La existencia del ministerio gubernamental para controlar a la autoridad judicial anula su independencia y en especial impide el equilibrio y control por parte de los jueces del poder ejecutivo y legislativo. Y que el gobierno en pleno pueda acomodar alegremente sus posaderas en la primera fila del templo de la representación del pueblo soberano (así se dice en la falsaria jerga del Estado de partidos), es la evidencia más clara de la ausencia total de la separación de poderes que exigiera Montesquieu.
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