Desde 2014 el gobierno gallego del Partido Popular ha transferido 94 millones de euros a esta empresa pública, que acumula dos millones de metros cuadrados de suelo industrial plagados de numerosas irregularidades a lo largo de la comunidad autónoma, y una deuda de casi 200 millones (194 millones, según reflejan los presupuestos de la Xunta para 2016), una deuda a largo plazo que llegó a ser mayor, registrando el pasado año unas obligaciones de 239 millones hasta el 2021.
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