El Consejo de Ministros ha remitido al Congreso de los Diputados, donde deberá reunir los apoyos necesarios para ser aprobado, el veto a los despidos automáticos ante incapacidad sobrevenida. La principal novedad que el Ejecutivo ha introducido en la misma durante la audiencia pública es que los trabajadores afectados por una incapacidad sobrevenida y que quieran seguir trabajando podrán cobrar una prestación pública durante los tres meses que tienen por ley sus empresas para adaptarles el puesto de trabajo.

El Gobierno ha aprobado la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Lo ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha explicado que el cambio del artículo 49.1.e elimina como causa automática de despido el reconocimiento de la incapacidad permanente en cualquiera de sus grados del empleado. Es decir, a partir de ahora, estará en manos del trabajador decidir si desea extinguir la relación laboral. Antes, esta decisión era de la empresa.

En una resolución que retrata una realidad hiriente, más frecuente de lo que se cree, el Juzgado de lo Social número 4 de Pamplona ha estimado la demanda continuada por dos vecinos de Navarra y que había iniciado un familiar del que eran herederos, el cual falleció por suicidio en septiembre de 2022, y que debía haber sido reconocido en su día por la Seguridad Social con una incapacidad permanente absoluta debido a su maltrecho estado de salud, con graves patologías diagnosticadas y serios problemas de salud mental.

Un juzgado de lo Social de Oviedo reconocía en diciembre de 2022 la situación de gran invalidez de un vendedor de cupones de la ONCE, basándose en su condición de ceguera total y otros trastornos psicológicos. Sin embargo, medio año después, en julio de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) revocaba la sentencia inicial y le retiraba esa condición de gran invalidez, habiendo sido esta decisión además ratificada recientemente por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Ana tiene 56 años y trabajó más de 35 como agente en el aeropuerto de Gran Canaria. La última década, en el servicio de reclamaciones de equipajes perdidos. Se le ha diagnosticado el síndrome del trabajador quemado (burn out), un estado de agotamiento por estrés laboral crónico que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como enfermedad profesional en 2022.

Una técnica de Educación Infantil, que presta servicios para el Ayuntamiento de Oviedo y que sufre un trastorno de personalidad, tendrá que esperar por su incapacidad permanente hasta ver los efectos psíquicos que le provoque su nueva medicación. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) entiende que la docente, quien padece un cuadro de trastorno depresivo moderado, de personalidad y alteraciones de la conducta alimentaria, «no refleja limitaciones relevantes» después de la exploración llevada a cabo.

El Estatuto de los Trabajadores determina que la incapacidad permanente total o absoluta del trabajador es motivo de extinción del contrato. El proceso iniciado por José Angorrilla, tras perder su trabajo después de un accidente laboral, provoca que el Tribunal de Justicia de la UE fuerce a España a cambiar su legislación: España vulnera la directiva europea sobre la igualdad de trato en el empleo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Hace dos años una administrativa acudió a la Seguridad Social para que se le reconociera la incapacidad laboral permanente. Los problemas de columna que arrastraba desde muy pequeña se habían convertido en un impedimento para hacer vida normal, hasta tal punto que necesitaba un bastón para caminar con un 44% de discapacidad reconocida. La administración pública rechazó su petición, primero con una negativa y luego a fuerza de no contestar a las reclamaciones y ahora un juzgado le ha dado la razón: allí donde la Seguridad Social entendió que sus

El afectado presentó una reclamación con su abultado cuadro clínico residual, que fue desestimada por la Seguridad Social pese a que, entre otras dolencias, tiene linfocitopenia CD4, leucopenia y trombopenia secundarias, síntomas de síndrome de fatiga crónica, astenia crónica, esteatorrea, malabsorción por enfermedad celíaca, hiperlaxitud ligamentaria, reinervación crónica en miotoas L5, «fracaso quirúrgico» tras intervención por listesis, hipotiroidismo subclínico, aftosis bucal recurrente y artromialgias de predominio lumbar.

El artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social plasma que el derecho al subsidio por incapacidad temporal podrá ser denegado, anulado o suspendido cuando el beneficiario trabaje por cuenta propia o ajena. Según Blanca Mercado, directora del área de laboral de Ceca Magán, la normativa responde a casos en los que exista mala fe por parte del trabajador, ya que la empresa paga su prestación por la baja y la parte de Seguridad Social que corresponde.

La mano derecha de José Luis Ábalos simultaneó su primer salario como escolta y chófer del PSOE y su sueldo de asesor en el Ministerio con una pensión por incapacidad permanente total. El hermano de Koldo, Joseba García Izaguirre, también se encontraba en la misma situación de incapacidad cuando en 2019 incorporó al ente público Ineco y, en 2022, pasó a la plantilla de Emfesa, otro organismo del Ministerio en el que sigue trabajando, ya con Óscar Puente al frente. Al menos otro familiar del clan García Izaguirre disfruta de la misma prestación.

La edad de los candidatos instala la pregunta entre los votantes de si el ganador estará capacitado incluso de acá a cinco años cuando termine el mandato (2025-2029). Un segundo interrogante es que pasaría si el próximo presidente muestra evidentes signos de imposibilidad de ejercer la función. "Estados Unidos se encuentra en una posición muy inusual en cuanto a la edad de sus políticos. La mayoría de los votantes de ambos partidos piensa que tanto Trump como Biden son demasiado mayores y, sin embargo, son las únicas opciones que tienen"

Los magistrados exponen que sus problemas le impiden llevar a cabo su profesión de administrativo «con concentración y responsabilidad».

La vicrepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes que el Gobierno emprenderá en los "próximos días" una reforma legislativa para que la invalidez permanente no sea motivo para el despido automático de un trabajador. "Las personas que sufren una invalidez permanente de distintos grados, algunas de ellas llevan asociadas la extinción del contrato de trabajo. Pues bien, vamos a emprender una modificación legislativa para que las personas con invalidez permanente y que están afectas a...

Nicolás Bugeda, nuevo gerente del Consorci de Museus nombrado con los votos de PP y Vox el pasado 28 de diciembre, tenía reconocida una incapacidad permanente por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social apenas seis meses antes de su elección.El pasado 3 de julio, Bugeda obtuvo el reconocimiento de la incapacidad permanente en grado total. En la resolución,se indicaba que no se preveía que la situación de incapacidad fuera a ser objeto de revisión por una mejoría que permitiera su reincorporación al puesto de trabajo antes de 2 años