a la vez que cobraba el procesamiento del fruto seco “muy por encima de las cuotas del mercado”. Presuntamente, el mal trato del grupo a los payeses buscaba que éstos rompieran su contrato y así no tener que pagar una indemnización.

Tenía tres días para abandonar el asilo a menos que realizara un pago de US$110.000. Se sorprendió debido a que firmó un contrato vitalicio para poder vivir en el hogar de ancianos. En su momento, realizó un pago de US$250.000 y, además, pagó un alquiler mensual de US$5.000. No obstante sus ahorros se agotaron, y la compañía que gestionaba el hogar se declaró en quiebra y vendió sus instalaciones a otra. Esta ahora le está exigiendo el pago si quiere permanecer en el lugar, a pesar de afirmar que respetarían los contratos anteriores.

Elbit Systems, la principal proveedora israelí del Ministerio que dirige Margarita Robles, se jacta en un documento de haber incrementado notoriamente sus ingresos gracias a la masacre. Sus negocios en España también aumentan.

El anuncio ha sido criticado por el Partido Popular, alegando que puede causar un “efecto llamada”, pero ya se aplica desde hace años en otros países como Marruecos, Honduras, Ecuador o Uruguay. También se ha impulsado en los gobiernos del PP, especialmente en el caso de las temporeras marroquíes que vienen a España para la temporada de la fresa

La Guardia Civil incopora al caso el testimonio de la funcionaria que actuaba de "mano derecha" de Ana Millán en la época de los contratos adjudicados a Francisco Roselló, el empresario que pagó a la ex alcaldesa de Arroyomolinos, su hermana y su pareja más de 200.000 euros tras recibir 600.000 en contratos del municipio

Más de 200 empleados de DeepMind, el laboratorio de investigación y desarrollo de Google, han levantado la voz contra la utilización de la tecnología de inteligencia artificial (IA) en aplicaciones militares. En una carta fechada el 16 de mayo, los trabajadores han solicitado a la compañía que termine sus contratos con organizaciones militares, alegando que la tecnología desarrollada por Google está siendo empleada en actividades bélicas, lo cual va en contra de los principios éticos de IA que Google estableció al adquirir DeepMind en 2014.

Sumar, en una iniciativa impulsada por Izquierda Unida, ha presentado este jueves un escrito dirigido a la Mesa del Congreso para que el Ministerio de Defensa dirigido por Margarita Robles responda a una serie de preguntas sobre los contratos que el Gobierno español sigue firmando con empresas armamentísticas de Israel.

Según denuncia Compromís, el concejal de Empleo, Juanma Badenas, pidió presupuestos a tres consultoras de Madrid dirigidas por economistas ultraliberales, que suscribieron una carta contra las políticas del gobierno de España

El PSdeG ha registrado en el Parlamento una solicitud formal para obtener la documentación relativa a los contratos "menores, ordinarios y urgentes" adjudicados por el Gobierno gallego a las empresas Eulen y Universal Support entre los años 2018 y 2024.

Sigue dando que hablar el chorreo de contratos adjudicados por la Xunta de Galicia a Eulen, la empresa en la que trabaja Micaela Núñez Feijóo, la hermana de Alberto Núñez Feijóo. Y uno de los aspectos del caso que más llaman la atención es que, de una manera o de otra, los contratos públicos terminan en manos de la empresa del líder del PP a pesar de que no es la oferta económicamente más conveniente para las arcas de los contribuyentes gallegos.

La asociación ultracatólica Hazte Oír amplió a principio de agosto su querella contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno para que se investiguen estos contratos.

Rueda ha adjudicado en apenas dos años más de 17,3 millones de euros a la empresa de la que ejerce como directiva la hermana pequeña del presidente del principal partido de la oposición. La desorbitada cantidad se ha canalizado a través de 175 contratos suscritos entre mayo de 2022 y junio de 2024 y se suman a los más de 37 millones que la empresa recibió durante los años en los que Feijóo capitaneó la Xunta.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pondrá en marcha a partir de septiembre una serie de medidas destinadas a investigar a fondo dos casos que han generado una gran controversia: los contratos adjudicados por la Xunta de Galicia a empresas vinculadas a la hermana de Alberto Núñez Feijóo y los pagos recibidos por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por parte de Quirón Salud.

En Ceuta el Órgano de Contratación de la Ciudad ha publicado en el Portal de Contratación Pública la licitación para el Servicio de Atención Psicológica para mujeres menores adolescentes y menores expuestos a la violencia de género. La misión fundamental que se pretende desde este contrato es el desarrollo de acciones dirigidas a procurar una atención integral.

Según pudo saber la Guardia Civil, éstos contrataban a personas para la limpieza, en muchos casos extranjeras en situación irregular en España, a las que prometían el alta en la Seguridad Social, pero sin llegar a efectuarla.

Eloína Núñez, exconcejala del PP en Ourense y médica de profesión con plaza de técnica superior de salud en el Servizo Galego de Saúde (Sergas), ascendió a la gerencia de los hospitales de Ourense pocas semanas después de que su primo alcanzara la presidencia de la Xunta, en mayo de 2009.

El organismo fiscalizador señala en un informe que "se pone de manifiesto una defectuosa planificación de la gestión contractual por parte del órgano de contratación" en el 33% de los contratos.

Los juristas creen que caben dos posibilidades: que la cosa concluya con una sanción administrativa, o que las irregularidades detectadas acaben por ser calificadas como delitos de falsedad en documento y prevaricación

Educación ha trasladado a Fiscalía el caso de la Escuela de Arte de Alcalá, desvelado por elDiario.es. La obra costó 1,2 millones, se encargó a dedo y se simularon contratos menores, el mismo sistema que el caso de Ciudad Escolar.